¿Quién controlará a Uribe?

Una de las principales críticas que utilizaron los opositores a la reelección inmediata, durante el debate sobre la reforma que la estableció, es que propicia la concentración del poder. En un mandato de ocho años, el Presidente gana la facultad de influir sobre el nombramiento de los principales mecanismos de control que establece la Constitución y de otros organismos que, según la Carta, deben seguir con autonomía del Ejecutivo, políticas de Estado que no cambien cada cuatro años. En la mayoría de ellos, el primer mandatario y el Congreso juegan un papel fundamental en la elección. (Ver recuadro)

Álvaro Uribe ya está reelegido y tiene amplia mayoría en el Congreso. ¿Se producirá una concentración de poder? ¿Se desvirtúa la naturaleza de los mecanismos de control?

En los próximos meses se elegirán un nuevo magistrado de la Corte Constitucional, dos nuevos miembros de la junta del Banco de la República, Contralor y Registrador. Todos ellos, o la mayoría, podrían quedar en manos de funcionarios que siguen la misma línea política del reelegido Presidente. Aunque ninguna norma obliga a que estos cargos sean ocupados por opositores del gobierno, la Constitución del 91 estableció mecanismos de distribución del poder con el fin de evitar una presidencia tan imperial como la que establecía la carta de 1886 con su concepto de centralización política. Desde 1991, en la mayoría de ellos han influido los gobiernos salientes y se han convertido en contrapesos de los entrantes. Ahora, entrante y saliente son uno solo. ¿Quiénes vigilarán al presidente Uribe?



Congreso

Además de hacer las leyes, el Congreso tiene la función de hacer el control político del gobierno. El uribismo tiene amplias mayorías. En el Senado, 61 de los 102 escaños, y en Cámara, 88 de los 166. Además de fortalecerse para los debates de la oposición, Uribe tendrá un gran poder de influencia en la elección de las principales instancias de fiscalización.

Corte Constitucional

En pocos días el Congreso escogerá al sucesor de Alfredo Beltrán, un magistrado liberal, con un pensamiento opuesto al del gobierno. Los tres miembros de la terna, incluido el más opcionado, Nilson Pinilla, son conservadores y se sumarán al grupo de tres -Marco Gerardo Monroy, Álvaro Tafur, Rodrigo Escobar- que normalmente coinciden con la visión oficial.

Durante el segundo mandato de Uribe, de los ocho magistrados restantes, seis tendrán que ser reemplazados. "En la conformación futura de la Corte habrá influencia del actual Ejecutivo. No es difícil adivinar el resultado cuando se tiene la mayoría política del Senado, que escoge finalmente los nuevos magistrados de las ternas que le enviarán", dijo el saliente magistrado Alfredo Beltrán.

Contralor

De la terna presentada recientemente al Senado, dos de los candidatos son uribistas de extracción liberal y sólo uno tiene credenciales de independencia. Y son favoritos los de línea gobiernista: Julio César Turbay Quintero, hijo del ex presidente Turbay Ayala, que en sus últimos días se dedicó a promover la reelección, y Carlos Medellín Becerra, muy cercano a Germán Vargas Lleras, cabeza del uribista Cambio Radical. La otra ternada, Mery Luz Londoño, quien el año pasado aspiró a la Alcaldía de Cartagena con apoyo del Polo, no goza del favoritismo de las mayorías oficialistas.

En los pasillos del Congreso se da por descontado que, con o sin acuerdo entre las bancadas de 'La U' (que apoya a Turbay) y Cambio Radical (partidaria de Medellín), está cantado que habrá contralor uribista. Aunque la Contraloría ya no es el botín burocrático de otros años -su planta se ha reducido de 15.000 funcionarios a 4.057, de los cuales sólo 123 son de libre nombramiento-, su capacidad de control sobre las cuentas del Estado es un contrapeso poderoso para cualquier gobierno desbocado en gasto.



Banco de la República

El Banco de la República también está en la mira del gobierno. El Presidente ya ha dicho públicamente que preferiría que el Banco le ayudara en su política económica, en temas que no encajan con la ortodoxia de su pensamiento, como la utilización de reservas o la introducción de mecanismos para afectar los intereses y la tasa de cambio. Esta posición ha generado fricciones y fue uno de los motivos para la salida del ministro Roberto Junguito del Ministerio de Hacienda. Uribe ya nombró a dos miembros de la Junta, a comienzos de 2005: Carlos Gustavo Cano y Juan Mario Laserna. Aunque sus talantes y la naturaleza institucional del Banco no les permiten recibir directrices del Ejecutivo, desde finales de 2008, cuando el presidente Uribe podrá nombrar dos nuevos miembros, habrá mayoría escogida por él.



Fiscalía

El fiscal Mario Iguarán, ex viceministro de Justicia en el primer cuatrienio uribista, tiene en sus manos temas cruciales para el gobierno, como el escándalo por la infiltración paramilitar en el DAS, el asesinato de 10 agentes de la Dijín por una patrulla del Ejército y la aplicación de la Ley de Justicia y Paz.

Defensoría

Las mayorías uribistas de la Cámara de Representantes ratificaron, en agosto de 2004, y por cuatro años, a Vólmar Pérez, un abogado que, pese a su trayectoria dentro de la Defensoría, le ha bajado perfil al cargo y a sus posiciones públicas -en comparación a sus antecesores- en temas propios de su competencia como la Ley de Justicia y Paz, las condiciones de la desmovilización de las AUC y los derechos humanos.

Procuraduría

El actual procurador, Edgardo Maya, cuyo período va hasta 2008, se ha opuesto al gobierno en temas como la reelección presidencial y ha mantenido un ojo avizor sobre las negociaciones con las AUC. Su concepto sobre la constitucionalidad de la Ley de Justicia y Paz fue muy crítico. Con su reelección, y hasta mitad del segundo gobierno de Uribe, Maya se podría convertir en la única voz en los organismos de control que no proviene de alguien que antes de llegar a su cargo de fiscalización militó en el uribismo. n