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| 4/2/2012 12:00:00 AM

¿Quién mató a Manuel?

Con la muerte de Manuel Ruiz y de su hijo, ya son 13 los reclamantes de tierras asesinados en Urabá chocoano y antioqueño, y Córdoba.

De no haber sido por su ingenuidad, seguramente los asesinos de uno de los líderes del largo calvario por el reclamo de tierras de las comunidades negras de Curvaradó y Jiguamiandó, Manuel Antonio Ruiz, no habrían encontrado la excusa perfecta para matarlos a él y a su hijo Samir el pasado viernes 23 de marzo.
 
Un día antes de que este campesino de 56 años de Apartadocito (Curvaradó), que era para todos la memoria ambulante de los linderos de tierras en el Urabá chocoano, se dispusiera a participar en una inspección de tierras que habían ocupado los paramilitares, recibió un mensaje de texto.

En él decía que era el feliz ganador de tres millones de pesos y que para reclamarlos debía viajar hasta Mutatá, a casi dos horas de Apartadocito, para hacer tres recargas de celular, cada una de 100.000 pesos, en un local de apuestas conocido como Gana Central. Para un campesino como él, padre de ocho hijos y desplazado por la violencia, tres millones a cambio de 300.000 caen del cielo. Por eso no lo dudó e hizo la recarga, aunque no tenía ni un peso en el bolsillo.

Tampoco tuvo miedo de viajar armado sólo con su machete y acompañado de su muchacho de 15 años en bus, a pesar de ser una de las 37 personas amenazadas por reclamar tierras y de no tener protección aunque la pidió tres veces desde el 2009. La trampa estaba tendida.

Cuando la dueña del local se dio cuenta de que Manuel no tenía con qué pagar, entró en furia y enseguida llegaron dos hombres. “Los tipos le dijeron que esas recargas eran para teléfonos de la guerrilla”, le dijo a esta revista un miembro del comité de inspección que habló con él después del incidente y que pidió la reserva de su nombre. A estas alturas, Manuel ya había mordido el anzuelo.

Minutos después, llegó la Policía. SEMANA intentó hablar con el coronel Leornardo Mejía, comandante de la estación de Urabá, pero no fue posible. Sin embargo, en declaraciones al diario El Tiempo el oficial confirmó que sus hombres lo habían retenido a la 1:45 de la tarde, pero que lo habían soltado a los 15 minutos, pues “unos funcionarios (del Ministerio del Interior) llamaron a la Inspección y nos dijeron que él no podía estar retenido. Era una persona protegida. Inmediatamente la fiscal los dejó salir”.
 
Manuel y su hijo se devolvieron en bus a Apartadocito pasadas las 3 de la tarde, aún con la ilusión de recibir el premio millonario. Pero a los siete minutos del trayecto, dos hombres le salieron al paso al vehículo y obligaron a los Ruiz a bajarse. Según otro testigo que habló con SEMANA, allí también viajaba un hombre armado que también se bajó.

Un comunicado de la Defensoría del Pueblo señaló que “horas  después se supo que (Manuel) había sido desaparecido por hombres presuntamente integrantes de las Águilas Negras. A las 5:00 p. m. del 23 de marzo, el señor Manuel Ruiz se comunicó con la Defensoría del Pueblo expresando que se encontraba junto con su hijo Samir Ruiz en una finca y que debía pagar la suma  $2’500.000 antes de la media noche”.
 
Pero nunca más volvió a llamar. El martes siguiente, a las 4 de la tarde, un grupo de pobladores que salió a buscarlo encontró el cuerpo de Manuel con señales de tortura flotando en la desembocadura del río Pavarandó. El miércoles encontraron el de su hijo, también torturado, en un sitio conocido como Cañaduzales, en aguas del Riosucio.

De no ser por esa trampa mortal, Manuel iba a ser al día siguiente de su muerte el guía de una inspección de linderos del Incoder en Los Pisingos, un predio de 880 hectáreas ocupado por paramilitares de Carlos Castaño en 1996 que primero fue entregado a empresarios de palma y luego a empresas bananeras.

El recorrido, además, era a propósito de un proceso crucial del Gobierno en el debe sanear las tierras, permitir el regreso de los desarraigados y proteger a los pobladores de las cuencas del Jiguamiandó y del Curvaradó. Por un auto de la Corte Constitucional del pasado 7 de marzo, esta le ordena también al Gobierno que el 19 de abril es la fecha límite la realización de una asamblea general para elegir a los representantes legales de los consejos comunitarios mayores de estos territorios.

“Mataron a la memoria viva de las tierras que alguna vez fueron de los campesinos”, dice uno de los compañeros de Manuel Antonio, mientras ACNUR dice que la muerte del líder comunal está estrictamente relacionada con el proceso de reclamación de tierras: “Algunos líderes participantes en el comité de censo que se desarrolla actualmente en Apartadó informaron a la comisión de acompañantes haber recibido amenazas posteriores a la desaparición y el asesinato de Manuel y su hijo”.
 
Con Manuel, ya son 13 los reclamantes de tierras asesinados en Córdoba y en el Urabá chocoano y antioqueño desde noviembre del 2008 hasta la fecha. No bastará entonces con proteger uno por uno a los líderes que reclaman tierras, sino que será necesario dar soluciones estructurales y buscar las cabezas responsables que, en sobre todo en esta región del país, están haciéndoles la cacería a los reclamantes de tierras.
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