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| 2/21/1983 12:00:00 AM

¿QUIEN TENSIONA LA CUERDA?

Acciones de extrema derecha y extrema izquierda ponen en jaque el orden público en el país.

Durante la semana pasada los colombianos se inquietaron por la situación del orden público.
Por un lado, un número alarmante de casos serios de delincuencia común y por el otro, recrudecimiento tanto de las acciones de algunos grupos guerrilleros como de las del MAS y sus similares. A diario, los periódicos hablaron de secuestros de niños, de hacendados. Al drama del secuestro de Gloria Lara se sumaba la incógnita de otro, que aunque la prensa dejó de mencionar sigue sin solución, el de María Antonia Garcés de Lloreda. El viernes se sumaba otro más, el de la señora pereirana Bertha Zuluaga de Salazar, extendiendo la nueva modalidad de secuestro, al de señoras de familias tradicionales y pudientes de las distintas ciudades del país.
Algunos grupos guerrilleros, como las FARC y el EPL, redoblaron su ofensiva, en lo que apareció como una clara respuesta negativa a acogerse a la tregua democrática que abría la amnistía. El asalto a la población caucana de Toribío por parte de las FARC, fue el golpe más aparatoso y violento desde el que el M-19 diera en Chía. Más de 120 hombres del VIII frente de las FARC llegaron armados con bazucas, granadas y metralletas, se tomaron el puesto de policía, asaltaron la Caja Agraria, liberaron a los presos de la cárcel y fusilaron al presidente del Concejo, el liberal Héctor Muñoz, tras "juzgarlo" públicamente. Durante la acción murieron 3 guerrilleros y 3 militares resultaron heridos. Aparte de este golpe, las FARC se atribuyeron otros de menor alcance y varios secuestros. El EPL, por su parte, dió un golpe similar en la población antioqueña de San Sebastián de Urabá, donde entraron el viernes pasado en la noche según versión de El Tiempo, 150 hombres; asesinaron a dos ganaderos e hirieron a varias personas, intentaron saquear la Caja Agraria y atracaron varios comercios, Zonas donde el conflicto armado es tradicional, siguen viviendo un clima de guerra. En el Caquetá los grupos guerrilleros han denunciado una constante persecución militar pese a la amnistía, mientras que las autoridades, en lo que va corrido del año, denuncian el secuestro de 15 personas por parte de "delincuentes comunes y grupos guerrllleros".
La ultraderecha continuó asesinando e intimidando gente, tal como venía haciendo de tiempo atrás. (ver recuadro). Uno de los hechos que más conmovieron a la opinión fue la captura de los tres primeros sindicados de pertenecer al MAS, después de más de un año de funcionamiento de este mismo. Se trataba de tres campesinos del municipio de San Vicente de Chucuri, en Santander, zona donde la presencia de las FARC ha sido permanente. Manuel y Clodomiro Niño Uribe y Pedro Pablo Ortiz confesaron ante la prensa haber perseguido y torturado personas actuando bajo órdenes y supervisión de militares y leyeron la larga lista de personas a las cuales tenían órdenes de matar. Su relato --considerado por el cura párroco, Bernardo López, y por otras autoridades del pueblo como veraz, espontáneo y hecho sin coacción- reveló datos precisos sobre el entrenamiento que recibían, junto con otros 100 civiles, en los cuartéles del ejército y los poligonos de tiro de Yarima, San Juan Bosco, Laverde. Dijeron haber recibido armas de dotación y entrenamiento por parte de los militares, con el fin de perseguir y emboscar guerrilleros y de matar a los campesinos que actuaran como "informantes" de "la gente del monte".
Manifestaron que muchas de sus actividades las hacían conjuntamente con los soldados y que "patrullaban" la zona en jeeps del ejército. Dieron los nombres propios de las personas que los organizaban Y les daban las órdenes: el capitán Ariza, el coronel Gil y el inspector de policía Isidro Carreño. Según los tres campesinos, estas personas les pagaban por hacer lo que hacían. SEMANA visitó la zona, habló con los tres detenidos, ratificó la versión dada por la prensa y pudo comprobar el terror que reina entre los campesinos de la zona ante la presencia de este grupo de civiles armados que se autodenomina indistintamente " Los Grillos " o " MAS " .
La vinculación de las Fuerzas Armadas al MAS fue enérgicamente desmentida por el general Matamoros, quien declaró que tal vinculación era tan sólo una difamación por parte de "sectores de izquierda". Tanto los testimonios de los campesinos detenidos, como las réplicas a éstos, pusieron sobre el tapete la urgencia de que se diera a conocer el informe que el Procurador, Carlos Jiménez, ha venido anunciando sobre los integrantes del MAS.
El punto de los desaparecidos por acción de los grupos paramilitares salió nuevamente a flote y un boletín repartido a los medios de comunicación por la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, daba cuenta, uno por uno, de más de 50 casos. Todo lo anterior coincidió con la época de vencimiento de los convenios colectivos, que dieron lugar a una oleada de conflictos, que estallaron en forma aguda por las tensiones del momento económico (ver artículo).
Ante los ojos del ciudadano común, estos hechos aislados, vistos en cadena, parecian conformar una situación de conjunto incierta y preocupante. Algunos medios de comunicación parecían fomentar esta imagen, como El Tiempo, que con su permanente denuncia de los actos de la subversión y de la delincuencia, la semana pasada tomó el aspecto de un verdadero diario de guerra. Hacia el final de la semana, el Comandante de las Fuerzas Militares, general Gustavo Matamoros, entregó al Procurador un balance de los "hechos de violencia ocurridos en el país desde que entró en vigencia la ley de amnistía", en el cual señalaba el recrudecimiento de la actividad guerrillera. En el artículo sobre este tema del 20 de enero, El Tiempo señala que aunque las Fuerzas Militares "admiten que la amnistía ha arrojado resultados satisfactorios", las Fuerzas Armadas no dejan de registrar "delitos como el secuestro y la subversión desde cuando se levantó el estado de sitio y se derogó el estatuto de seguridad".
¿HORA CRITICA?
¿Qué tan crítica era realmente la situación de conjunto?. ¿Se empezaba a vislumbrar el momento en que la suma de hechos llevaba a un punto crítico, que exigía un viraje en la política para enfrentarlos? Aunque nadie lo mencionara abiertamente, la discusión que parecía estar latente era una especie de primer balance de los resultados de la amnistía y del planteamiento de apertura. ¿Era realmente capaz el gobierno, sin estado de sitio y sin estatuto de seguridad, de mantener el país en calma y bajo control?
En una entrevista concedida a Caracol, los ministros de Gobierno y Justicia parecieron responder a esta pregunta tácitamente planteada e indirectamente debatida por diversos sectores de la opinión pública. Para Rodrigo Escobar Navia, la evolución del orden público era "favorable, desde muchos puntos de vista", a pesar de los brotes de delincuencia y violencia: "La paz no ha fracasado, ni los esfuerzos por lograrla. Lo que ha fracasado es la violencia, venga del lado que venga". Para Minjusticia, Bernardo Gaitán Mahecha, aunque la situación habría sufrido un deterioro, habría que darle más "tiempo y comprensión al proceso de recuperación".
A pesar de la confluencia de "actos de delincuencia política y de delincuencia común" que se viven en el actual momento, según el ministro ésta no sería, por mucho, la situación más grave de los últimos años: "Ha habido más intensidad en momentos anteriores...".
En contraposición a estas opiniones, hay sectores de peso que creen que es necesario volver a fórmulas más rígidas para controlar la situación de orden público. SEMANA se enteró, por ejemplo, de que un grupo de familias tradicionales del Valle, justamente indignadas por el secuestro de la señora Garcés de Lloreda había pedido al gobierno la reimplantación del estado de sitio. Por otro lado, ya son vox populi las versiones según las cuales dentro del Ejército existiría una fuerte polémica entre un sector democrático, encabezado por Landazábal, que defendería la política aperturista del gobierno del presidente Betancur, y otro sector de línea dura, partidario de volver a adoptar medidas como las que rigieron durante el ministerio del general Camacho Leyva. Para este último sector, los resultados de la actual orientación ya estarían a la vista y serían negativos.
Dentro de esta presión por la vuelta atrás, evidentemente habría que contar las acciones de la violencia ultra tanto de la derecha como de la izquierda. El crimen de Gloria Lara, los asesinatos del MAS y el reactivamiento de la actividad guerrillera son hechos que buscan cambiar las reglas del juego y que logran, en la práctica, estrecharle el camino a una apertura democrática que pugna por abrirse paso. Parecerían un intento por tensar más la cuerda, a ver si se revienta.
Cualquier balance que quiera hacerse de los resultados de la amnistía, resultaria unilateral si tiene como único parámetro el número de fusiles entregados. Si bien la guerrilla es el sujeto al cual fue dirigida la amnistía, ésta cubre, en sentido amplio, a todos los colombianos, si se la entiende como la expresión concreta de una voluntad democrática. Así parece entenderlo el grueso de la población, dentro de la cual los alzados en armas son una ínfima minoria. En este sentido--si no fuera precipitado aún hacer balances--habría que decir que el gobierno se anotó un tanto a favor: le dió la libertad a unas cuantas decenas de presos politicos, y aunque no haya logrado que la guerrilla deponga las armas, si logró cohesionar, en torno a él y a sus medidas, a la gran mayoría de los colombianos. Podría decirse que, dada la fuerte presión por la paz que se vive en el país, si la guerrilla no aprovecha la amnistía para enfocar su política por la vía legal, el problema y el balance negativo son para la propia guerrilla, y no tanto para el gobierno .
Inclusive visto el balance desde el punto de vista específico del "cese del fuego", aún es temprano para vaticinar catástrofe. La respuesta final del M-19 que representa por si sólo como mínimo la mitad de la fuerza guerrillera, sigue siendo una incógnita. De hecho, de la votación de la amnistía a esta parte, sus actividades parecen haberse limitado a actos públicos en las plazas de los pueblos. Esto concatenaria con otros elementos aislados, como la declaración de uno de los máximos dirigentes de ese movimiento, Carlos Toledo Plata, en el sentido de que abandonaría la lucha armada.
Desde luego, la política del M-19 es tan imprevisible y errática, que nada tendría de raro que volvieran a hacer otra "toma de Chía", acto que ocurrió en el momento en que la gente menos lo esperaba. Pero también cabría esperar que este grupo, o como mínimo una parte importante de él, se transara por las vías del derecho.
Aunque ningún grupo guerrillero ha depuesto las armas en forma colectiva, es ya larga la lista de sus integrantes que lo han ido haciendo individualmente. En el Caquetá, por ejemplo, toda una columna conformada por campesinos, que habían permanecido durante largo tiempo desvinculados de la dirección del movimiento, resolvió, por cuenta propia, acatar la amnistía.
También es sabido que dentro de los grupos guerrilleros, así como hay sectores radicalmente opuestos a que se depongan las armas, también los hay que presionan porque se acate la amnistía. Esto ya ha ocasionado varias divisiones y posiblemente las habrá aún mayores.
Por estas razones, sería prematuro hablar de fracasos. A pesar de la gravedad de la situación de orden público, que nadie ignora, y de las trompetas del Apocalipsis que se dejan oir aquí y allá, nadie que mire las cosas seria y objetivamente puede decir que al país le llegó la hora crítica.-
EL MAS ACTUA
Según datos del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, este sería el recuento de las acciones del MAS, desde su fundación el 3 de diciembre del 81 en Cali.
96 fallecidos.
46 torturados.
4 atentados.
65 secuestrados.
59 amenazados.
45 familias que debieron emigrar del Magdalena Medio.
Estarían discriminadas así 38 dirigentes.
63 campesinos.
11 mujeres.
7 estudiantes.
3 sacerdotes.
1 ex diputado.
19 profesionales.
4 aviadores.
7 concejales.
2 niños.
5 maestros.
En los últimos meses, las víctimas serían estas:
El Campamento, Antioquia (Noviembre82).
Campesinos: Jorge Ignacio Giraldo y Luis Carlos Barrientos Jiménez fallecieron luego de ser torturados.
Giron, Santander Diciembre 2982).
Julio César Portela.
Barranca Santander (Enero83).
Campo petrolero número 25.
José Jiménez Quijano, Jorge Jiménez Quijano, Guillermo Jiménez Serrano Medellín, Antioquia (Enero83).
Juan Guillermo Navarrete, muerto por el asesino de la moto.
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