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Una comprometedora conversación entre el gobernador de Putumayo Carlos Palacios y el comerciante Jaime Osorio los tiene en apuros. En ella se negocia un millonario contrato para la empresa de este último, detrás de la cual estarían los intereses de paramilitares.

DENUNCIA

¿Quién manda aquí?

SEMANA publica unas grabaciones que revelan un engranaje entre paramilitares, empresarios y políticos regionales detrás de la millonaria distribución de licores en Putumayo.

19 de agosto de 2006

En la desmovilización, en marzo pasado, de 504 hombres del Bloque Central Bolívar (BCB) de las autodefensas de Putumayo, el jefe paramilitar alias 'Ernesto Báez' soltó una declaración que dejó atónitos a los asistentes. Aseguró que su grupo respaldó la elección del gobernador de ese departamento, Carlos Alberto Palacios, pero que se había convertido en una estafa. "En la campaña él nos buscó. Estuvo en procura de una ayuda económica y política que se le brindó. Lo hicimos siempre con el compromiso de que sirviera a los altos intereses del Putumayo", dijo.

A pesar del explosivo comentario, muchos paisanos lo menospreciaron, pues pensaron que lo que buscaba 'Báez' era posar de transparente aprovechando la situación en la que se encontraba en ese momento su gobernador. La Procuraduría había suspendido a Palacios por 180 días mientras investigaba la legalidad de varios contratos. Como una aseveración de este tipo es difícil sostenerla sin pruebas, y no en pocas ocasiones 'Báez' se ha ido de boca, el tema pasó sin mayor resonancia en los medios de comunicación nacional. Sin embargo, entre los asistentes al evento, podría estar la clave para desenredar el mensaje.

En la ceremonia de desmovilización se encontraba Jaime Osorio Ríos, un reconocido magnate del sur del país. Este empresario de 68 años, nacido en Aguadas, Caldas, ha servido como ejemplo de superación en la región. Luego de probar suerte en Florencia, donde lo máximo que logró fue ser cantinero, llegó de 30 años a Puerto Asís, ciudad fronteriza de este departamento y la de mayor actividad comercial. Allí montó una cigarrería que sería la semilla de su emporio.

Hoy, a través de la empresa Distribuciones y Representaciones Líder, controla la distribución de los productos de la Licorera de Caldas en los departamentos de Putumayo, Amazonas y Cauca. A través de esta empresa, que según registros mercantiles es una sociedad familiar, suministra medicamentos e insumos de oficina en la región donde muchos de sus clientes son entidades oficiales. En los dos primeros departamentos tiene la concesión del chance y del Baloto, además de casas de cambio, supermercados y una importadora de autos y motos, entre otros negocios. Semejante actividad le ha hecho merecedor de varios reconocimientos, como el otorgado por la Cámara de Representantes por ser el mayor empleador en esta zona del país. Su capacidad económica le ha permitido ser también uno de los mayores financiadores de políticos de la región.

¿Qué hacía una persona de este perfil en una desmovilización paramilitar? "Fui por curiosidad", le dijo Osorio a SEMANA. Pero esta revista conoció la grabación de una charla del empresario que podría ser el verdadero motivo de su presencia en el acto.

Meses atrás, a mediados de 2005, Osorio estaba agobiado porque pronto se vencía tanto el convenio que tenía Putumayo para permitir la introducción de los licores que vienen de Caldas, como de su contrato de distribuidor exclusivo. Un negocio que sólo en el departamento fronterizo mueve en un mal año 10.000 millones de pesos en ventas.

En la conversación (consultar el audio y ver su trascripción en semana.com), Osorio comenta con un interlocutor no identificado la forma como el gobernador y miembros de la Asamblea Departamental le están pidiendo dinero para poder continuar con su negocio y para que no le suban los impuestos que tiene que pagar. Dice, refiriéndose a los diputados, que por eso las "autodefensas los van a llamar", pues "lo de ellos es que presenten proyectos, no que chantajeen la gente".

El interlocutor de Osorio le responde que si no es más fácil coordinar todo con el gobernador Palacios, "pues al fin y al cabo también recibió plata de financiación de las autodefensas". Y Osorio, en una sorprendente confesión, dice: "Pues a través de lo mío. Porque yo te cuento esto, las autodefensas tienen el 30 por ciento de Distribuciones Líder, por si no lo sabía. Esto pues no lo sabe casi nadie. Entonces la plata que yo le di, indirectamente ellos aceptaron que se le diera esa plata pa' la campaña".

Luego Osorio habla sobre el incumplimiento del gobernador Palacios a varias citas que los paras le han puesto en Bogotá para discutir su falta de colaboración, y que por eso lo declararon objetivo militar: "Ya está decretado... y ya 'Macaco' (otro jefe para del BCB) está con eso".

Pero esta no es la única conversación comprometedora del empresario. SEMANA obtuvo otra grabación en la que negocia con el gobernador Palacios la garantía de que le van a dar la distribución de licores a su empresa.

En la conversación, el gobernador habla de cómo les dio a siete diputados seis millones de pesos a cada uno para tranquilizarlos por un tiempo, porque sabe que le van a pedir más. Luego dicen que ya tiene arreglado con el gerente de la Licorera de Caldas para que adjudique la licitación a Osorio.

En otro aparte, el gobernador dice que tiene que conseguir con urgencia 100 millones de pesos que le están cobrando en la Procuraduría para evitar que lo sancionen. Finalmente, le pide a Osorio que le reconozca más beneficios dentro de su acuerdo para darle una participación a su asesor jurídico. "Un puntico más", dice Palacios. Entre los que conocen la jerga de los distribuidores cuando se refieren a un punto, se trata de 1.000 pesos por cada caja introducida. De acuerdo con esa interpretación, significaría que ese año supuestamente hubo un pago de 320 millones de pesos al gobernador y su asesor por las 53.413 cajas de licor que entraron a Putumayo.

Las explicaciones dadas a SEMANA sobre el contenido de las grabaciones fueron un contrapunteo de acusaciones y desmentidos. La más insólita es la del gobernador Palacios, que asegura que la grabación era un "señuelo" que iba a utilizar para hacerles creer a los diputados que había mucho dinero en juego, y así poder recabar pruebas suficientes para denunciarlos luego por la supuesta extorsión que le hacían, y "cogerlos en flagrancia". Según él, esto aclara incluso la entrega de dinero que les hizo a los diputados. Dice que prueba de su versión es que luego denunció a siete de ellos.

El presidente de la Asamblea Departamental, Ángelo Coral, uno de los diputados señalados por Palacios de extorsionarlo, dijo a SEMANA que las denuncias del gobernador en contra de ellos son un montaje para desviar la investigación y que ya "la Procuraduría está por resolver el caso a favor nuestro".

El gobernador también dice que la grabación se hizo de común acuerdo con Jaime Osorio, y que para hacerla más creíble fue que hablaron de temas más comprometedores. Sobre el comerciante reconoce que le apoyó en su campaña, pero no sabe con cuánto. Sin embargo en los documentos electorales no aparecen registradas sus contribuciones.

Por su parte Osorio dice que apoyó a Palacios con 3.000 votos y con gastos menores. Asegura que nunca lo han extorsionado los diputados ni el gobernador. Niega el contenido de la conversación de la grabación pero aun así, aclara que cuando hablaron de un punto era para abrir un local de distribución, no de un soborno.

Dice que nunca ha tenido relación con gente por fuera de la ley, y que no se le puede relacionar con el líder paramilitar 'Ernesto Báez' por el hecho de ser del mismo pueblo, pues él se fue de allá de niño y va muy poco. No fue posible conocer sus comentarios sobre la grabación en la que él dice que las autodefensas tienen una participación de su negocio, pues luego que esta revista se la transmitió por teléfono, la comunicación se cortó y al cierre de esta edición no había sido posible un nuevo contacto.

De otro lado, el jefe paramilitar 'Báez' dijo a SEMANA que se ratifica en sus declaraciones y dice que su indignación con el gobernador Palacios es porque es corrupto y no porque haya algún negocio de por medio. Según él, sólo ha ido a Putumayo cuando la desmovilización y no conoce al comerciante Osorio y sus empresas. "Detalles de lo que dije sólo los doy si me llama la Fiscalía, no puedo dar más información de la que conozco y que prudentemente debo hacer pública" dijo.

¿Quién tiene la verdad en este entuerto? Por ahora lo que queda en evidencia con el contenido de estas grabaciones es la preocupante influencia del paramilitarismo en la región.

Las acusaciones de corrupción contra Palacios tienen consternado al departamento. Antes de llegar a la gobernación, había sido sacerdote católico, por lo que para muchos representaba la renovación política. A esto se suma que el departamento no supera su situación de orden público y, pese a la desmovilización paramilitar, el negocio del narcotráfico sigue en disputa entre bandas mafiosas y la guerrilla de las Farc.

Llama la atención que justo el pasado 16 de noviembre, el día en que le comunicaron la suspensión al gobernador Palacio, se firmó el convenio entre Putumayo y Caldas. "Una casualidad", dice el gobernador, que ya retornó a su puesto. Hasta el momento ni la Procuraduría ni la Fiscalía han demostrado nada en su contra.

También el contrato de distribución se renovó hace pocos días. Según dijeron a SEMANA en la Licorera de Caldas, a la licitación pública sólo se presentó Distribuciones y Representaciones Líder, la firma de Osorio, que se quedó con el negocio.

Sólo hay dos cosas en las que parecen coincidir los protagonistas de esta historia. En que de alguna manera todos se han sentido estafados, como lo dijo 'Ernesto Báez' en la desmovilización, y en que, según ellos, sólo han actuado por los altos intereses de Putumayo.