Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 1994/05/16 00:00

QUE TAN JUSTO ES

Mucha confusión y bastante politiquería giran en torno del debate sobre los autoavalúos en Bogotá.

QUE TAN JUSTO ES

POCAS VECES UN IMPUESto había generado tanta resistencia entre los bogotanos como el predial unificado por el sistema de autoavalúo catastral que entró en vigor este año. La medida, impulsada por el alcalde Jaime Castro y que se echó a andar gracias al Estatuto Orgánico de Bogotá, ha puesto a opinar a todo el mundo y ha movilizado a decenas de ciudadanos. El jueves pasado, por ejemplo, la Plaza de Bolívar albergó más de 35.000 manifestantes inconformes en una concentración que ya quisiera cualquier candidato a la Alcaldía de la capital. Y al día siguiente Ernesto Samper y Andrés Pastrana se trenzaron en su primer debate a través de un medio de comunicación, en el programa 'Radiosucesos de la Mañana',de RCN.
Esto deja muy en claro que la discusión en torno del autoavalúo tiene un tinte más político que jurídico. Desde el punto de vista legal, no son muchos los reparos que se le formulan. La idea del autoavalúo tomó fuerza hace cuatro años, cuando el Departamento de Catastro Distrital formaba todos los predios de la ciudad para actualizar su avalúo. Pero la tarea marchaba con lentitud, pues los funcionarios de esa dependencia sólo estaban en capacidad de cumplirla con unos 120.000 predios al año, es decir, con algo menos del 10 por ciento del total de los inmuebles de Bogotá. Así las cosas, y ante la posibilidad de que la formación de toda la ciudad tomara más de una década, el gobierno presentó al Congreso un proyecto que contemplaba la opción de que fueran los propios contribuyentes quienes avaluaran sus predios. El Congreso respaldó la iniciativa y la convirtió en la ley 44 de 1990.
La nueva reglamentación tenía ya buenos antecedentes en urbes tan caóticas como Bogotá. Es así como el sistema del autoavalúo regía sin mayores traumatismos en Ciudad de México, una metrópoli con más de 20 millones de habitantes.
Pero hubo otras razones a nivel local por las cuales el Ejecutivo y el Legislativo impulsaron la ley 44, y es que entendieron que los bogotanos, en comparación con quienes viven en Medellín y Cali -donde hay mejores servicios públicos-, han tenido una carga tributaria inferior.
Por otra parte, el hecho de que el déficit financiero del Distrito pasara de 63.000 millones de pesos en 1993 a 250.000 millones en 1994 indicaba que una de las soluciones urgentes era optimizar el sistema de recaudo de impuestos. Al fin y al cabo, mientras en 1961 el impuesto predial representaba el 50 por ciento de los ingresos tributarios, y en 1981 el 35, el año pasado sólo alcanzó el 25 por ciento.
A estas alturas, faltaba la norma que pusiera en vigencia el sistema. Y esa fue el decreto -ley 1421 de 1993, reglamentado cinco meses después por el acuerdo 39 del Concejo Municipal de Bogotá. Según estas disposiciones, ahora los contribuyentes deben señalar el valor de sus predios sin ponerlo por debajo del avalúo catastral y sin que sea inferior al 50 por ciento del avalúo comercial. Y para que no aumente en forma desmedida el impuesto, se prevé que en ningún caso éste llegue a ser de más del doble al pagado el año anterior.
De estas obligaciones quedaron exentos los predios de estratos 1 y 2 con avalúo catastral inferior a tres millones de pesos.

SE REVUELVE EL AVISPERO
Hasta aquí todo parecía claro. Sin embargo, las críticas contra la medida empezaron a surgir de dos frentes. Inicialmente se escucharon voces como la del concejal Carlos Ronderos, para quien el sistema de autoavalúo no aumenta las arcas del Distrito, sino las de la Nación por el impuesto de ganancia ocasional sobre los predios no formados. Luego Andrés Pastrana pidió la suspensión de la norma y solicitó que el cobro sea sólo para los lotes de engorde. Más tarde Ernesto Samper -paradójicamente uno de los impulsores y firmantes de la ley 44 como ministro de Desarrollo-, envió una carta al alcalde Jaime Castro en la que le expuso varias objeciones. Entre ellas, dijo que si en una urbanización de 300 viviendas iguales cada propietario hace su avalúo por sumas distintas, se presentaría un verdadero caos. Y otros se preguntaban si ho resulta injusto el caso de un apartamento formado y valorado en el 90 por ciento de su avalúo comercial, con respecto al inmueble vecino no formado y que debe ser avaluado por su propietario. Todas las observaciones de estas personas fueron diferentes, pero coincidieron en un punto: la aparente dificultad para diligenciar el formulario.
En cuanto a las posibles injusticias que pueden derivarse de la implantación del nuevo mecanismo, varios expertos están de acuerdo en que son muy difíciles de evitar. El mismo secretario de hacienda de Bogotá, Julio Roberto Piza, afirma que "es cierto que en cualquier sistema de recaudo masivo se presentan fallas Pero también lo es que resulta imposible prevenir por completo las faltas de equidad. Algunos creen que al acercar el avalúo de los inmuebles a su valor comercial,el sistema se desfasa en favor de unos propietarios. No es así. La idea de que el autoavalúo no sea inferior a la mitad del valor comercial del bien hace que la brecha se cierre entre el 50 y el ciento por ciento del avalúo real de los predios".
Piza rechaza también las críticas sobre las dificultades para llenar el formulario. Asegura que todos los propietarios de un inmueble en Bogotá han ido por lo menos en una ocasión a una notaría para tramitar una escritura, lo cual hace pensar que se trata de personas capacitadas para cumplir medianamente bien la obligación de diligenciar ese documento.
Sea como fuere, son muy pocos los reparos verdaderamente serios que le caben al sistema del autoavalúo. Uno de ellos es el que hace la abogada Lucy Cruz de Quiñones, ex presidenta del Instituto Colombiano de Derecho Tributario y ex decana de la Facultad de Derecho de la Universidad del Rosario, para quien "aunque el sistema es un buen instrumento de recaudo, ha tenido un problema de divulgación y otro respecto del criterio de certeza juridica que debe haber sobre la base gravable. En efecto, no queda clara la base cierta que el contribuyente debe tomar para declarar. Exceptuando aquellos que realizaron transacciones en 1993 y 1994, el resto de los contribuyentes no posee una dimensión precisa sobre el valor comercial de su propiedad. Para evitar esto, las autoridades debieron prever algunas tablas estimativas u otros mecanismos de orientación al contribuyente. Además, al tomar como base gravable el valor comercial se incrementan también las tarifas para los contribuyentes en una proporción superior al costo de la inflación. Por otra parte, no existen mayores incentivos tributarios para declarar".
Aunque la presión de algunos dirigentes políticos termine por modificar o tumbar el sistema a partir del año entrante -este año sólo se ampliaron los plazos hasta el primero de julio y el 31 de agosto-, lo único cierto de este embrollo es que los bogotanos son buenos para exigir una administración eficaz que construya obras públicas y mejore los servicios existentes, pero malos a la hora de meterse la mano al dril para pagar los impuestos que financien lo que piden.
Y si siguen a este paso, a la capital podría ocurrirle lo que algún viejo estadista decía de su ciudad, cuyo presupuesto era exiguo: "Aquí siempre nos sobra un déficit". -

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