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| 12/15/1986 12:00:00 AM

RE-TIROS

El retiro de la Unión Patriótica del Congreso es el m@s grave síntoma del deterioro.


"Una estrategia parlamentaria como cualquier otra" comentó el ministro de Gobierno Fernando Cepeda, quitándole importancia al asunto. El asunto era el retiro en bloque de los parlamentarios de la Unión Patriótica (siete representantes y cuatro senadores) que en la noche del martes 10 de noviembre presentaron una constancia diciendo que mientras no se den efectivas garantías para la vida y la actividad política de los dirigentes de la UP debemos por simple medida de seguridad retirarnos de esta corporación . En efecto, tal como lo denuncia la UP, las garantías no parecen ser suficientes: van trescientos muertos, incluyendo un senador, un representante y numerosos concejales.

Pero el ministro Cepeda no fue el único que minimizó el asunto. También lo hicieron varios parlamentarios conservadores, como el representante Darío Ordóñez, que calificó el retiro de "acto de chiquillería" y "coacción a la Cámara", o su colega Carlos Pineda, que se quejó de que "le estemos dando mucha importancia a este retiro" porque "la paz no son cuatro representantes que se retiran". El presidente de la Dirección Liberal, Víctor Mosquera Chaux, tampoco se inmutó demasiado: "Supongo que esta decisión de la UP es transitoria y se limita a un acto de protesta", declaró. El Tiempo opinó en un editorial que "el retiro de la UP puede ser una jugada política que implique en cierto modo un chantaje al jefe del Estado".

Otros, en cambio, tomaron más en serio no sólo el retiro parlamentario, sino sus motivos. Jota Emilio Valderrama, del Directorio Nacional Conservador, advirtió que si los atentados continúan "nos van a asesinar en fila". El ex galanista Emilio Urrea se retiró del Senado también él, en solidaridad con la UP. Luis Carlos Galán calificó el retiro de "hecho de inmensa gravedad" y el representante de su grupo Silvio Mejía Duque afirmó que la UP está siendo "sometida a una guerra de exterminio sistemática" por quienes consideran "que la mejor manera de defender la democracia es a sangre y fuego". Y las dos cámaras, tras el retiro del grupo de la UP, acabaron votando una constancia en la cual deploraban los asesinatos de "dirigentes políticos de distintas agrupaciones" y pedían al presidente Virgilio Barco que recibiera a los dirigentes de la UP para discutir la situación con ellos.

Curiosamente, sin embargo, se le dio mayor trascendencia al retiro --temporal-- de los parlamentarios conservadores, indignados porque el ministro Cepeda les negó interpelaciones durante un debate (ver artículo en este número de SEMANA). Aunque, si lo grave es eso, también la UP se indigna por lo mismo: su constancia de retiro fue presentada precisamente a raíz de que el presidente de la Cámara Román Gómez Ovalle, hubiera aplazado una proposición de la UP de repudio a los más recientes atentados contra sus miembros con el pretexto, sorprendente en un Parlamento, de que "suscitaría discusiones". Por lo demás el tema sin duda las merece, así sea solamente por su importancia aritmética. En la última semana, la gente de la Unión Patriótica ha sufrido media docena de atentados, sin contar las amenazas de muerte. El vicepresidente de la Asamblea del Meta, Eusebio Prada Díaz, y su yerno, fueron ametrallados en su casa en Villavicencio y se hallan entre la vida y la muerte. En Buenaventura, un dirigente de la UP fue acribillado a tiros por desconocidos, también en su casa. En Suárez, Cauca, fueron asesinados en presencia de numerosas personas otro dirigente y su hija de nueve años. Y en el mismo Cauca, seis militantes de la organización fueron secuestrados en esos días por desconocidos armados y no han aparecido. Como señala el senador de la UP Alberto Rojas Puyo, "la impunidad en que suelen quedar estos crímenes estimula a los asesinos". Y además, añade Rojas Puyo, "siempre que denunciamos esos asesinatos somos muy amablemente recibidos y escuchados por las autoridades, pero no se toman las medidas que podrían detener la mano de los violentos".

Es que no se sabe quiénes son, explica por su lado el ex candidato conservador Alvaro Gómez Hurtado. "El retiro de la UP se hace sobre unos supuestos que no están probados. Nadie sabe, o al menos yo no sé, quiénes son los que están ejerciendo persecución sobre la UP (...) Yo creo que el gobierno no lo sabe, los parlamentarios no lo saben, nosotros los periodistas no lo sabemos y pienso que los de la UP tampoco lo saben". El diario El Espectador, en cambio, dice que sí lo sabe: "Hay antecedentes, y nuevas evidencias también, de que grupos guerrilleros que disienten de su política de paz (de las FARC) han lanzado sobre sus cabezas visibles amenazas terminantes de las cuales han dado noticia casi todos los medios de comunicación", dice el editorial de ese diario el 14 de noviembre; y añade: "Los enemigos de la UP y de las FARC están a la izquierda, y no en el centro o a la derecha, como ellos insisten en decirlo".

Hernando Hurtado, senador de la UP, rebatía de antemano el argumento del diario: "No nos cabe duda de que las amenazas (publicadas en estos días) son de los servicios de inteligencia militar, con un definido propósito: que los atentados que ahora ocurran se atribuirán a ese grupo (el casi desaparecido Ricardo Franco) hasta dar pie a una guerra entre los propios sectores revolucionarios de izquierda". El enemigo, señala la UP, son los grupos paramilitares sobre los que exigen que se "tomen de inmediato medidas para desmantelarlos". Tales grupos vienen siendo denunciados por la UP desde hace más de un año, así como las complicidades que, según ella, mantienen con sectores en activo y en retiro de las Fuerzas Armadas: el "Plan cóndor" primero, el "Baile rojo" después, serían los "planes de exterminio" dirigidos contra la UP de que hablan otros parlamentarios.

Sobre ese punto existe, por primera vez en mucho tiempo, un rayo de luz. La detención en Villavicencio, a mediados de octubre, de tres de los presuntos asesinos del parlamentario de la UP Pedro Nel Jiménez (los asesinos del diputado Elías Prada, en cambio, fueron muertos por la Policía minutos después del crimen). El caso de Jiménez está en manos de los jueces, que son en opinión del gobierno actual los encargados de toda investigación a falta de comisiones verificadoras que en el gobierno pasado "probaron su ineficacia". Pero los jueces no han probado su eficacia todavía, y en el caso de Jiménez lo único que conoce la opinión pública es una carta del padre de los presuntos asesinos, un ganadero de Puerto López, diciendo que se trata de una "manipulación para ocultar a los verdaderos autores materiales e intelectuales" del asesinato del senador.

Entre tanto, el gobierno no se compromete a ofrecer más que limitadas garantías: "Dentro de las posibilidades que tiene el gobierno, dentro de las realidades que vive Colombia", como dijo el ministro Cepeda. Para muchos, sin embargo, una de esas "realidades" es el deterioro creciente de lo poco que queda del proceso de paz iniciado por el gobierno de Betancur. Pues no se trata solamente de que con el retiro de los parlamentarios de la UP se haya interrumpido el principal elemento de lo que el actual gobierno llama "normalización", que es la incorporación de los guerrilleros en tregua a la actividad política legal. Sino también de lo que simultáneamente está sucediendo con las propias FARC--choques que han dejado varios muertos entre el XXIII Frente y el Ejército en el Magdalena Medio--y del recrudecimiento de la guerra con los grupos de la Coordinadora Guerrillera: treinta y ocho muertos, entre guerrilleros y militares, en las dos primeras semanas de noviembre.--
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