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| 3/13/2005 12:00:00 AM

¿Quién manda a quién?

Hay malestar en Cali por la gestión de su alcalde, Apolinar Salcedo. Cada día le estalla un escándalo nuevo. SEMANA investigó para saber qué es lo que está pasando.

Una insólita pero extremamedida de seguridad se tomó recientemente en el despacho del alcalde de Cali, Apolinar Salcedo: se cambió la alfombra por un piso de madera. ¿La razón? Funcionarios y colaboradores, aprovechándose de que el alcalde es invidente, se quedaban dentro de su oficina sin avisar para enterarse en secreto de las intimidades del gobierno local. Con el cambio de piso, Salcedo ha controlado a los espías y se siente más confiado de que nadie le está metiendo goles.

La anécdota refleja una situación de fondo: que en Cali está creciendo la percepción de que el alcalde no tiene el control y que su administración es utilizada para servir intereses particulares de una camarilla que lo rodea. El malestar de los ciudadanos se ha hecho sentir en los últimos meses por los múltiples escándalos que han estallado alrededor de la gestión de 'Polo', como familiarmente le dicen a su alcalde. La preocupación no es gratuita. Medios de comunicación locales y organismos de control han alertado sobre posibles irregularidades graves en la administración municipal y los bandazos de varias de sus decisiones.

Salcedo, pese a llegar respaldado por 180.000 sufragios -la votación más alta en la historia-, y a que había sido elegido en tres períodos anteriores como concejal, no convocó a amplios sectores de la ciudad para gobernar. Según confirmó SEMANA con una decena de personas cercanas a la administración, entre funcionarios y políticos locales, el alcalde está gobernando con un grupo cerrado a quienes les ha dado cargos clave en el gobierno local y en los que ha delegado en exceso sus responsabilidades.

Salcedo le dijo a SEMANA que lo que ha buscado es "rescatar del desprestigio el ejercicio de la política". Y añadió: "Lo que hay en mi contra es una campaña sistemática y de mala fe para hacerle creer a la gente que lo peor que pudieron hacer es elegir a un ciego".

Para empezar, al alcalde se le cuestiona que además del equipo regular de gobierno haya nombrado tantos asesores. En total son nueve en su despacho, en áreas tan diferentes como asuntos privados, modernización y fortalecimiento institucional, y mercadeo y publicidad. Los nombres de los tres que más cerca hablan al oído de Polo, José Mejía, Óscar Ayala y Pedro Castro, han estado salpicados en algunos de los escándalos por supuestas irregularidades. (Ver recuadro).

Mejía, por ejemplo, fue cuestionado luego de que Calisalud, la entidad encargada de administrar el régimen subsidiado de salud en la ciudad, adjudicó un contrato de compra de medicamentos por 5.502 millones de pesos. La selección del contratista tuvo reparos pues inicialmente se abrió una licitación a la que se presentaron tres consorcios, pero el proceso se vino al piso pues el contralor municipal advirtió que la gerente de Calisalud no estaba facultada para realizar una negociación por este monto. El proceso se paró y la junta directiva de la entidad le dio poder de negociación amplio a su gerente. Como en el trámite se perdió mucho tiempo, se adujo urgencia manifiesta, se hizo una convocatoria privada con los mismos que se habían presentado inicialmente, y en poco tiempo se adjudicó el contrato al consorcio Dimersalud, conformado por Dimerco S.A. y Muñoz Asociados. Las dudas surgieron cuando se supo que José Mejía, que además de ser asesor de la alcaldía lo es de Calisalud, había sido asesor de Dimerco y miembro de su junta directiva. El asesor Mejía asegura que no tiene injerencia en la contratación de esta entidad y que lo que hace es participar en la planeación estratégica de la empresa. "No me meto en las cosas que no conozco", dijo a esta revista.

Otro asesor, Óscar Ayala, ha sido uno de los mayores defensores de la polémica licitación para la modernización de la Secretaría de Hacienda. Esta es una concesión a 15 años que le entregó a una firma privada la optimización de la gestión tributaria de esta ciudad. En contraprestación, el contratista recibe un porcentaje de los impuestos recaudados. El contrato fue cuestionado desde un principio, pues, tal como lo denunció entonces SEMANA, las condiciones que se exigían parecían hechas a la medida de una de las firmas concursantes. En noviembre pasado la Procuraduría detectó posibles irregularidades y suspendió el proceso licitatorio. Sin embargo, en una maratónica gestión y contra viento y marea, el proceso se reanudó el 12 de enero y cinco días después -incluido un fin de semana- se cerró. Luego de tres semanas se adjudicó el contrato al consorcio Si Cali, el único proponente que hubo. Cuestionado al respecto por SEMANA, Ayala sostuvo que la idea de modernizar Hacienda es un punto clave en el plan de gobierno de Apolinar, y que "se ha satanizado el proyecto pues había intereses muy grandes de empresas que no pudieron participar". De todos modos, el asunto no es claro y la Procuraduría tendrá que dar la última palabra.

El nombre de Pedro Castro ha estado ligado al del Transporte Masivo de Occidente (Mio), el proyecto de mayor dimensión que se está haciendo en Cali, pues junto con el asesor Mejía es delegado del alcalde en su junta directiva. Las dudas sobre la transparencia de estos delegados llegaron a oídos del gobierno nacional, que a través de Juan Lozano, alto consejero presidencial encargado de los nuevos sistemas de transporte masivo en el país, pidió al alcalde sus cabezas. El alcalde Salcedo se defiende con el argumento de que las denuncias de supuesta corrupción eran infundadas. Por eso dijo que en una reunión con el presidente Álvaro Uribe había respaldado el trabajo de sus asesores y le había dicho que si le presentaba pruebas, tomaría las decisiones del caso. "Yo no les hago juego a la sospecha ni a la duda", dijo enfático. Según Castro, que como asesor también tiene a su cargo las relaciones con el Concejo, a él se le conoce como el "doctor no", y de ahí el eslogan de "con el Mio, ni pío". Sin embargo, el gobierno nacional aumentó el número de directivos del Mio con personas de su confianza para asegurar que éste se desarrolle debidamente.

DIME CON QUIÉN ANDAS...

El alcalde Salcedo también les ha dado gran juego en su gobierno a los seis concejales que lo respaldaron desde su campaña, nombrándoles a sus recomendados en puestos clave de la administración. De esta forma, políticos de la región aseguran que Mauricio Mejía, Jorge Tamayo, Fabiola Perdomo, Tyrone Carvajal, Carlos Clavijo y Orlando Chicango lograron una gran influencia en entidades como las secretarías de Educación, Cultura y Vivienda, la Empresa de Servicios Varios (Emsirva), la Dirección de Desarrollo Administrativo y el Departamento Administrativo de Gestión y Medio Ambiente (Dagma).

A este grupo de concejales se le sumaron, luego de las elecciones, ocho más, formando así una bancada gobiernista. El alcalde sostiene que esa fue una coalición autónoma de los concejales en la que él no tuvo que ver. "No he repartido ni parcelado la gobernabilidad", dijo. Sin embargo, en los pasillos del Concejo empezó a hacer carrera la idea de que existen concejales de 'primer nivel' y concejales de 'segundo nivel'. Algunos concejales se quejan de que las cuotas que tradicionalmente los alcaldes repartían entre todos ellos, Polo las ha concentrado en unos pocos.

Esto se hizo evidente, por ejemplo, en una reunión que hubo a mediados del año pasado en el despacho del alcalde. "Aquí estamos 13 concejales", dijo uno de ellos al iniciar la reunión, y según algunos asistentes, engañó al alcalde pues eran menos. Tres concejales de diferentes grupos políticos que participaron en la reunión coincidieron en que ese día había malestar y que varios de ellos le reclamaron al alcalde que el concejal Mejía, a quien le atribuyen mayor poder en la Secretaría de Educación, estaba acaparando los cupos educativos. Los testigos dijeron que el alcalde escuchó la rabieta de los concejales y, sin comprometerse, los instó a que se pusieran de acuerdo. Salcedo negó que esto haya sucedido así. Sin embargo, los mismos concejales que accedieron a hablar con SEMANA, con el compromiso de reservar su identidad, aseguran que se llegó a un acuerdo en el que cada concejal como mínimo iba a tener disponibles 200 cupos educativos. El concejal Mejía dice que no tiene funcionarios en esta Secretaría, pero que sí hay allí personas identificadas con él como político. "Yo no trafico con cupos, dice. Si hubo irregularidades fue de parte de los funcionarios. Ni siquiera conozco las oficinas de esa entidad".

De hecho hay muchas denuncias sobre la forma como se adjudicaron los cupos educativos en el Programa de Ampliación de Cobertura. Éste transfiere recursos de la Nación a los municipios para nuevos estudiantes y es totalmente subsidiado. Este año el programa cuesta 36.500 millones de pesos en Cali. Tres rectores de colegios denunciaron por separado ante SEMANA que para que les adjudicaran cupos tuvieron que pagar el 15 por ciento de lo que les iban a entregar, a una persona cercana a la Secretaría de Educación, pero no quisieron revelar su nombre. En broma lo llaman "el hombre del maletín".

Además, SEMANA conoció de un anticipo por 225 millones que la Secretaría de Educación entregó a una fundación que no tenía colegio. En este último caso, el actual secretario de Educación Carlos Saavedra asegura que fue un error administrativo y que hace pocos días se corrigió pues a la fundación a la que se le entregó el dinero, según él, equivocadamente, ya lo devolvió.

Las denuncias de irregularidades van más allá. Tres concejales de los llamados de 'segundo nivel' y uno de los de 'primer nivel' aseguraron que en el Concejo algunos han organizado una práctica conocida como 'hacer un avión', y que conocen de ella porque los han invitado a participar. Consiste en ponerse de acuerdo con varios de sus compañeros para acumular un número importante de contratos de adjudicación directa y seleccionar un contratista que se preste para devolverles un porcentaje del valor total de estos. Para esto se nombra un 'piloto' encargado de coordinar todo. "Cuadra con el funcionario encargado, recoge los nombres sugeridos de los contratistas y luego reparte las bonificaciones que haya", explica uno de ellos.

OTRAS PERLAS

Las polémicas alrededor de la gestión de Polo han ido más allá de su círculo más cercano y han involucrado a terceros, algunos de ellos empresarios privados que lo acompañaron en su campaña. De hecho, el primer escándalo en la actual administración estalló luego de que se expidió un decreto que tumbó la prohibición de la venta de pólvora en la ciudad. Una medida que sólo duró 21 días pues las protestas de la gente hicieron que Polo se echara para atrás. La hoguera se atizó más cuando la Unidad Investigativa del diario El País reveló que Carlos Velásquez, propietario de una gran polvorera de la ciudad, tenía un contrato con la Secretaría de Salud por 20 millones de pesos, por tres meses, para gestionar recursos internacionales para esta dependencia.

Luego de este episodio, los miembros del gabinete, los directores de entidades descentralizadas y los asesores de Salcedo le presentaron su renuncia. El alcalde se tomó cerca de mes y medio para retirar a cuatro funcionarios, entre ellos al secretario de Salud, y confirmar al resto de su equipo.

También hubo muchas críticas cuando la Alcaldía se tardó cinco meses después de haber iniciado clases para suministrarles a 17.000 estudiantes los desayunos que les había ofrecido. Luego, para superar la crisis, el municipio, aduciendo interés público, entregó en forma directa y sin mediar concurso el contrato de alimentación por 1.370 millones de pesos, cuando ya existía una resolución de adjudicación a cuatro firmas seleccionadas a través de una licitación. El municipio ha explicado que en la licitación se habían cometido errores de los que ya había advertido la Contraloría, y por la urgencia del tema se seleccionó una firma que les daba garantías y que también contrató la Gobernación.

El más reciente cuestionamiento a la administración de Salcedo fue la compra de un terreno de 301 hectáreas en los farallones de Cali. Aunque por ley el municipio tiene que comprar predios para proteger las cuencas de los ríos, se armó un debate cuando se supo que por este lote se habían pagado 253 millones de pesos y por el bosque natural que lo cubre, 2.161 millones de pesos. La firma privada llamada "Lonja Colombiana de Propiedad Raíz" hizo el avalúo que sustentó esta transacción. A uno de los peritos que firmó el avalúo, el Consejo Regional de Avaluadores del Valle del Cauca, Cauca y Nariño le había suspendido su credencial por un año -hace ya varios años- por haber sobrevaluado en esa época otro lote en 335 por ciento. De todos modos no estaba inhabilitado cuando firmó este avalúo.

Hoy hay polémica sobre si se debió pagar por el bosque y si ese era su valor real. En el Ministerio del Medio Ambiente le suministraron a SEMANA un listado de 21 transacciones de predios con fines de conservación ambiental, en diferentes lugares del país, en las que el mayor valor pagado por hectárea es de un poco más de cuatro millones de pesos. En el caso de Cali se pagaron 8.019.933 pesos por hectárea. La directora del Dagma, Beatriz Ramírez, asegura que no hay fundamento para la crítica de la compra y que esta negociación se tenía prevista desde antes de comenzar esta administración.

Pero quizá el asunto que menos ruido ha tenido es el que le podría enredar las cosas más pronto. La Procuraduría lo está investigando por haber delegado su mandato cuando viajó fuera del país, a una persona que no era de su gabinete. En otro caso similar, el Ministerio Público destituyó a un alcalde por considerar que esto era una falta grave. Salcedo asegura que su caso no es igual y ya presentó sus descargos.

¿CON LOS POBRES?

Los sucesivos escándalos tienen preocupada a la ciudadanía caleña. Muchos sienten que la desidia, la politiquería y el desgobierno se imponen en su ciudad. En los sectores más populares se sigue defendiendo la gestión de Polo, y haciendo eco del discurso del propio alcalde desde su campaña se repite que lo persiguen por su origen humilde, su ceguera y su color de piel. Es indiscutible que en Cali, las divisiones de clase se han acentuado con la llegada de Salcedo.

A Polo también le cuestionan su falta de liderazgo. El mismo alcalde reconoce que le ha costado hacer equipo de gobierno y que se siente solo. También, que tiene divisiones internas, que entre algunos de sus colaboradores hay "ansias de poder" y que todo el mundo dice "yo soy los ojos de Polo". Al evaluar su gestión, Salcedo dijo que si bien "no es la maravilla, para nada es una catástrofe".

La de Polo no es la primera alcaldía severamente criticada por los caleños. Las tres anteriores de Ricardo Cobo, Mauricio Guzmán y Jhon Maro Rodríguez dejaron una gran desilusión. El alcalde Salcedo está aún a tiempo de evitar que se repita la historia. Su discurso sobre lo social está a prueba, más cuando gran parte de las denuncias involucran precisamente los recursos destinados a los más pobres. Así como cambió el piso de su oficina para evitar que le metieran goles, ya tiene suficientes alarmas prendidas a su alrededor que están pidiéndole a gritos que le ponga piso duro a toda su administración.
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