Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2001/03/19 00:00

¿Quién tuvo la culpa?

Las declaraciones de César Gaviria abren el debate sobre quiénes son los responsables de la quiebra del país.

¿Quién tuvo la culpa?

La frase del ex presidente César Gaviria cayó como una bomba. “Tengo que confesar que, como a tantos colombianos, la evolución del país con posterioridad a mi gobierno me ha dejado perplejo”, dijo hace pocos días en el foro de Anif y Fedesarrollo. La andanada de críticas no se hizo esperar. Dirigentes gremiales, analistas económicos y columnistas engatillaron sus municiones contra el artífice del revolcón. No faltaron los dardos a la apertura, ni el cruce de reproches políticos, ni las glosas semánticas sobre la perplejidad de Gaviria.

El contraste no podía ser más marcado. Quien hablaba frente a un auditorio de tecnócratas parcos y una opinión pública escéptica era la misma persona que hace poco más de 10 años, lleno de audacia y vigor, les decía a los colombianos: “Bienvenidos al futuro”.

Eran los tiempos del optimismo y la esperanza, en los que se vislumbraba la solución definitiva a los más viejos y profundos problemas del país: una nueva Constitución que, por primera vez, interpretaba a toda la sociedad, una apertura que dejaba atrás décadas de proteccionismo y atraso, unos grupos guerrilleros que dejaban las armas para someterse a la democracia, y una nueva generación de jóvenes que se sentía comprometida y quería cambiar las cosas. El país crecía y los colombianos tenían fe en el futuro.

Diez años después el impulso de esa ilusión terminó estrellándose contra una pared de concreto. Ni siquiera el más pesimista de los colombianos hubiera vaticinado la pesadilla que ha vivido el país en los últimos años: la economía se desplomó en la peor recesión del siglo, el desempleo pasó de 10 a 20 por ciento, miles de inversionistas extranjeros hicieron maletas, la tenaza guerrilla-paras tiene sitiado gran parte del territorio, y 1.072.000 colombianos se han ido del país entre 1996 y 2000.

Todo esto es más que suficiente para dejar perplejo a cualquiera, incluso a un ex presidente, que en Colombia lo puede haber visto todo. Sin embargo, lo que cayó mal de la frase de Gaviria es que sonó como si él no tuviera ninguna responsabilidad en lo que ha sucedido. Y por tratarse del presidente que transformó las instituciones y abrió la economía, su intervención volvió a encender el debate sobre el modelo económico y los responsables de la crisis actual.

El tema da lugar a apasionadas discusiones y se suele presentar como una pelea entre neoliberales y socialdemócratas. Los primeros, más de centroderecha (donde caben los gaviristas, los pastranistas y los miembros de la Junta del Banco Central) abogan por el libre comercio, la eficiencia, reducir el tamaño del Estado y dejarle el mayor espacio posible al sector privado. Y los otros, más de centroizquierda (donde caben los samperistas), están preocupados por la equidad, en la que el Estado desempeña un papel muy importante. Unos acusan a las políticas neoliberales de todos los males. Otros, por el contrario, dicen que lo que ha faltado es más neoliberalismo. La polémica también tiene un alto ingrediente político: unos dicen que el samperismo y su proceso 8.000 acabó con el país. Otros que fue el gavirismo y su apertura desbocada. Y unos más que ha sido la actitud vacilante de Pastrana.

Sin embargo estas etiquetas ideológicas poco ayudan a entender por qué un país acostumbrado a vivir en conflicto durante décadas llegó a semejante colapso económico y social. Y las causas de la crisis van más allá de una teoría económica, de un rótulo neoliberal o un gobierno. Son muchas y muy variadas, pero a la vez muy concretas. Por eso, luego de una década, muchos colombianos se preguntan ¿qué fue lo que pasó?



Abrete sesamo

Nunca faltan quienes señalan a la apertura como la causante de todos los males económicos del país. A fuerza de ser repetida, esta teoría ha calado en la opinión pública. Y es que, en verdad, durante los 90 los efectos de la competencia extranjera se hicieron evidentes en muchos sectores pero sobre todo en el campo, donde se dejaron de cultivar cerca de un millón de hectáreas. “Esa apertura desmesurada fue la que llevó a la ruina del sector agropecuario”, afirma Jorge Visbal Martelo, presidente de Fedegan.

Frente a esta crítica, la respuesta de los defensores del libre comercio no deja de ser sorprendente: en Colombia no ha habido una verdadera apertura. “El país está lejos de tener una economía plenamente abierta a la competencia internacional”, afirma Armando Montenegro, presidente de Anif. “En comparación con otros países, los aranceles son relativamente altos, y el comercio no ha crecido mucho en relación con el tamaño de la economía. Ahí están los datos”, añade.

Lo que no siempre se dice es que mientras la economía colombiana se abría sucedieron otras cosas que golpearon más fuerte que los mismos aranceles. La revaluación, en particular, tuvo un efecto devastador, y estuvo impulsada en gran parte por los capitales extranjeros que llegaban a chorros por esos años. En los dos años siguientes a la apertura, por ejemplo, el sector algodonero dejó de sembrar 220.000 hectáreas de algodón, dejando igual número de empleos directos (una hectárea por trabajador). “Para nosotros no fue la apertura sino la forma como se hizo: con revaluación y sin proteger al sector agropecuario frente a la competencia desleal del exterior que está subsidiada”.

En todo caso, a pesar de las críticas por la forma como se hizo —faltó gradualismo, dicen algunos— casi nadie pone en duda el hecho de haber abierto la economía. Era una tendencia mundial y Colombia no se podía quedar por fuera. Además, si bien es cierto que la baja de los aranceles golpeó a muchas industrias, estuvo lejos de ser la única causa de los descalabros empresariales.

Uno de los puntos más controvertidos del modelo económico colombiano es que, contrario a la doctrina neoliberal que propone reducir el tamaño del Estado, se hizo lo contrario. El gasto público tuvo una expansión sin precedentes durante los 90 —el gobierno central pasó de gastar 10 por ciento del PIB a 18 por ciento en 10 años—. Este mayor tamaño del Estado no sería problemático si hubiera con qué financiarlo, pero a lo largo de la década se hizo evidente que no había cómo hacerlo —la prueba es la cascada de reformas tributarias—. Así, el gasto público terminó por convertirse en la causa de gran parte de los dolores de cabeza que padece la economía colombiana. “Apertura y gasto fiscal son incompatibles. Más aún en una economía globalizada”, dice Juan José Echavarría, director de Fedesarrollo.

Buena parte del aumento en el tamaño del Estado se origina en las reformas que realizó Gaviria —en áreas como justicia y seguridad—. A esto se sumó la debilidad política del gobierno de Ernesto Samper, quien gastó a manos llenas para mantenerse en el poder —sólo en 1996, año crítico del proceso 8.000 el gasto público tuvo un crecimiento real de 24 por ciento—.

Pero, en opinión de muchos, lo que más ha contribuido al desmadre fiscal es la Constitución del 91. Se ha estimado que la Carta Magna y las leyes que la desarrollaron generan necesidades de gasto de 4,2 por ciento del PIB cada año. Por eso, cuando se discute la quiebra del país, la Constitución es blanco de no pocas críticas.



Quiebra magna

Una Constitución que protege toda clase de derechos y que le ofrece a la gente los mecanismos para defenderse terminó costándole una fortuna a un país pobre. “La Constitución generó unos costos enormes y ya no hay correspondencia entre lo que se gasta y lo que la gente está dispuesta a pagar en impuestos”, dice María Mercedes Cuéllar, presidenta del Instituto Colombiano de Ahorro y Vivienda (Icav).

Los fallos de la Corte Constitucional, como el que obliga al gobierno a pagar 800.000 millones de pesos en aumento de salarios a los funcionarios públicos, y que interpretan el espíritu igualitario de la Constitución, les han dado la razón a quienes le echan a la Carta Magna buena parte de la culpa. La preocupación era más que obvia: esa cantidad de plata, que se fue en burocracia, habría podido destinarse a la inversión social.

Otro de los más fuertes ataques contra la Constitución se encuentra en la rigidez de las transferencias. La descentralización que propugna la Constitución, y que obliga a la Nación a transferirles el 43 por ciento de los recursos a los municipios y departamentos, terminó siendo ruinosa porque no vino acompañada de una fiscalización de los recursos. Gran parte de los billones que se giran anualmente desde Bogotá terminan en manos del clientelismo y la corrupción de las regiones.

Pero no fue sólo cuestión del desgreño sino de una descentralización que se hizo a medias. Se les entregó la plata a las regiones pero no se les exigió responsabilidad fiscal. Para Manuel José Cepeda, uno de los cerebros de la Constitución, al gobierno le dio miedo darles plena autonomía a los departamentos y municipios en el manejo de los recursos, y esa descentralización coja ha sido una causa de la crisis fiscal. “Más que un problema de Constitución, hay un problema de política pública. Y ninguno de los tres gobiernos se ha dado la pela de exigirles a los departamentos y municipios responsabilidad fiscal ”, dice Cepeda.

Actualmente, nadie duda que la Constitución ha salido muy cara y que ha sido una variable importante del ahondamiento del hueco fiscal. Sin embargo, con ella se lograron indudables avances en materia de derechos sociales, a los cuales los colombianos difícilmente renunciarían. Y es simplista presentarla como el gran Satán detrás de la crisis cuando la Corte se ha excedido en su interpretación, los departamentos y municipios no rinden cuentas, y no hay una vigilancia estricta de las millonarias transferencias que hace la Nación.



La ortodoxia

A la hora de encontrarles responsables a la crisis uno de los blancos preferidos por la opinión pública —además de la apertura y el caos fiscal— es el Banco de la República. Para muchos empresarios del país, los directores del Banco se parecen a la tripulación de un jumbo: encabinados en la teoría económica y cuando oprimen los botones aumentan la turbulencia en vez de disminuirla.

Por Constitución, el Banco está a cargo del control de la inflación y de la tasa de cambio. Y por tomarse demasiado en serio su trabajo es que hoy están en el ojo del huracán. Entre 1998 y 1999, por proteger a toda costa la banda cambiaria subieron al cielo los intereses (que llegaron a 36 por ciento), situación que casi acaba con la industria nacional que se encontraba muy endeudada.

¿Pero por qué la Junta del Banco se obsesionó tanto con proteger la banda cambiaria, que para muchos economistas ya no era un problema, poniendo en riesgo la producción nacional?

El Banco cree que hizo lo correcto en su momento. “La banda se liberó en el momento en que no fuera a ser traumático. Si se hubiese hecho antes hubiera habido una devaluación masiva que habría sido muy perjudicial para sectores de la economía”, dice Miguel Urrutia, gerente del Banco. Pero por el temor a que se disparara el dólar a 3.000 pesos si le liberaba la banda, el Banco subestimó la crisis que se estaba gestando en el país y con su decisión contribuyó a agudizarla. “El Banco jamás lo confesará, pero en su fuero interno la Junta sabe que fue un error garrafal”, dice el economista Javier Fernández Riva.

El sector empresarial, por su parte, no ahorra adjetivos. Nicanor Restrepo, presidente del Grupo Empresarial Antioqueño, dice que fue “la peor locura que ha cometido el país y es la razón fundamental del deterioro del patrimonio de los colombianos”; Sabas Pretelt, presidente de Fenalco, dice que “la recesión fue inducida por el Banco a sabiendas de lo que estaban haciendo y eso causó mucho desempleo que va a costar tiempo recuperar”. Y Hernán Echavarría, de Corona, dijo a Portafolio que “es el principal responsable de la crisis”.

Nadie, sin embargo, en este debate en torno al papel del Banco de la República, ha cuestionado su independencia, ni siquiera los industriales más críticos. Lo que se critica es la ortodoxia económica con que ha buscado las soluciones en momentos en que las crisis exigen medidas más creativas y que interpreten la realidad. “Se desactualizaron los economistas. Con los cambios que han ocurrido en el mundo otros bancos centrales se han modernizado en sus ideas e instrumentos y eso le ha faltado al colombiano”, dice Guillermo Perry, jefe de la oficina del Banco Mundial en Colombia.

Irónicamente, la devaluación que tanto trasnochaba a la Junta del Banco hace un tiempo, es hoy la que está sacando al país de la recesión. Parafraseando a Guillermo Valencia, lo que hizo el Banco fue sacrificar un mundo para pulir un verso.



Hacia adelante

La apertura con revaluación, la Constitución del 91, el irresponsable manejo del gasto público, y la ortodoxia del Banco de la República ayudan —sin duda— a explicar por qué el país llegó tan hondo en materia económica, mucho más que el trasnochado debate entre neoliberales y socialdemócratas. Fueron decisiones, algunas de ellas equivocadas, y cuya responsabilidad recae sobre todo en los últimos tres gobiernos que las tomaron. “Muchos de estos problemas se gestaron en la administración Gaviria, en la de Samper se agravaron profundamente con la crisis política, y el gobierno de Pastrana se quedó cruzado de brazos los primeros dos años teniendo el capital político para enfrentarlos. Sólo hasta ahora se están tomando medidas de fondo”, dijo a SEMANA un analista económico que no quiso revelar su nombre. El carrusel de desaciertos en el manejo de la política económica, sumado a la agudización alarmante del conflicto armado, llevaron a que el gobierno acudiera a la ayuda del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Y después de tantos cambios y turbulencia han quedado varias cosas claras. Primero, que si la política va mal, la economía puede ir peor. Pero si la economía va mal, el país seguro va pésimo. Segundo, que la economía nacional se maneja cada vez más desde afuera. En materia macroeconómica está la receta del FMI, y la inversión extranjera está sometida a la dictadura de Wall Street y las firmas calificadoras de riesgo (gajes de la globalización). Tercero, que en tiempos de crisis y cambios rápidos hay que combinar el realismo con la imaginación en vez de entregarse ingenuamente a los postulados de la ortodoxia económica.

Y cuarto, que lo importante se volvió inaplazable: es necesario hacer reformas de fondo para sacar al país de cuidados intensivos. La Nación no aguanta más reformitas anuales, como la tributaria, ni paños de agua tibia que prolongan su agonía. Se necesita una reforma tributaria integral, y una reforma política que depure las costumbres políticas y fortalezca los partidos. Pero sobre todo se necesitan reformas que protejan a la sociedad para que ésta se pueda desarrollar, como una reforma pensional de largo plazo que aumente la cobertura (hoy sólo el 22 por ciento está cubierto) y una reforma educativa. Sólo si se le brinda seguridad a la sociedad se puede fortalecer el capital social que permitirá robustecer las instituciones y ser más competitivos.

Esa es la nueva agenda del país. Una agenda que hable de competitividad, de capital social, de preferencias arancelarias, de fortalecer la instituciones, y no la agenda salpicada de sangre que imponen los violentos al ritmo frenético de los medios.

Por eso este tipo de juicios históricos son necesarios que se ventilen públicamente en el país. No para que se queden en el síndrome del espejo retrovisor ni en las rencillas políticas, tan comunes en Macondo. Sino para aprender de los errores y hacer algo que los colombianos no están acostumbrados: mirar hacia delante.

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