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| 9/1/2010 12:00:00 AM

¿Qué tienen que explicar tres generales en el caso del magistrado Urán?

Tres generales en retiro fueron llamados a indagatoria por el asesinato del magistrado Carlos Horacio Urán en la retoma al Palacio de Justicia. Fiscal General relevó de la investigación a la fiscal delegada ante la Corte Suprema.

Los generales en retiro Jesús Armando Arias Cabrales, Rafael Hernández López y Carlos Augusto Fracica fueron llamados a indagatoria por el asesinato del magistrado Carlos Horacio Urán en la retoma al Palacio de Justicia.

La fiscal cuarta delegada ante la Corte Suprema de Justicia Ángela María Buitrago, llamó a indagatoria a los generales (r) Jesús Armando Arias Cabrales, ex comandante de la Décimo Tercera Brigada; Rafael Hernández López, ex comandante de la Escuela de Artillería; y a Carlos Augusto Fracica, quienes participaron en la retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985.
 
Sin embargo, se conoció la tarde del miércoles, el Fiscal General, Guillermo Mendoza Diago, relevó de la investigación a la fiscal delegada ante la Corte Suprema, Ángela María Buitrago y nombró a Fabio Bernal, fiscal séptimo delegado ante el Alto Tribunal. 
 
Según la investigación, a cargo ahora del fiscal Bernal, los oficiales llamados a indagatoria estarían involucrados en la muerte del magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán, quien, tal como se muestra en un video, salió con vida en los operativos de recuperación del Palacio de Justicia, el 7 de noviembre de 1985, luego de que la guerrilla del M-19 se tomara el edificio.
 
El cadáver del magistrado auxiliar fue hallado en la morgue de Bogotá, junto a otros cuerpos de otras personas que murieron en la retoma.
 
Posteriormente, en el informe presentado por la Comisión de la Verdad en noviembre de 2006, quedó establecido que el magistrado auxiliar murió de un tiro de gracia de un arma calibre 9 milímetros y que el cadáver fue lavado antes de ser hallado en Medicina Legal.
 
Un año después, se reveló que la billetera y otros elementos personales de Urán aparecieron en una bóveda secreta del Cantón Norte del Ejército, en Bogotá; la billetera estaba perforada por un disparo y, según la versión que en ese momento le dieron a la Fiscalía familiares, el magistrado auxiliar solía llevarla en su saco, por lo que familiares presumen una ejecución extrajudicial.
 
El pasado 12 de enero, el despacho de la fiscal Buitrago revivió el expediente al declarar como delito de lesa humanidad el asesinato del magistrado auxiliar del Consejo de Estado.

En virtud de esa decisión, ordenó exhumar el cuerpo de Urán para examinar sus restos óseos, análisis del que se concluyó que no murió durante los enfrentamientos del M-19 y la Fuerza Pública, sino que fue ultimado con un disparo a quemarropa en su cabeza.

El examen forense muestra además que alguien ahumó el cuerpo del doctor Urán para alterar las verdaderas circunstancias de su muerte y que intentaron quemarlo.

La Fiscalía descubrió las heridas por las que cojeaba y mantenía inmóvil su brazo derecho, a consecuencia  de esquirlas en su  hombro y su pierna izquierdos, que fracturaron su fémur, su clavícula y una de las falanges de su mano.

El examen incluyó el desentrañamiento de este análisis balístico fechado el 8 de noviembre de 1985, es decir, dos días después de finalizada la toma del Palacio de Justicia.

Al protocolo de levantamiento del cadáver, que inicialmente se procesó como N.N., se le asignó posteriormente el nombre de Carlos Horacio Urán Rojas.

Según la Fiscalía, pruebas como la necropsia, el levantamiento y los exámenes de balística practicados a los restos de Carlos Horacio Urán Rojas, las comunicaciones radiales del operativo tendiente a la recuperación del Palacio de Justicia “conducen a establecer las circunstancias en que se obtuvo el control del edificio, la evacuación de rehenes” y, por esta razón, se ordenó vincular a los generales (r) formalmente al expediente Urán, por el delito de homicidio agravado.

El caso del magistrado Urán es una pieza clave para intentar descifrar lo que ocurrió durante la recuperación del Palacio de Justicia por parte del Ejército colombiano.

¿Por qué las autoridades sostuvieron durante más de dos décadas la versión de que no hubo sobrevivientes?, ¿Por qué algunos empleados de la cafetería y funcionarios como el magistrado Urán aparecieron muertos bajo los escombros, pese a que el video muestra que fueron sacados con vida del lugar?, ¿hubo alguna orden para asesinar a los testigos del Holocausto? Dé ser así ¿qué se le pretendía ocultar al país? Estas son algunas de las preguntas que, 25 años después, la Fiscalía aún intenta resolver.
 
Pero los interrogantes no solo tienen que ver con las víctimas. También involucran a las personas que tomaron determinaciones respecto a la estrategia para la recuperación del Palacio. Es el caso del coronel (r.) Alfonso Plazas Vega que fue condenado a 30 años de prisión por la desaparición de once personas durante el operativo de retoma del Palacio de Justicia.
 


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