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| 3/3/2007 12:00:00 AM

¿Quién juzga a quién?

En la tarea de aplicar justicia, los tres poderes están tan enredados entre sí, que pesa más la milimetría política que el ánimo de encontrar culpables o inocentes.

Poco tiempo después de sus primeras decisiones contra congresistas vinculados al escándalo de la para-política, el ex presidente de la sala penal de la Corte Suprema, Yesid Ramírez, recibió amenazas. Esa ha sido hasta ahora la presión más directa y pública sobre el alto tribunal. Pero no es la única. La Corte está sometida a fuertes intimidaciones y aunque hasta ahora su trabajo se ha realizado en un sano hermetismo, a medida que se profundiza la crisis aumenta la preocu-pación sobre la forma como resistirá sin ceder a alguna de ellas.

La suspicacia nace porque en el sistema de pesos y contrapesos que existe para juzgar y elegir las altas dignidades del poder judicial y del Congreso hay boquetes que permiten la mala práctica del intercambio de favores y el 'hagámonos pasito' que muchas veces conduce a la impunidad. Esto tiene lugar porque todos se investigan entre todos al tiempo que esos mismos se eligen entre sí. 

Por esto es que el relevo de dos magistrados de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia en junio próximo tiene encendidas las alarmas. La elección de sus reemplazos es vista como una oportunidad para influir sobre la Corte en sus investigaciones por los vínculos con el paramilitarismo.

El hecho de que sea el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) el encargado de proponer las ternas para esta elección despierta desconfianza. Se teme que el proceso que adelanta la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, por las relaciones entre el destituido presidente del Consejo Superior de la Judicatura, José Alfredo Escobar Araújo y Giorgio Sale, incline la balanza a favor de una terna que sea más blanda frente a los congresistas investigados por la Corte Suprema. "Si el CSJ aprieta a los congresistas, la Comisión de Acusaciones ahorca a Escobar Araújo", afirma un representante a la Cámara que prefiere no dar su nombre.

La Comisión de Acusaciones -denominada con la caricatura de "comisión de absoluciones"- es un eslabón clave en la cadena de manipulaciones que se utilizan para burlar la justicia. En más de 50 años, apenas dos casos han pasado allí de la etapa de investigación a la de juicio: el del general Rojas Pinilla y el de Ernesto Samper, ambos exonerados.

¿Cómo investigar a los amigos?

"Tu me juzgas, yo te juzgo y todos nos tapamos". Esta es la sospecha que genera este complejo laberinto de instancias judiciales mutuas. "El sistema es un colchón de impunidad porque no están claros los procedimientos ni los términos. Hay procesos que llevan hasta seis años", afirma Germán Olano, representante a la Cámara, recién elegido miembro de la Comisión y autor de un proyecto para reformarla.

Actualmente, sus 15 integrantes, mayoría de partidos uribistas, son responsables de 473 casos contra fiscales, magistrados, el Presidente e incluso algunos ex presidentes. La sala penal de la Corte Suprema de Justicia, encargada de juzgar a los congresistas y develar la para-política, es uno de los organismos con más investigaciones encima, alrededor de 18. Hay 60 contra el presidente Uribe y siete contra el fiscal Mario Iguarán.

"El 98 por ciento de las denuncias tiene poco fundamento jurídico. Una gran mayoría son puestas por personas que están mal de la cabeza, como un denunciante que afirma un día ser descendiente de los reyes de Asturias y otro, de Roma", afirma uno de los funcionarios de la Comisión. Mientras más congestionado el sistema, más fácil es dilatar los procesos y concentrar 'armas' de disuasión. Los congresistas, que tienen en sus manos casos de más de 10 años, tienen el poder para utilizar esos empolvados expedientes para presionar, chantajear y hacer favores a sus investigados.

El trueque lo completan los acusados. El sistema les permite aplicar mañas para presionar a sus jueces. "Cómo va uno a importunar como miembro de la Comisión de Acusaciones a un magistrado del Consejo de Estado si éste puede fregar a los alcaldes de mi movimiento político en la región", afirma un representante a la Cámara.

El sistema está diseñado para que entre una y otra rama del poder público se hagan contrapeso, pero a pesar de tratarse de la majestad de la justicia, la milimetría política es lo que cuenta a la hora de elegir a los jueces naturales de una rama o de otra.
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