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| 5/21/2001 12:00:00 AM

¿Quién manda a quién?

Las indirectas del presidente Pastrana a los militares son el último incidente de una cadena que refleja la tensión creciente entre el poder civil y el militar.

El escenario fue la Escuela Militar José María Córdova. Allí estaba programada la celebración de los 50 años del comando general de las Fuerzas Militares. Al acto habían sido invitados el presidente Andrés Pastrana, el ministro de Defensa, Luis Fernando Ramírez, y los comandantes de fuerza de todo el país. Lo que pintaba ser una reunión más de carácter social, con discursos de protocolo y con un coctel para rematar, terminó en otro de los muchos pulsos de fuerza entre el alto gobierno y los militares.

Para ese día el jefe de Estado había preparado un corto pero enérgico discurso en el que empezó diciendo: “Muchos se han empeñado en decir que este anhelo de paz nos ha llevado a entregarlo todo o, en términos más coloquiales, a arrodillarnos para alcanzarla sin haber logrado nada hasta ahora”. Después agregó: “Como su comandante, espero ante todo la máxima lealtad con el país y con la democracia”. Sus palabras siguieron saliendo ante un auditorio perplejo que guardó absoluto silencio: “No se debe confundir voluntad de paz con debilidad”. Y acto seguido afirmó: “Siempre he oído el consejo sincero de nuestros generales, no sólo formalmente sino en la realidad”.

¿Qué buscaba el Presidente exactamente con estas indirectas? ¿Fueron casuales o más bien intencionales? En Palacio aseguran que no hubo segunda intención. Pero las palabras del presidente Pastrana cayeron como baldado de agua fría entre los oficiales. “¿Cómo es que salimos regañados por el invitado de honor de nuestra fiesta de cumpleaños?” , se preguntaban luego varios oficiales.

Las palabras del Presidente no fueron improvisadas. La noche anterior, en su despacho, se había reunido con sus más inmediatos colaboradores entre ellos el alto comisionado de Paz, Camilo Gómez, y el ministro de Justicia, Rómulo González. Tanto Pastrana como Gómez conversaron sobre el papel que han venido jugando últimamente los militares frente al proceso de paz. Las decisiones oficiales en los procesos de negociación con las Farc y con el ELN han venido tensionando cada vez más las relaciones entre el gobierno y el estamento militar. El comandante del Ejército, general Jorge Enrique Mora, se fue lanza en ristre contra el intercambio humanitario y dejó un muy mal sabor en la Casa de Nariño. Tampoco han gustado los constantes enfrentamientos entre el Comisionado de Paz y la cúpula militar por el despeje del sur de Bolívar. Y al equipo de paz le cayó muy mal el famoso memorando del ministro de Defensa, Luis Fernando Ramírez, fijando una posición jurídica frente al intercambio humanitario, pues terminaba por darles la razón a los militares que se han opuesto desde el principio a ese canje de soldados por guerrilleros.

Todos esos elementos fueron analizados esa noche en el despacho presidencial, para llegar a la conclusión de que había llegado la hora de apretar las tuercas y que el mejor escenario era la escuela José María Córdova, donde iba a estar presente la totalidad del generalato con el propio Mindefensa Ramírez.



Paz y guerra

No es la primera vez que entre Pastrana y los militares las cosas se ponen color de hormiga. La forma misma como el gobierno ha manejado desde el principio el proceso de paz, con más audacia que estrategia, ha dejado desubicados a muchos sectores que no saben bien cuál es el papel que deben jugar en el ajedrez de las negociaciones con las guerrillas. Y los militares no han sido la excepción. Siempre han sentido que el gobierno con tal de mantener sentado en la mesa de diálogo a ‘Tirofijo’, ha otorgado demasiadas concesiones sin recibir nada a cambio. Y ese fue el origen del tire y afloje entre Pastrana y militares en casi los dos primeros años de gobierno. Pero las crisis —como la de la salida del ministro de Defensa Rodrigo Lloreda— se sobrellevaron fumando la pipa de la paz en la Casa de Huéspedes en Cartagena o en la casa de descanso del presidente en el municipio de Nilo.

En 2001, sin embargo, la situación ha cambiado dramáticamente. Hay dos decisiones del gobierno, hasta ahora indeclinables, que entre los militares producen demasiada roncha: el inminente intercambio humanitario de guerrilleros por soldados y el muy posible despeje en el sur de Bolívar para el ELN. Y los episodios que se han vivido detrás de bambalinas por estos dos temas son de muy alta tensión.

El primero de ellos tiene que ver con la decisión que tomó el presidente Pastrana de despejar los municipios de San Pablo y Cantagallo, en el sur de Bolívar, para facilitar el proceso de negociación de paz con el ELN. En esa oportunidad se llevó a cabo una reunión en Palacio en la que el general Mora manifestó su desacuerdo con la decisión. Aseguró que el ELN no tenía cómo controlar la región y que se iba a presentar una guerra abierta entre guerrilleros y autodefensas. Al Presidente no le gustó el tono y contrariado le espetó: “General, quiero recordarle que el que manda soy yo. Y le doy la orden de que las tropas salgan de esos municipios”.

Desde ese día el general Mora se propuso no pisar más Palacio y mantenerse al margen de las discusiones con el Alto Comisionado de Paz en relación con el despeje y el acuerdo humanitario. Pero eso no le impidió soltar sus opiniones personales en las pocas veces en que ha concedido ruedas de prensa.

Pero no sólo estaba abierto ese frente de batalla entre Palacio y la comandancia del Ejército. Las relaciones entre los militares y el alto comisionado Gómez también comenzaron a sufrir fisuras. Primero fue porque los militares resintieron que Gómez no les hubiera entregado a tiempo la lista con los nombres de los guerrilleros que Manuel Marulanda pedía fueran liberados en el canje, lo que les impidió evaluar los posibles inconvenientes estratégicos de dejar en libertad a esos insurgentes.



La ultima gota

Pero la confianza de los uniformados hacia Gómez se fue prácticamente al traste luego de la liberación de Juliana Villegas a principios de marzo. Para los militares la hija del industrial Luis Carlos Villegas siempre estuvo secuestrada en la zona de distensión y fue liberada dentro de esta misma zona. Por eso le reprocharon a Gómez que no hubiera denunciado ese hecho y que, por el contrario, hubiese guardado silencio sobre el tema.

Gómez decidió reunirse en varias oportunidades con los militares para explicarles que no había sabido en qué lugar mantuvieron en cautiverio a Juliana Villegas y que tampoco se la habían entregado dentro de la zona de distensión. A pesar de sus explicaciones las relaciones entre militares y Alto Comisionado ya estaban averiadas, como con Víctor G. Ricardo cuando éste dejó el cargo.

No obstante hubo aun otro asunto que molestó a la cúpula. En febrero pasado el gobierno anunció que las Farc habían dejado en libertad a 62 menores de edad que estaban en sus filas. Pero unos días después se desató una fuerte polémica sobre el tema, pues un funcionario de Uribe, Meta, le escribió una carta a Anders Kompass, comisionado de Derechos Humanos de la ONU en Colombia, en la que le afirmaba que nunca se produjo tal entrega de los niños por parte de las Farc.

Gómez también tiene sus quejas por la forma como algunos militares se han comportado frente al proceso. Para él fue claro que la publicación que se hizo sobre los guerrilleros que estaban en la lista de canjeables presentada por ‘Tirofijo’ había sido una clara filtración de los cuarteles para sabotear el acuerdo humanitario que en ese momento estaba a punto de concretarse con las Farc.

También estaba muy contrariado por el escándalo que se desató en torno al guerrillero del ELN que salió en un helicóptero para Venezuela y posteriormente para Cuba para recibir ayuda médica. Gómez señaló que era un episodio menor para la época en que se iba a llevar a cabo una trascendental reunión entre los presidentes Andrés Pastrana y Hugo Chávez. Para el Alto Comisionado había una clara intención de involucrarlo en un asunto turbio ante la opinión internacional.



Mindefensa en escena

Sin embargo en ese cruce de enfrentamientos y malas relaciones faltaba otro protagonista: el ministro de Defensa, Luis Fernando Ramírez. Ante el inminente acuerdo humanitario con las Farc Ramírez decidió preparar un informe jurídico sobre el tema. Asesorado por dos abogados se realizó un ‘borrador al acuerdo humanitario’.

Lo que al principio parecía un sencillo trámite de oficializar un documento terminó en un choque de poderes. Ramírez envió su documento confidencial al Ministro con funciones delegatarias, Rómulo González, pues en ese momento el Presidente se encontraba en un periplo por Europa y Asia.

No obstante, cuál no sería la sorpresa de Ramírez cuando González le devolvió el documento con el argumento de que ese tema debería ser tratado directamente con el Presidente. Entonces Ramírez remitió tres copias nuevamente a Palacio. Una al vicepresidente, otra al Alto Comisionado y una más para el Ministro de Justicia. De las tres que envió una fue devuelta: la del ministro de Justicia, Rómulo González, quien argumentó que ya no tenía funciones delegatarias y por lo tanto ese tema no era de su resorte.

Al Alto Comisionado de Paz no le cayó nada bien el documento de Ramírez. Si bien le había pedido al Ministro un concepto sobre el tema, no creyó que debía convertirlo en un documento oficial y menos aún que su contenido apareciera en las páginas de los periódicos. Entonces Gómez decidió responderle el memorando, eso sí, dejando en claro, ante todo, su inconformidad sobre cómo se había manejado el tema y después refutando uno a uno los argumentos jurídicos del memorando del Ministro. Ramírez siempre ha mantenido un perfil bajo en estos episodios. Si bien, quienes lo rodean aseguran que sus relaciones con el Presidente en materia de paz no han sido las más cordiales, el Ministro lo desmiente y opta por bajarle la temperatura al tema.



Y Mora ¿que?

El general Mora ha sido menos diplomático. El pasado 4 de abril en una rueda de prensa criticó el acuerdo humanitario con las Farc y la forma como lo estaba manejando el gobierno.

Mora quizás ha sido el oficial con el lenguaje más duro frente al proceso de paz. El gobierno le ha llamado la atención en más de una oportunidad para que le baje el tono a sus declaraciones pero este oficial, que tiene a su cargo el manejo de la tropa, sigue soltando la lengua cada vez que no comparte una decisión.

La pregunta que hoy flota en el aire es por qué razón en lugar de lanzar indirectazos en un acto público el Presidente no llama a calificar servicios al general Mora, si es que es contra él que dirigía sus exigencias de lealtad. Las razones pueden ser varias. Mora es el oficial de mayor ascendencia en la tropa. El estamento militar le reconoce que su gestión le ha permitido al Ejército recuperarse de los fracasos en el campo de batalla de años recientes. Es el oficial que lleva la voz del inconformismo que hay en las filas frente al proceso de paz. Sus aspiraciones no van más allá del cargo que hoy ocupa de comandante y eso dentro de la tropa tiene un alto significado. Además el Ejército carece de generales de las capacidades estratégicas tanto del general Mora como del general Fernando Tapias. Hay un gran bache entre los hombres que hacen parte hoy de la cúpula y los que vienen haciendo fila.

En el plano político el gobierno tiene poco espacio de maniobra, debilitado después de casi tres años de procesos de paz que aún no rinden frutos palpables para la población. El mismo hecho de que el Presidente tenga que recordarle a Mora que él es quien manda es síntoma de su debilidad. En plata blanca, el palo no está para cucharas. No obstante hay una figura con la suficiente credibilidad en ambos lados, ante gobierno y ante militares, que ha mediado y limado asperezas en momentos críticos, impidiendo que las relaciones se rompan del todo. Se trata del general Fernando Tapias. Su inteligencia y sagacidad le han permitido moverse en esas aguas movedizas originadas por el proceso de paz.

De todos modos, incidentes como el de la semana pasada con el destemplado discurso del Presidente en la celebración de los 50 años del comando general de Ejército, van a seguir sucediendo. Las tensiones entre poder militar y civil son, hasta cierto punto, explicables, pues los primeros tienen la tarea de derrotar a los enemigos del Estado en el campo de batalla y los segundos tienen el deber de ganarse la confianza de esos enemigos para negociar la paz con ellos. Dos labores contradictorias por definición.

Quizá por eso mismo hace falta que el gobierno lidere una estrategia de paz (o de guerra) más clara, con reglas definidas para los distintos actores del Estado. Es que el riesgo es grande. No tanto para la estabilidad democrática, pues se sabe que en Colombia los generales no dan golpes de Estado, pero sí para que avancen las negociaciones de una paz que el país requiere a gritos.
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