Quién responde por las CAR

Todo parece indicar que se está buscando al ahogado río arriba en el debate sobre los responsables de la tragedia invernal que vive el pais. Tras la declaración del presidente Juan Manuel Santos en la que les jaló las orejas a las Corporaciones Autónomas Regionales diciendo que debían tener más previsión, que debían haber invertido más y ser más eficientes, las miradas se centraron en cómo algunas de estas 33 entidades están en manos de políticos.

La reflexión simple es que fueron capturadas por la política regional y que por eso no funcionan. Es fácil pensar esto. En virtud de sus responsabilidades, tienen una atractiva mezcla de dinero, autonomía y capacidad de atravesarse o bendecir el desarrollo de proyectos en sus áreas de influencia, todo lo cual es muy útil para manejos burocráticos, propicio para la corrupción.

Sin embargo, la realidad es que estas entidades no han sido capturadas, sino que históricamente el gobierno central las ha entregado a los políticos locales para lograr el respaldo que necesitan sus proyectos en el Congreso. En sus consejos directivos, que son el máximo rector de las Corporaciones, se sientan al menos 10 miembros. Participan un delegado del Presidente de la República, otro del Ministerio del Medio Ambiente, uno de los gremios, el gobernador, cuatro alcaldes que se rotan cada año y sendos representantes de las asociaciones de medio ambiente, las comunidades indígenas y las negritudes, según el lugar donde estén.

Es decir, de la totalidad de los votos hay dos que son directamente del alto gobierno, y por lo general el de los gremios se alinea con lo que se dicte desde Palacio. El gobernador usualmente atiende a los intereses de un congresista de su misma cuerda política. Este último es el que logra calibrar los intereses nacionales con los regionales, pues los alcaldes y demás representantes usualmente son pragmáticos y se acomodan a quien tenga la mayoría, ya que a ellos les interesa canalizar los abultados presupuestos hacia las iniciativas de sus municipios.

Esto explica por qué al momento de la cuenta de cobro aparecen en primer plano nombres de clanes políticos como el de los García, en Carsucre y Corpomojana; el de López Cabrales, en la Corporación de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS), o el de congresistas como Juan Manuel Corzo, relacionado con Corponor, de Santander, o a Jorge Pedraza, en la de Boyáca, o la puja que hay en la Corporación del Valle del Cauca (CVC) entre el líder del PIN Juan Carlos Martínez, desde La Picota, o los congresistas de La U Dilian Francisca Toro y Roy Barreras, entre otros casos.

Cuando aparecen los nombres de políticos generalmente la primera reacción es pedir que se cierren esas entidades o que se dicten leyes para reformarlas, pero esta es una lectura incompleta. De ahí que es bienvenida la iniciativa del actual gobierno de que esto cambie, pues el revolcón en este caso comienza en casa. Es claro que si se dictan algunas medidas excepcionales amparadas en la emergencia, será un punto de partida. Estas deberían apuntar a buscar una redistribución de los presupuestos de acuerdo con unos indicadores técnicos de la gestión de las CAR y a una mayor coordinación de su trabajo con las diferentes entidades que participan del Sistema Nacional Ambiental. Pero aun si se proponen esos ajustes en el papel, nada va a cambiar si no se suprime la práctica de usar a las CAR como moneda de pago de los gobiernos de turno a los congresistas que garantizan su apoyo.