Rabia en el corazón

La violenta reacción de los pobladores de San Pablo, sur de Bolívar, tras el asesinato de un comerciante sacó a la luz el tremendo cansancio que empieza a sentirse en el país contra los abusos de los grupos paramilitares. Es la primera vez que la gente se vuelca a la calle, lanza consignas, incendia vehículos, expulsa a policías y por poco lincha a un alcalde municipal por supuestos nexos con las autodefensas.

Si bien los grupos de autodefensa desde su creación han recurrido a la intimidación, el asesinato y las masacres para doblegar a las guerrillas, hasta ahora muchos sectores de la sociedad se hacían los de la vista gorda porque consideraban que si bien los medios eran condenables, el fin parecía loable. Así, las protestas de condena se limitaban a los familiares de las víctimas, a organizaciones defensoras de derechos humanos y a los medios de comunicación. Sin embargo, a medida que la espiral de violencia ha ido creciendo y la égida del terror de los paramilitares se ha venido imponiendo en varias zonas del país, también ha venido aumentado el rechazo de la sociedad civil que se ve afectada por estos grupos armados de extrema derecha.

La semana pasada, el presidente Álvaro Uribe lo advirtió en el Consejo Comunitario de Barrancabermeja, centro industrial del Magdalena Medio donde las autodefensas proclamaron su victoria con el convencimiento de haber desalojado a las guerrillas de la región. "No llegó la solución del Estado, llegó la solución que no debía llegar y que se convierte en un nuevo problema: los mal llamados paramilitares". También en San Pablo, las autodefensas habían anunciado hace varios años su triunfo sobre las Farc y el ELN.

Frente a este macabro pulso de poder territorial, la población civil se organizó para protegerse de los abusos de la izquierda y derecha armada. Así, la Asociación de Campesinos del Valle del Río Cimitarra realizó importantes movilizaciones en contra de las autodefensas. Una de las más notables fue en 1998 para rechazar el desplazamiento forzado de varias poblaciones hacia Barrancabermeja. Por su parte, Asocipaz y el Movimiento No al Despeje organizaron bloqueos de las vías en 1999 y 2001, con lo que evitaron que el municipio de San Pablo fuera escenario de la convención nacional pedida por el ELN.

Desde el año 2000, los paramilitares se han dedicado a "asesinar, amenazar y expulsar a los alcaldes, concejales y dirigentes políticos de izquierda legal para tomar el control del poder local imponiendo personas manejadas por ellas en esa región", según dice un informe de la vicepresidencia, y eso fue precisamente lo que reclamaron con furia los habitantes de San Pablo el martes de la semana pasada.

Todo comenzó con el asesinato del comerciante Fidel Peña, uno de los más apreciados de esta localidad. Para la gente, el crimen fue cometido por las autodefensas, por lo que empezaron a gritar consignas en su contra. La situación se agravó cuando la Policía trató de intervenir. Los manifestantes acusaron a los agentes de complicidad con los paras y la situación se salió de control.

Dominados por la rabia, varios pobladores quemaron cinco casas donde, según muchas personas, vivían miembros de las autodefensas; incineraron 15 vehículos, y hasta incendiaron la funeraria. Además hostigaron al alcalde Ezequiel Rodríguez, también sindicado por los pobladores de nexos con los paras. El alcalde sufrió un preinfarto y tuvo que ser rescatado y sacado del municipio por el Ejército, ya que la Policía fue expulsada a piedra porque según la gente se paseaban por las calles del pueblo con los paras.

Mientras Rodríguez se recuperaba en una clínica de Bucaramanga, el general Alberto Ruiz García, comandante operativo de la Policía Nacional, fue a San Pablo y puso la cara: "Reconozco que se han presentado fallas en nuestro personal. Por eso tomaremos medidas drásticas e iniciaremos una investigación disciplinaria para establecer responsabilidades por omisión y extralimitación", aceptó. Y luego informó que se relevarían los 25 policías del pueblo.

Las violentas protestas en San Pablo son el reflejo de hasta dónde ha llegado el grado de arbitrariedad, chantaje y terror impuestos por las autodefensas en ciertas zonas del país. Pero también muestran el grado de exasperación de una comunidad que se atreve a romper la ley del silencio y, a riesgo de su propia vida, salir a la calle a hacer sentir su indignación y señalar con el dedo dónde están los culpables de sus desgracias. Un acto heroico si se tiene en cuenta que el único poder real en San Pablo son los paramilitares. Estas protestas se suman a las que han venido realizando las comunidades indígenas en el Cauca, que de una manera más organizada y sin acudir a la violencia han logrado en ciertos casos repeler los ataques de la guerrilla o rescatar secuestrados.

El caso de San Pablo deja en evidencia otro tema no menos preocupante. El de la complicidad entre miembros de la Fuerza Pública y los paramilitares, en este caso, la Policía. Es claro que a diferencia de lo que denuncian muchas ONG, obnubiladas por sus prejuicios ideológicos, no hay una política de Estado, ni un gobierno cómplice de las autodefensas. Pero es innegable que en varias regiones del territorio hay muchos batallones del Ejército y puestos de Policía que conviven y hasta mantienen relaciones non sanctas con los paramilitares.

Al final de la semana, los pobladores de San Pablo explicaban por todos los medios que su rechazo era contra todos los actores armados ilegales. Pidieron la presencia de las autoridades oficiales para protegerlos y evitar que su acto de rebeldía sea la causa de una nueva masacre. El Estado ahora tiene la obligación de protegerlos y no permitir que los ilegales impongan su ley.