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| 9/3/2011 12:00:00 AM

¿Qué va a pasar con la oficina más importante de Colombia?

De la suerte del despacho encargado de autorizar licencias ambientales a los grandes proyectos mineros, petroleros o de infraestructura depende en buena medida el futuro del país.

La batalla final entre la dinámica del desarrollo económico y la conservación de los recursos naturales se libra en unas pequeñas y mal dotadas oficinas del Ministerio de Ambiente y Vivienda que están, por estos días, en el centro del huracán. Cuando esa cartera se divida en dos, la actual Oficina de Licencias del Ministerio se convertirá en un organismo autónomo, encargado de dar o negar el visto bueno ambiental a todos los grandes proyectos que pretenden llevar al país a la prosperidad. Una decisión tan polémica como trascendental.

Los colombianos pronto se familiarizarán con una nueva sigla: Anla. Por lo sensible del tema de las licencias y los poderosos intereses en torno a ellas, el cambio, que solo se hará público esta semana, se ha fraguado en medio del mayor sigilo. La nueva entidad será una unidad administrativa (sin personería jurídica) vinculada al nuevo Ministerio de Ambiente, pero independiente, como hoy es Parques Naturales, que llevará el no muy ambiental nombre de Agencia Nacional de Licencias, Permisos y Autorizaciones. Aun antes de que el gobierno socialice la idea, ya ha despertado críticas de empresarios que creen que no va a ser suficiente frente a las demandas de las locomotoras y de ambientalistas que consideran que se está bajando el perfil de la protección de los recursos no renovables al entregar decisiones estratégicas a un organismo de nivel mucho más bajo que un ministerio.

El debate es más que oportuno. Más allá de si el otorgamiento de licencias queda en manos del Ministerio de Ambiente o de una unidad separada, el caso es que la oficina actual no da abasto. Basta ver el espacio físico en el que se toman decisiones que implican cientos o miles de millones de dólares: 18 funcionarios de planta y 180 contratistas se ven obligados a trabajar hasta en las salas de espera y muchos de ellos deben turnarse en los computadores. Esto se ha traducido en un 'trancón' que tiene con los pelos de punta a los empresarios. "El sector hidrocarburos está en crisis por la demora de las licencias -sentencia Alejandro Martínez, director de la Asociación Colombiana de Petróleos, quien asegura que trámites que antes se tardaban seis meses hoy se toman un año­­­-. Tenemos 98 proyectos pendientes con 6.800 millones de dólares de inversión parados porque (a esa oficina) le faltan cincuenta computadores".

El problema apenas empieza. Con un modelo de desarrollo económico que le apuesta a la explotación en gran escala de los recursos naturales, es prioritario un sistema eficaz de estudio y decisión sobre las licencias que, además, tenga la fuerza y la legitimidad suficientes para plantarse ante los poderosos intereses del sector, si es el caso. Este año, las solicitudes casi se han duplicado. La meta del gobierno de aumentar un 50 por ciento la producción petrolera de carbón y de oro -con lo que planea financiar las grandes reformas del Estado- se estrellaría con el cuello de botella de las licencias si las cosas siguen como van.

Pero la necesidad de un mecanismo ágil para decidir sobre las licencias es solo una cara del problema. En últimas, esta oficina es responsable de que capitales y proyectos de talla mayor no arrasen con la riqueza natural del país. "Aunque muchas empresas las vean como un dolor de cabeza, las licencias son el instrumento de planificación ambiental más importante que tiene el Estado", dice Ignacio Muñoz, director de la CAR de la Amazonia. Una licencia no es poner un sello. Los ambientalistas insisten en que el tema no es de tiempo sino de calidad. "La licencia necesita análisis, evaluación, estudios y aclaraciones que permitan que los proyectos tengan en el país el menor impacto posible", afirma Ernesto Guhl, exviceministro de Ambiente y director del Instituto Quinaxi.

La nueva estructura de licencias implica dos reformas de fondo. En primer lugar, la nueva agencia va a ser autosostenible, con más presupuesto y personal que la oficina de hoy. Habrá un aumento significativo en el costo de las licencias, con lo cual las empresas que las pagan financiarán en parte la maquinaria necesaria para estudiar si sus locomotoras pueden o no rodar. "Esta es una reforma ejemplarizante porque plantea un nuevo modelo del servicio público", afirma Luz Helena Sarmiento, directora de la actual oficina de licencias. El presupuesto de la nueva entidad será de 25.000 millones de pesos, frente a los 14.000 actuales, y el número de funcionarios de planta se multiplicará por tres, además de los contratistas.

En segundo lugar, las decisiones más sensibles no estarán en manos del director de la unidad, como sucede ahora. "La totalidad de las licencias de cierta complejidad serán estudiadas por un comité consultivo", sostiene Sandra Bessudo, alta consejera presidencial para la Gestión Ambiental. Casos como la explotación aurífera de Santurbán, que involucran variables de gran envergadura como el impacto en ecosistemas estratégicos o en comunidades étnicas, van a ser analizados por un organismo en el que tendrán asiento varias instancias ambientales, los institutos de investigación y un funcionario del sector gubernamental involucrado. Esto le quita presión a quien hoy en solitario está a cargo de tomar la decisión y debe contribuir a la transparencia.

Paradójicamente, la primera tarea de la nueva agencia será convencer al sector ambiental, cada vez más empoderado, y a los empresarios de la conveniencia de su existencia separada del Ministerio. Y eso puede estar cuesta arriba. Los primeros están convencidos de que "el Ministerio va a perder los dientes" y que "se quedará con la zanahoria y sin el garrote". Según José Yunis, director de la ONG The Nature Conservancy, por su importancia para el desarrollo "las licencias deben tener un costo político y una responsabilidad en cabeza de un ministerio y no de una entidad administrativa de tercer nivel". Los empresarios son escépticos: como dijo uno de ellos, consideran que ante el crecimiento de los sectores minero-energéticos, la nueva agencia "también va a desbordarse y no va a ser la solución".

Por otra parte, el impacto que tenga la decisión de sacar las licencias del Ministerio de Ambiente no puede desligarse de la suerte que corran las Corporaciones Autónomas Regionales, que es donde hace camino el grueso de las licencias en el país. Para solo citar un ejemplo, de los nueve mil títulos mineros en trámite, el Ministerio hoy solo estudia cincuenta -los de mayor impacto-. Y aun en estos últimos, estas Corporaciones siguen teniendo un gran poder: ante grandes proyectos mineros, como el de La Colosa, el Ministerio decide sobre la licencia, pero son las CAR las que conceden el permiso de uso de aguas que necesitan para funcionar.

Agencia u oficina. Tras esta disyuntiva, aparentemente técnica, hay una decisión clave para el futuro de los recursos naturales en un país que les apuesta al petróleo y la minería como fuentes de desarrollo. Si en medio siglo los nietos de los actuales colombianos tienen un país arrasado por la explotación desenfrenada de sus recursos o una economía que logró aprovechar la bonanza sin ser atropellada por las locomotoras, ello dependerá en buena medida de la independencia y la capacidad técnica y humana del organismo encargado de dar o negar las preciosas licencias ambientales.
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