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| 2/21/2015 10:00:00 PM

¿Quién es el culpable de la pérdida de nuestro territorio?

Un libro de Enrique Gaviria analiza los errores de la defensa colombiana, en relación con el fallo de La Haya sobre las aguas del archipiélago de San Andrés.

No se trata solo de una obra exclusivamente jurídica. El nuevo libro de Enrique Gaviria hace un recuento histórico de la diplomacia colombiana desde que se desintegró la antigua federación de las Provincias Unidas de Centro América de 1838, y Nicaragua obtuvo su independencia. El libro incluye una serie de acontecimientos desconocidos en Colombia. Entre ellos, la rebelión del  general George Hudson, oriundo de San Andrés, quien se levantó contra el Ejército de Nicaragua por la  invasión de la costa de Mosquitos en 1894, y el tratamiento que las autoridades de Managua les dieron a  los raizales  de la isla.

Todo ello contrasta con la actitud del gobierno colombiano que ante esta agresión se limitó a enviar notas diplomáticas de protesta sin producir efecto disuasivo alguno. Lo mismo puede decirse de la actitud  tímida que había observado el país cuando, en 1890,  también Nicaragua había invadido las islas Mangles. En ese momento no fue el gobierno sino los raizales del lugar quienes protestaron airadamente y reiteraron su identidad colombiana.

Colombia prácticamente claudicó en el  reclamo por la invasión y ocupación de estos dos territorios. Según el autor, la entrega quedó protocolizada con la firma del tratado con Nicaragua sobre cuestiones territoriales, más conocido  como el Esguerra-Bárcenas de 1928.
El autor anota que todo se hizo con  base en un concepto de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, que aconsejó reclamar solo el archipiélago de San Andrés y no las islas Mangles ni la costa de Mosquitos, con el argumento de que Colombia no había ejercido actos de jurisdicción. Gaviria desvirtúa esa afirmación y sostiene que ese no era un argumento válido para ceder ese territorio a Nicaragua, como tampoco fue la entrega de Los Monjes a  Venezuela en 1952.

El resultado del Esguerra-Bárcenas de 1928  fue catastrófico para el país. Colombia le reconoció a Nicaragua la soberanía  sobre la costa de Mosquitos (desde el cabo Gracias a Dios hasta el río San Juan)  y las islas Mangles, y Nicaragua a su vez la de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés, territorios sobre los que esta tenía títulos legales desde la Real Orden de la Corona Española del 30 de noviembre de 1803.
Lo grave fue que en virtud de lo dispuesto en el tratado de 1928, Nicaragua adquirió  una costa que no tenía y comenzó a utilizarla para reclamarle a Colombia una supuesta propiedad sobre el archipiélago de San Andrés, hasta llegar a las instancias judiciales en la Corte de La Haya, con el resultado desastroso que hoy se está viviendo.
 
Lo más jugoso del libro es la lista de los errores y contradicciones de los tres últimos gobiernos, que según Enrique Gaviria encubrió Colombia en la controversia con Nicaragua y que desembocaron en el fracaso de La Haya. Según él, todos tienen una cuota de responsabilidad. En el gobierno de Andrés Pastrana se retiró la aceptación de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia que había hecho Colombia en 1937, lo que privó al país del recurso judicial para la solución de controversias; en el de Álvaro Uribe Vélez se abandonó el meridiano 82 que Colombia había sostenido como límite marítimo durante más de diez años, y en su lugar se propuso una línea media rechazada por inconveniente por los raizales de San Andrés y que, además, la Corte no aceptó. En cambio, esta nueva posición dio pie, según el autor, para que la Corte, registrando la inconsistencia de la posición colombiana, dictara el  fallo en los términos que lo hizo.

El presidente Juan Manuel Santos no es considerado por Gaviria responsable de ese fallo, pero él y su canciller, María Ángela Holguín, son criticados por el manejo posterior que le dieron a este.
 
La posición de Santos es descrita como poco clara y dubitativa. Primero manifestó que no cumpliría el fallo hasta tanto no se garantizaran los derechos de los raizales, luego que lo acataría pero que no era aplicable, y finalmente que no sería ejecutado hasta que no se celebrara un tratado de límites con Nicaragua. La demanda ante la Corte Constitucional del Pacto de Bogotá es objeto de un capítulo entero.

Gaviria no solo analiza los errores de la defensa colombiana, sino también las lagunas y omisiones  de la Corte de La Haya en relación con esa controversia.

En el tema central del libro el autor reitera la tesis de que San Andrés debe ser declarado “archipiélago de Estado”, a la luz de la práctica de más de 20 Estados que lo han hecho sin ninguna protesta internacional.

Desde su posición como miembro de la Academia de Jurisprudencia sugiere expedir un decreto que reglamente la Ley 10 de 1978, y que encierre  todas sus islas y cayos mediante el trazado de “líneas de base rectas”. Todo con el fin de garantizar el aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales  que se encuentren en las aguas  dentro del encerramiento, y determinando su mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental submarina a partir de la parte externa de la línea referida. Esa tesis, que ha causado mucha controversia, ha sido denominada como la ‘Doctrina Gaviria’. Según esta, de haberse trazado las líneas de base mencionadas (ver gráfico) no le hubiera sido posible a la Corte desintegrar el archipiélago de San Andrés como lo hizo al ordenar un enclave de los cayos de Quitasueño y Serranilla dentro del mar perteneciente ahora a Nicaragua.

El libro de Enrique Gaviria cobra especial actualidad en vísperas de la segunda demanda de Nicaragua contra Colombia, en la cual exige una plataforma continental extendida que llegaría hasta Cartagena. Los pronósticos de ese escenario impensable no son muy buenos. Aunque el autor no lo dice de frente en su libro, el mensaje implícito del mismo es ‘si me hubieran hecho caso no estaríamos en estas’. 
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