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| 5/11/2011 12:00:00 AM

¿Quién organizó las ocupaciones en el Urabá antioqueño?

El vicepresidente Angelino Garzón señaló a algunos "políticos de la zona" de coordinar las invasiones de predios en varios municipios de la región.

Apenas comenzaba la semana pasada y unas 5.000 personas empezaron a invadir 11 predios vacíos, pero con dueños, ubicados en Carepa, Chigorodó, Turbo y Apartadó, en el Urabá antioqueño. Pero sólo se hicieron notables al final de la semana, cuando las autoridades iniciaron los desalojos. Algunos se opusieron y se armó la pelotera.
 
El comandante de la región número 6 de la Policía, general Luis Alberto Pérez, señaló que los invasores se comprometieron a salir de los terrenos de forma tranquila. Sin embargo, algunos panfletos amenazantes que rondan en Chigorodó hacen dudar que la salida de las últimas personas del los predios se dé tal y como lo esperan las autoridades: sin revueltas.
 
¿Estaban organizados?
 
Semejante cantidad de personas no se moviliza espontáneamente sin haberse puesto de acuerdo. ¿Que quién los organizó? Fueron políticos de la zona, dijo el vicepresidente Angelino Garzón.
 
Es posible. De hecho, los manifestantes llegaron pidiéndoles a sus alcaldes soluciones de vivienda, una promesa hecha siempre en época electoral e incumplida en la mayoría de las veces y cuyo reclamo resulta provechoso para cualquier candidato.
 
Pero Garzón fue más allá y culpó a políticos “de diferentes partidos como La U, Cambio Radical, Partido Liberal, Polo Democrático y el Partido Conservador”
 
El general Pérez no lo descarta. Dijo que existe la posibilidad de que las tomas a los predios puedan haber sido patrocinadas por políticos de la zona con el ánimo de conseguir votos de cara a las elecciones que se avecinan.
 
Según dijo Andrés Julián Rendón, secretario de Gobierno de Antioquia, quienes están detrás de las movilizaciones son tres concejales de Chigorodó, con líderes políticos y comunitarios que hoy no tienen ninguna investidura.
 
“Yo creo que es muy grave que un servidor público no dé ejemplo. Un servidor público jura en el momento de posesionarse respetar el Estado Social de Derecho, respetar sus instituciones. Es muy lamentable que no solo incite, sino que actúe bajo las vías de hecho”, dijo el secretario de Gobierno, quien además destacó que en los últimos tres años a esa región, conformada por 11 municipios, han llegado 10.000 soluciones de vivienda.
 
Pero los problemas sociales de Urabá logran desbordar cualquier intento por resolverlos. Lo paradójico es que a pesar de sus dolencias, esta región se entiende como próspera, lo que ha llevado a pobladores de otras regiones a vivir allí hasta provocar un exagerado crecimiento de su población en los últimos años.
 
Tradicionalmente, Urabá ha sido una zona agrícola (cultivada especialmente por banano, plátano y palma de aceite), ganadera y muy comercial. Su riqueza ha despertado la ambición de muchos, hasta el punto de convertirla en una de las zonas más azotadas por el conflicto en el país y emblemática en el despojo de tierras.
 
Pero no hay que confundir las víctimas de esa violencia con los manifestantes que son noticia esta semana. Aunque entre ellos posiblemente hay despojados, el movimiento de víctimas no apoyó aquella movilización. Las organizaciones de víctimas han rechazado las vías de hecho y han encontrado otra manera de lograr sus objetivos por vías más demoradas, pero contundentes.
 
Fueron partícipes en el diseño de la ley de víctimas que hoy discute el Congreso y algunas ya empezaron una nueva lucha titánica: acaban de pedirles a los parlamentos Europeo y Andino que si se aprueba el TLC entre Europa y Colombia, se incluya una cláusula de salvaguarda a favor de los derechos humanos para proteger a los líderes reclamantes de tierra y un aporte económico de las bananeras de tres centavos de dólar por caja exportada para el Fondo de Reparación de Víctimas. Con semejantes batallas, protagonizar disturbios sería un tropiezo para lograr los objetivos. Y menos ahora, cuando el gran logro de la ley de víctimas está por consumarse.
 
Carmen Palencia, directiva de la Asociación de Víctimas para la Restitución de Bienes y Tierras del Urabá Antioqueño, descartó que las ocupaciones fueran protagonizadas por personas de grupos que, como el suyo, reclaman la devolución de terrenos de los que fueron despojados en el pasado por paramilitares y narcotraficantes.
 
Las ocupaciones "no fueron en fincas, sino en predios urbanos. Esto es un problema social que tiene que ver con el déficit de vivienda. Es gente que no tiene casas", dijo Palencia.
 
"Nosotros no avalamos, no propiciamos vías de hecho" ni las invasiones de lotes, aseguró la activista, cuya asociación reúne a 2.800 familias que reclaman la devolución de al menos 50.000 hectáreas en Urabá.
 
Soluciones de vivienda

A raíz de la pelotera, el vicepresidente Garzón invitó a empresarios, trabajadores y gobiernos locales a “construir un acuerdo que traiga bienestar a la región de Urabá”.

El mismo Garzón le solicitó a la ministra de Vivienda, Beatriz Uribe, que busque soluciones de vivienda en los municipios donde se presentaron las manifestaciones.

El gobernador de Antioqiuia, Luis Alfredo Ramos, le recomendó al gobierno nacional que invierta más dinero para las viviendas de Urabá. En fin, hubo resonancia de la petición.
 
Y si hubo políticos que buscaron puntos con estas manifestaciones, se los llevaron todos. Es un hecho que aprovechar las necesidades de la gente es un fortín para cualquier candidato y ofrecer soluciones se refleja en votos. Mientras más posibilidades de solución aparezcan, mejor será la ganancia.
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