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| 6/20/2013 12:00:00 AM

¿Quiere Correa tapar la corrupción?

Hay preocupación en el país vecino por las restricciones y condicionamientos que impone una nueva ley.

La aprobación de una Ley de Comunicación en Ecuador, por parte de la Asamblea Nacional, ha desatado una verdadera ‘guerra mediática’ en el país.

Mientras para la oposición, las asociaciones de periodistas y organizaciones civiles nacionales e internacionales es una "mordaza", para el Gobierno se trata de un medio para frenar los ‘abusos’ de la prensa.
 
“Ahora sí todos vamos a hacer uso de ese legítimo derecho que es la libertad de expresión, de información y no sólo de los empresarios de la comunicación, aquellos que se han creído los dueños del país", dijo a SEMANA el legislador Mauro Andino, ponente de la ley, que se aprobó en menos de hora y media con mayoría absoluta, pues 100 de los 137 asambleístas pertenecen al oficialismo.

Para el presidente, Rafael Correa, quien siempre se ha mostrado enemigo de los periodistas y hasta ha llegado a romper diarios como El Universo y La Hora -que critican su gestión y han destapado varios casos de corrupción en el régimen-  “porque no sirven ni para madurar aguacates”, según ha afirmado, lo que los empresarios de medios realizan es construir un emporio y después crear un medio de comunicación "no para informar, sino para defender los intereses del emporio".
        
El gobernante también ha apuntado sus dardos hacia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y ha dicho que para este organismo "no existe la prensa corrupta", sino solo "políticos malvados que persiguen a periodistas ingenuos y angelicales", por sus denuncias sobre corrupción.

De acuerdo con Correa, las principales fuentes de información de la CIDH son organizaciones como Fundamedios, la Unión Nacional de Periodistas (UNP) y la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep), a los que consideró defensores "de los intereses de los 'big media' (grandes medios), abiertos opositores al gobierno y sin ninguna solvencia moral ni democrática".
       
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) tampoco se salva y es otro de los instrumentos de las grandes compañías mediáticas para la defensa de sus intereses, según el mandatario, quien sostiene que fue creada por la CIA para contrarrestar al régimen cubano y que está integrada "no por periodistas, sino por medios de comunicación".
    
El gobernante también calificó de "sarta de mentiras" el editorial publicado el 14 de junio, fecha en que se aprobó la ley, por medio centenar de periódicos colombianos vinculados a Andiarios, bajo el título "¿Estocada a la prensa en Ecuador?".        
El editorial rechazaba los "excesivos controles y limitaciones a los medios" que en opinión de esos diarios establece la nueva ley.     

Para la Aedep, por otra parte, la polémica normativa sólo busca "apuntalar el monopolio mediático gubernamental". "Se trata de una ley que va a consolidar un estado de propaganda en el país y que va despojar a los ciudadanos la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información, para convertirlos en servicios públicos”.

La ley no va a democratizar la información en el país y "tampoco es verdad que va a devolver la palabra al ciudadano", como dice el Gobierno”, señaló un comunicado. "Más bien -añadió-, pretende que la voz del oficialismo devenga en única intérprete de los hechos noticiosos y, además, se propone regular en el ámbito administrativo el ejercicio de los derechos constitucionales a la comunicación".
     
Según la asociación, "todo indica que se intenta evitar una verdadera rendición de cuentas de los mandatarios y, eventualmente, otorgarles impunidad a la vigilancia periodística y la gestión de las autoridades".     

"Esta ley crea organismos disciplinarios -el Consejo de Regulación y la Superintendencia de Información- que van a someter a los medios de comunicación y a los periodistas independientes a un control gubernamental asfixiante", indicó la Aedep en su escrito.

Además, señaló que la nueva ley regulará también el Internet y eximiría de controles "a la propaganda del Gobierno".     
Por otra parte, la figura del "linchamiento mediático", incluida en la normativa para evitar el hostigamiento infundado hacia las personas, puede "acabar con el periodismo de investigación que se hace en los medios privados y con el seguimiento periodístico de los temas noticiosos de interés nacional". "Esta ley impone condiciones a la opinión y, por ese camino, va a suprimir el pensamiento crítico", sostuvo el organismo.
 
"Es una ley que va a restringir los derechos democráticos, no sólo de los medios y periodistas, sino principalmente de cada ciudadano ecuatoriano", explicó a SEMANA Diego Cornejo, secretario de la asociación.

La Unión Nacional de Periodistas (UNP) de Ecuador, a su vez, consideró que esta ley "protege la corrupción" y aseguró que agotará "todos los recursos posibles para proteger el trabajo periodístico en el país", según su presidente, Vicente Ordóñez, quien dijo a SEMANA que la normativa podría ser usada para "escudar la corrupción".

La ley también crea la Superintendencia de Información y Comunicación, órgano que se encargará de la "vigilancia, auditoría, intervención y control" y tendrá "capacidad sancionatoria", sobre la actuación de medios de comunicación.
Otro órgano creado por la nueva ley es el Consejo de Regulación de Medios, que tendrá atribuciones en asuntos como el acceso a la información, contenidos y franjas horarias, elaboración de reglamentos y de informes para la adjudicación de frecuencias, entre otras competencias.     

Para el legislador de oposición, Andrés Páez, la aprobación de la ley es "el acontecimiento más funesto" que ha ocurrido en Ecuador en los últimos años, pues, entre otras cosas cree que contiene disposiciones que son "intimidatorias", "persecutorias" y "limitantes".

Contra la ley también se ha pronunciado la Relatoría Especial para la Promoción y Protección de la Libertad de Opinión y Expresión de Naciones Unidas. El relator Frank La Rue, dijo que la ley “claramente va dirigida a limitar la libertad con la que los periodistas pueden opinar sobre hechos relevantes, políticas públicas y sobre los funcionarios del país”.

En un sentido similar se han manifestado organismos como Human Rights Watch y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ).

De acuerdo con un sondeo adelantado por SEMANA, entre periodistas y ciudadanía en  general, hay preocupación en Ecuador por las restricciones y condicionamientos que impone la norma al trabajo periodístico, inaceptables en una sociedad democrática.

"Todo indica que vamos camino a la consolidación de un régimen fascista", afirmó el asambleísta Páez.
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