Quién manda a quién

Pocas veces la transición de un ministerio de un gobierno a otro había generado tanto interés y preocupación como está ocurriendo en esta ocasión con la cartera de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

En la entidad se vive una completa confusión ante el proceso de división de la misma. La idea es volver a dos ministerios: uno para el medio ambiente y otro para los asuntos de vivienda y desarrollo territorial. Pero, por ahora, el desconcierto ha llegado a tal punto que hoy muchos no saben si acudir a la actual ministra Beatriz Uribe o a la futura titular de la cartera ambiental, Sandra Bessudo. La situación está generando tanto malestar que muchos consideran que de continuar esta interinidad, la política ambiental del país está en riesgo.

Devolverle al país una entidad que solo se ocupe del desarrollo ambiental fue una de las banderas de Juan Manuel Santos en campaña. La idea cayó como un bálsamo entre los ambientalistas, aun más después de que el ya presidente Santos anunció cinco ejes prioritarios para el gobierno que impactarán el desarrollo sostenible, las denominadas locomotoras de la prosperidad: infraestructura, agro, innovación, vivienda y minería.

En especial la minería ha encendido las alertas de los ambientalistas, pues este frente de desarrollo suele avanzar en detrimento de las fuentes de agua y los ecosistemas.

Sandra Bessudo, directora de la Fundación Malpelo y una de las mayores conocedoras de las riquezas marinas del país, fue designada por Santos para estar al frente del desafío ambiental. En Vivienda, por su parte, el Presidente designó a Beatriz Uribe, ex directora de Camacol, el gremio de la construcción. Las dos son líderes capaces de jalonar transformaciones necesarias para el país, pero con visiones del desarrollo bastante antagónicas.

En el Congreso actualmente se tramita un proyecto que otorgará facultades extraordinarias al Presidente para reorganizar el Estado. Mientras se hace efectiva la separación de las carteras, Santos nombró a Bessudo alta consejera para la Gestión Ambiental, una figura que no tiene un poder vinculante frente a las decisiones ambientales, pero cuya cercanía al Presidente le otorga un poder en sí mismo. En la práctica, esto ha significado una indefinición del liderazgo ambiental y roces entre las dos funcionarias que traen varias complicaciones.

La realidad es que Sandra Bessudo no tendrá Ministerio del Ambiente sino hasta finales del año entrante. Pero para cuando esto sea un hecho, un conjunto de proyectos claves ya estarán definidos. Es lo que ocurrirá, por ejemplo, con varios relacionados con el desarrollo minero y energético. Aunque la hoy ministra Beatriz Uribe ha tomado la vocería para que estos no se aprueben si afectan los páramos y humedales, también ha dicho que en el futuro debe haber una entidad distinta al Ministerio del Ambiente que se ocupe de esos asuntos. Mientras que, por el contrario, el viceministro de Ambiente, Carlos Castaño, manifestó hace poco en uno de los Foros SEMANA que el país no está preparado institucionalmente para manejar la locomotora minera.

Otro punto que ha generado polémica es en cabeza de quién quedarán funciones claves de regulación que tienen un pie en lo ambiental y otro en el asunto territorial y de vivienda. Según el proyecto de facultades extraordinarias que cursa en el Congreso, todo el paquete de ordenamiento territorial -uso del suelo, manejo del agua y el saneamiento básico- quedará en la cartera de Vivienda. "Así las cosas, lo que está en riesgo es que al final quede un nuevo Ministerio de Ambiente desmembrado, sin presupuesto y sin dientes", asegura Claudia Martínez, ex viceministra de Ambiente.

Los expertos ambientalistas también ven como un grave error que en el proyecto de ley de regalías no se discuta un componente de compensación por el daño del medio ambiente. "Si Colombia le está apostando a un crecimiento económico derivado de la extracción de recursos naturales, era lo mínimo que se esperaba para garantizar que este fuera sostenible", señala el economista Guillermo Rudas. Hoy es muy difícil que un porcentaje de los enormes recursos que se calcula entrarán por concepto de regalías se destine a reparar los daños que la actividad minera produce.

Por otra parte, el presidente Santos ha realizado un importante trabajo diplomático para que el país obtenga algunas de las cuantiosas ayudas de las entidades multilaterales que promocionan programas que contrarresten el cambio climático. Este fue, por ejemplo, uno de sus principales puntos en su discurso ante la plenaria de las Naciones Unidas. Sin embargo, varios organismos internacionales han advertido que se necesita una institucionalidad más sólida para poder jugar en ese escenario. Incluso cooperantes de Colombia consultados por SEMANA han hablado de revaluar sus aportes si la ambigua situación del Ministerio continúa.

No hay duda de la ventana de oportunidades que representarán las riquezas naturales en el nuevo orden económico mundial. Estas serán determinantes para la competitividad a la que le apuesta Colombia. Por eso, definir cuanto antes la institucionalidad ambiental del país, sus competencias y limitaciones, es una tarea urgente para entrar pisando fuerte en una agenda propia del siglo XXI.