Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

×

| 2/12/2011 12:00:00 AM

¿Quién tiene la culpa?

Las críticas que le han llovido por estos días al ministro de Defensa reflejan no solo una preocupación en el orden público, sino fuertes tensiones en la coalición de gobierno.

La semana pasada, la política colombiana arrojó una versión casi perfecta del mundo al revés: el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, uno de los campeones de la segunda reelección de Álvaro Uribe, se vio duramente criticado por adalides del uribismo, como los pres identes del Congreso, Armando Benedetti, y del Directorio Conservador, José Darío Salazar, mientras salían en su defensa antiuribistas tan notorios como Rafael Pardo, jefe del liberalismo, y el expresidente Andrés Pastrana.

¿Qué explica esta curiosa situación? ¿lo está haciendo mal el ministro y tienen razón sus críticos en que la seguridad se está deteriorando o hay algo más detrás de la lluvia de críticas? Esta es, en el fondo, la pregunta que hay que hacerse. La respuesta tiene profundas implicaciones.

El debate se ha centrado en las capacidades de Rivera para liderar lo que los militares llaman ahora la "confrontación" (el conflicto armado) y manejar la seguridad. Unos alegan que su personalidad no va con la de un mariscal civil que tiene que conducir una guerra, enfrentar a las llamadas bandas criminales y lidiar con la percepción de creciente inseguridad en las ciudades (donde vive la mayoría de sus críticos). Otros dicen, apuntando a ataques de las Farc en los últimos meses o a la situación en regiones como Córdoba, donde hubo 51 asesinatos en los primeros 60 días del año, que el país asiste a un visible deterioro de la seguridad que habría dejado el gobierno anterior. El agua salpicó hasta al comandante general de las Fuerzas Armadas, el almirante Édgar Cely, pues no faltan quienes opinan que la conducción de las fuerzas militares no debe estar en manos de un marino. Quienes defienden a Rivera, como el liberal Pardo, alegan que problemas como el de los grupos criminales son 'heredados' y defienden lo que Pastrana llamó "importantes logros" de este gobierno en seguridad. Y dicen que la cuestión con Cely tiene que ver con celos del Ejército, que siempre ha tenido ese cargo.

El ministro descartó el asunto negándose a "pedir un pase de cortesía en los mentideros políticos o periodísticos" (en obvia referencia a un editorial de El Tiempo del 23 de enero y a columnas en ese y otros diarios criticando su gestión). Respuesta algo olímpica que, como las críticas, no va al meollo del asunto, el cual tiene que ver con dos cosas: las condiciones en las que llega el ministro y los nuevos retos de seguridad que el país enfrenta desde finales del último gobierno de Álvaro Uribe y ante los cuales la celebrada estrategia de seguridad democrática tenía fallas evidentes.

Pocos ministros de Defensa han asumido ese cargo con las estrellas en una posición tan compleja. Que Rivera sea un político sin experiencia militar, como varios de sus antecesores, es quizá el menor de los problemas. Para empezar, su antecesor al frente de la Defensa ahora es presidente de la República y conserva infinidad de canales y no pocos titulares de puestos claves en la cartera que ahora maneja su subordinado. Juan Manuel Santos se trajo a la Presidencia a sus dos viceministros de Defensa: Juan Carlos Pinzón, como secretario general, y Sergio Jaramillo, como asesor de Seguridad Nacional, un cargo que si bien se supone debe facilitar el diseño de política, introduce elementos nuevos en el manejo del tema de seguridad y en las relaciones entre sus múltiples responsables. Otros dos nuevos consejeros, Francisco Lloreda y Alejandro Eder, quedan, respectivamente, a cargo del área de seguridad ciudadana y de la reintegración de combatientes desmovilizados, un factor que, como se ha visto, es clave en la conformación de las llamadas bandas criminales (53 por ciento de los jefes de estos grupos capturados vienen de las antiguas AUC). Hay, pues, mucha gente de alto nivel que maneja los mismos temas que Rivera. Para completar, la cúpula militar y uno de los dos viceministros de Defensa fueron nombrados antes de su llegada, y él solo pudo traer al otro viceministro: Rafael Guarín, con estudios pero sin experiencia en esta área. Por último, el nuevo ministro, que no ha hecho gala de grandes habilidades en el manejo de los medios, tiene como subalterno a una estrella mediática con órbita propia: el general Óscar Naranjo, de la Policía.

Pese al entusiasmo de Santos con la labor de Rivera como operador político durante su campaña y a la cercanía de este último con el uribismo, estas condiciones hacían, de entrada, el cargo difícil; la herencia lo vuelve peliagudo. Si un tema iba a ser crucial para cualquiera que sucediera a Uribe era el de la seguridad. El abrupto cambio de un jefe como Uribe, que se saltaba la línea de mando de un telefonazo llamando a coroneles a brigadas distantes, a un manejo más convencional bajo el presidente Santos habrá generado un secreto alivio entre muchos militares que volvieron, como dice uno de ellos, a "recuperar el conducto regular", pero puede producir entre sectores del público la percepción de que quien está al frente ahora 'manda menos' que antes.

No es esta conjunción de circunstancias lo único que conspira contra una continuidad fluida para quien encabeza el Ministerio de Defensa desde el 7 de agosto del año pasado. Áreas gruesas vienen en deterioro desde antes de esa fecha. La política de seguridad democrática fue muy efectiva contra la guerrilla, pero mucho menos frente a la transformación de los paramilitares desmovilizados en los nuevos grupos de traficantes que tienen asoladas varias regiones del país.

La tasa de homicidios se resiste, desde hace dos o tres años, a disminuir al rápido ritmo en que lo hizo en los primeros tiempos de Uribe. Aunque el titular de Defensa exhiba operaciones como la muerte del 'Mono Jojoy' o la de 'Cuchillo' y muestre una reducción en casi todas las cifras de delitos de alto impacto, el aumento en el consumo interno de drogas, el microtráfico y la extorsión a pequeña escala han erosionado de manera sostenida la percepción ciudadana de seguridad. Los tiempos han cambiado: las capas urbanas, donde se genera la opinión en este país, casi parecen haber dado vuelta a la página del conflicto armado, mientras han pasado a primer plano la seguridad ciudadana y hechos ligados a los nuevos grupos de crimen organizado, como el asesinato de los dos estudiantes de la Universidad de los Andes, en Córdoba, que capturó la atención a comienzos de año.

Un timonazo drástico en materia de seguridad es lo que parece necesario. Y el gobierno no ha mostrado agilidad en cambiar el rumbo del barco. Aunque esto se ha venido discutiendo en el Ejecutivo, la primera muestra contundente que le anunció al público medidas integrales fue la reunión del Consejo de Seguridad Nacional, el lunes 7 de febrero, en la que se debatió la estrategia frente a las bandas criminales (Bacrim). Las decisiones fueron significativas y, por primera vez, se puso a todos los involucrados -no solo militares, Policía y altas consejerías, sino Fiscalía, Ministerio de Hacienda y Consejo de la Judicatura incluidos- a tocar la misma tonada, pero ese día se filtró desde el Ministerio de Defensa un documento que fue publicado en algunos medios como la estrategia adoptada (el famoso texto de las 6 D), cuando se trataba apenas de un material de discusión. Toda una "embarrada", como la calificó un alto oficial, que deja un mal sabor sobre cómo se está encarando en la cúspide del gobierno la difícil tarea de coordinar cambios complejos en la estrategia de seguridad.

En el fondo, la pregunta que hay que hacerse es esta: ¿Está "revuelto", como dijo el presidente del Senado, Armando Benedetti, el tema de seguridad a causa de un flojo desempeño del ministro de Defensa o está "revuelto" el uribismo ante cambios y distancias que, aunque no se formulan explícitamente, se insinúan en este gobierno frente al anterior en esta área?

La respuesta no es blanco o negro. Por una parte, más que un súbito deterioro en la seguridad lo que parece haber en ciertos sectores es una preocupación por preservar sin tacha el legado en esta materia del gobierno anterior, y Rodrigo Rivera luce como el blanco más débil. Desde este punto de vista, tienen cierto grado de injusticia las críticas al ministro. Pero, por otro lado, es evidente que la situación de orden público se le está complicando a este gobierno y no ha respondido adecuadamente. Que el primer gran evento integral para enfrentar un fenómeno tan protuberante y con un impacto muy fuerte sobre la población como las Bacrim -responsables de casi un tercio de los desplazamientos masivos y de 22 de las 39 masacres que hubo el año pasado- tenga lugar a seis meses de iniciado el nuevo gobierno no es exactamente una demostración de velocidad. Rivera es, pues, a la vez, víctima de las tensiones que estos cambios están introduciendo en las alianzas políticas alrededor del presidente Santos y de las complicadas circunstancias en que le tocó asumir la papa más caliente que dejó Álvaro Uribe. En teoría, la Unidad Nacional sigue intacta. Este debate muestra que, bajo la superficie, bullen las tensiones. A mediano plazo, las implicaciones pueden ser de grueso calibre.
¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 1839

PORTADA

Odebrecht: ¡Crecen los tentáculos!

Las nuevas revelaciones del escándalo sacuden al Congreso y al director de la ANI. Con la nueva situación cambia el ajedrez político al comenzar la campaña electoral.