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| 11/25/2010 12:00:00 AM

¿Quiénes son los administradores de los bienes incautados por la DNE?

El director de la Dirección Nacional de Estupefacientes, Juan Carlos Restrepo, dice que en la Fiscalía están los casos que demostrarían que el testaferrato reinó en los bienes incautados por la entidad, y cuenta cuáles cambios permitirán cerrarle el paso a esa práctica.

La columna de opinión de María Jimena Duzán ‘Los combos de doña Miryam’, publicada en la más reciente edición de la revista SEMANA, despertó varias reacciones. Una de ellas fue la de la senadora Miryam Paredes, quien en respuesta a lo denunciado por la periodista emitió un comunicado en el que, aunque reconoció que su hermano Luis Gonzalo Paredes Aguirre sí es depositario provisional de algunos bienes que se encuentran bajo la administración de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), niega que existan intereses privados suyos y menos, dice, dirigidos a obtener lucro o beneficio de esa actuación administrativa. Pero al mismo tiempo, la columna también despertó el interés por conocer cómo funciona esa selección de los depositarios, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en el caso del hermano de la senadora Paredes, éste, a pesar de no haber entregado nunca un informe administrativo ni financiero -como es deber-, no fue removido como lo establece (al menos en el papel) la DNE.

¿Cómo se elegían los depositarios?: “Se creó un comité para la elección de esas personas, que no operó y cuando lo hizo, lo hizo mal”. La frase es del director de la DNE, Juan Carlos Restrepo, quien reconoce que el caso del hermano de la senadora Paredes es solo una muestra de lo que ocurría dentro del proceso de elección de los depositarios provisionales. “Ese caso, multiplíquelo por mil”, le dijo a Semana.com. Además, el problema viene de tiempo atrás.

En diciembre del 2004, Mario Iguarán, quien para ese entonces era viceministro de Justicia con funciones de director Nacional de Estupefacientes, creó el comité de selección de depositarios provisionales. Estaba conformado por el subdirector de bienes, el coordinador del grupo al que correspondiera el bien y el subdirector jurídico o su delegado. Y aunque si bien el comité no tenía funciones muy claras, debía realizar la selección objetiva de la hoja de vida más conveniente para ejercer el cargo y dejar en un acta establecida los criterios tenidos en cuenta.

Sin embargo, cuando entró como director de la entidad Carlos Albornoz, el comité fue modificado. Ya no estaba el coordinador del grupo al que correspondiera el bien, y en su lugar estaba el secretario general de la DNE, además se establecía que de faltar uno de los tres, los dos restantes podían decidir. Fuentes de la entidad dicen que, entonces, la cuestión cambió y el comité se volvió “de bolsillo”.

Más adelante, con Adolfo Figueroa a la cabeza de la entidad, se volvió a modificar dicho comité. Está vez entraron más personas y se establecieron nuevos criterios para la selección de los depositarios, así como los requisitos que debían cumplir. Eso sí, no los suficientes para evitar que se colara uno que otro testaferro. Así lo explica el actual director de la DNE. “El problema no solo era la selección de los depositarios, sino también el hecho de que se colaran testaferros de la mafia”, dice Restrepo.

Y a pesar de que aún no hay nombres propios, una investigación que adelanta la Fiscalía permitiría conocer si existen dirigentes políticos beneficiados a través de testaferros que ellos mismos habrían propuesto a la propia DNE. Sobre eso, Restrepo prefiere no pronunciarse aún. “Eso lo determinará la Fiscalía, por ahora puedo decir que dentro de la DNE no vamos a tapar a nadie”.

Pero lo que sí se va a hacer es cambiar las reglas del juego. Y los requisitos de ahora para ser depositario serán tan exigentes, que hasta el mismo Restrepo teme no encontrar quién se le mida. “Desde el 2 de noviembre, cuando fue intervenida la institución, se diseñaron normas para tener un registro de elegibles a depositarios transparente”, cuenta él. Y advierte que en el caso de Luis Gonzalo Paredes, quien pidió una audiencia con la entidad, deberá presentar y ponerse al día con todos los reportes que tiene pendientes. De lo contrario, será removido del cargo como depositario provisional.

En busca de transparencia

Entre las propuestas para lograr una selección que permita cerrarles el paso a los testaferros está la de conformar un registro de elegibles con personas naturales y jurídicas interesadas en administrar las sociedades, establecimientos de comercio, cooperativas, unidades de explotación económicas, acciones, cuotas o partes de interés social, puestas a disposición de la DNE.
 
Además, tener un pasado judicial limpio, así como someterse a la prueba del polígrafo. También, demostrar experiencia de mínimo tres años en el área que pretenda administrar, tener una vinculación directa al sistema financiero y presentar una declaración extrajuicio, conforme a un formato de la DNE.
 
Hasta hace unos meses, bastaba con carecer de antecedentes y anotaciones judiciales para poder administrar esos bienes incautados: casas lujosas, hoteles, tierras muy productivas.

“Hay que cerrarles el camino a los testaferros”, repite Juan Carlos Restrepo, quien también señala que de ahora en adelante se revisarán también las bases de datos internacionales. No cualquiera podrá ser un depositario provisional. O por lo menos eso es lo que se espera.

Y como hasta ahora había una carencia de control absoluto, en palabras del actual director, se hará un registro de compañías de auditoría que estarán encargadas de supervisar la labor del depositario provisional en la gestión administrativa y financiera. El depositario provisional tendrá que prestarles toda la colaboración para que adelanten su tarea.
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