El otro funcionario que habría permitido el ‘desangre’ del IDU

El nombre de Rafael Hernán Daza Castañeda no les dice mucho a los colombianos. Sin embargo, para la justicia es uno de los cerebros de las irregularidades en el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) durante el gobierno de Samuel Moreno.

Daza se desempeñó como subdirector técnico de estudios y diseños de esa entidad y desde allí, según la Fiscalía, habría favorecido a los empresarios Nule con los millonarios contratos 135, 136 y 138 del 2007 para adelantar obras en lo que se conoció como la Fase III de TransMilenio.

Daza es señalado por el ente investigador de ser responsable del delito de prevaricato por acción, en concurso homogéneo y sucesivo, habría permitido la suscripción de contratos adicionales de obra a sabiendas que esos no tenían nada que ver con los suscritos para las obras de TransMilenio.

La importancia de este proceso radica en que Daza habría permitido que salieran grandes sumas de dinero de la entidad sin la justificación debida, lo que contribuyó con el desangre presupuestal que hoy tiene tras las rejas y en procesos a varios contratistas y funcionarios.

“Las contrataciones carecían de reserva presupuestal y aun así se realizaron gestiones para insumos técnicos que no eran legales”, dijo la Fiscalía en la audiencia de acusación a este exalto funcionario.

Este proceso tiene igual o más importancia que otros como los del exdirector jurídico Inocencio Meléndez o de otros ex subdirectores del IDU. Tanto que la Fiscalía llamará a declarar como testigos al ex subdirector jurídico del IDU Inocencio Meléndez, principal testigo del ‘carrusel de la contratación’, lo mismo que a los hermanos Manuel y Miguel Nule Velilla, y a los contratistas Héctor Julio Gómez González y Emilio José Tapia Aldana, entre otros.