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| 11/11/2015 6:30:00 PM

¿Quién vigilará los dineros de medicina preventiva en las terminales?

La propuesta de que el Estado supervise los millonarios recursos que se recaudan ha generado un intenso debate en el Senado.

La Comisión Sexta del Senado debate un proyecto de ley que ha generado un tire y afloje entre los congresistas. El proyecto busca crear el régimen sancionatorio de transporte, con el objetivo de mejorar el servicio a los usuarios, determinar las autoridades competentes para ejecutar sanciones, los procedimientos a seguir en caso de cometerse una infracción y regular las medidas preventivas y correctivas.

Hace un año Semana.com publicó un informe indicando que nadie supervisaba los dineros que las agremiaciones de transportadores utilizaban en medicina preventiva, excepto ellos mismos a través de sus auditorías internas (Ver: ¿Cómo se gastan los recursos contra accidentalidad vial?).

Aunque son varios los artículos del proyecto de ley donde se han generado posiciones encontradas, casualmente, uno de los que más han generado debate es el artículo 8 en su numeral 24, que pretende “inspeccionar, vigilar y controlar la administración y la gestión de los recursos destinados a los programas de medicina preventiva para los conductores de servicio público de transporte”. Precisamente, porque busca darle herramientas al Estado para que supervise esos dineros, más allá de solo vigilar la ejecución de los programas.

Desde hace más de siete meses el Senado debate este proyecto, que está compuesto por más de 100 artículos, de los cuales se han aprobado 73 tal cual como venían escritos, 12 han sido modificados, 30 están pendientes de discusión y aprobación y se han propuesto 32 artículos nuevos. “Se busca que la norma le dé facultades a la Superintendencia de Transporte para que vigile, supervise y sancione. Estamos dándole dientes a una institución que había perdido jerarquía y pretendemos poner en cintura muchos desajustes del sector”, dijo a Semana.com Jorge Pedraza, presidente de la Comisión Sexta.

La controversia no es sólo interna, sino que ha trascendido a los gremios de trasportadores. José Yesid Rodríguez, codirector del Consorcio Aditt-Asotrans, uno de los más grandes del país y el que opera más programas de medicina preventiva y pruebas de alcoholimetría en las terminales de transporte, no está de acuerdo con que el Estado supervise esos recursos.

Según dice, esos recursos son privados y no públicos, no provienen de ningún impuesto, tasa o contribución, ni hacen parte de ninguna partida del presupuesto. “El manejo de los entes gremiales ha sido transparente y eficiente y ha logrado disminuir la accidentalidad de conductores por alcohol en carretera en 100 %, cosa que no pudo hacer el Estado en 80 años. El artículo quiere hacer que los recursos sean del Estado y arriesgar las vidas de miles de personas que viajan en carretera, por dar algunas dádivas políticas y generar una administración ineficiente”.

Rodríguez va más allá y asegura que detrás de esa regulación hay envidias y pretensiones de empresas trasportadoras que no hacen parte del consorcio.

A pesar de esto, otros sectores aseguran que los dineros se deben considerar públicos porque vienen de la prestación de un servicio público. Además, miembros de agremiaciones que pidieron reserva de su nombre aseguran que las terminales de transporte, que deben girar los recursos de medicina preventiva a las agremiaciones, se quedan con porcentajes de hasta el 40 % por el recaudo y giro de los dineros.

En la Comisión Sexta hay división, pues algunos senadores están de acuerdo con que el Estado vigile el uso de esos recursos, mientras otros aseguran lo contrario. El senador Andrés García Zuccardi cree que el mercado debe supervisar esos dineros hasta donde pueda y el Estado hasta donde se necesite. “Si el tema funciona bien sin regulación, es mejor dejarlo así, de lo contrario, es necesario ajustar la regulación. Tengo entendido que no está funcionando bien”.

El artículo 8 y otros apartados hacen parte de un glosario enorme de normas que implican que los empresarios del transporte, los transportadores y los usuarios, al final puedan ser vigilados por el Estado. El senador Jorge Pedraza asegura que le han pedido a los gremios que se pronuncien y formulen un documento para que todo pueda ser debatido. Según comenta, se busca que la Superintendencia sea una entidad lo suficientemente sólida para organizar todo el tema de transporte en Colombia, porque “los recursos de los usuarios deben estar muy bien vigilados”.

Contrario a los senadores Pedraza y García, la senadora Susana Correa considera que el Estado tiene que vigilar la ejecución de los programas de medicina preventiva, mas no administrar esos recursos, que hoy se recogen por unos consorcios. “Esos exámenes deberían ser realizados por cada compañía de transporte, pues es su responsabilidad que cada uno de los conductores esté en sus cinco sentidos cuando preste el servicio”, sostiene.

El Congreso tendrá que tomar una decisión: permitir que las agremiaciones de trasportadores continúen manejando los recursos de la medicina preventiva o darle esa facultad al Estado. Lo cierto es que el debate es álgido, al parecer hay muchos intereses de por medio y todo indica que llegar a un consenso no será tarea fácil.
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