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| 11/30/2013 8:00:00 AM

¿Hasta cuándo estará en el limbo el fallo de La Haya?

La estrategia del gobierno frente a la reacción de Nicaragua deja entrever serios riesgos.

El pasado 19 de noviembre, cuando se cumplió un año del histórico mordisco que Nicaragua dio a un pedazo de mar Caribe colombiano, las señales desde la Casa de Nariño daban a entender que el caso estaba controlado. 

El presidente Juan Manuel Santos y la canciller María Ángela Holguín con la fórmula mágica de ‘se acata pero no se aplica’, anunciada en septiembre, creían haber conjurado la crisis interna que provocó el fallo de la Corte de La Haya. En ese momento la fórmula de dejar el diferendo en el congelador se interpretó como una jugada hábil y el gobierno no quedó mal parado. 

Eso estuvo bien para el consumo interno. Pero no contaban con que Nicaragua no se iba a quedar de brazos cruzados. Y fue precisamente la supuesta jugada hábil la que provocó que Managua demandara de nuevo a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia, la semana pasada. 

Esta vez, los nicas le piden a la corte que “declare que Colombia ha incumplido”, según ellos, por “utilizar” o “amenazar con utilizar la fuerza” y porque “viola las zonas marítimas definidas el 19 de noviembre de 2012 como de Nicaragua”. 

Además entregaron dos paquetes de pruebas: uno, con declaraciones del presidente Santos, el vicepresidente Angelino Garzón y la canciller Holguín con la cuales pretende demostrar “el rechazo de Colombia al fallo de la corte” y su decisión de que el fallo “no es aplicable”. Y dos, el decreto que expidió Santos en septiembre con el cual creó una “zona integral contigua” para duplicar el tamaño del mar sobre el cual tienen control las tres islas y los siete cayos del archipiélago de San Andrés.

Nicaragua, en el escrito a la corte, dice que “después del decreto, las declaraciones amenazantes de las autoridades y el trato hostil dado por la fuerzas navales a los buques nicaragüenses han afectado seriamente las posibilidades de que Nicaragua explote su zona económica exclusiva”. Y por ello incluso pide indemnización.

En términos generales, desde la perspectiva nicaragüense, la posición de ese país es válida. Lo que sucede es que la perspectiva colombiana se ha venido radicalizando en los últimos meses y en la actualidad las dos son incompatibles. 

La demanda de Nicaragua no es inocua, como algunos pueden creer, ni tampoco “absurda”, como la calificó Santos. La posición de Nicaragua es comprensible, teniendo en cuenta que el fallo les favoreció a ellos, y su actitud en realidad no ha sido tan beligerante como podría ser.

¿Cuánto tiempo estaría dispuesta a esperar Colombia si en un hipotético litigio le ganara un pedazo de territorio a Venezuela?

Colombia está de nuevo en el banquillo de los acusados. Lo cual implica un desgaste para el país desde el punto económico y de prestigio. Y lo pone otra vez a dar explicaciones y a defenderse.

¿Qué podrá pasar si la corte le da otra vez la razón a Nicaragua? ¿Cómo quedará Colombia? ¿Recurrirán los nicas al Consejo de Seguridad como auguran algunos analistas? 

El problema de fondo es que Colombia, que estaba dispuesta a aceptar el resultado de La Haya, ganara o perdiera, nunca anticipó la dimensión de la derrota. Ni en el peor escenario se visualizó que la pérdida pudiera ser tan draconiana como la que planteó la Corte Internacional de Justicia.

El tamaño de ese zarpazo creó una crisis política interna que es la que el presidente ha venido manejando. El nacionalismo se ha exacerbado y ha hecho políticamente imposible acatar el fallo en forma inmediata. Todos los presidentes son vanidosos y el que firme la entrega de 75.000 kilómetros cuadrados de mar puede terminar en los libros de historia comparado con el presidente José Manuel Marroquín, de cuyo gobierno el único recuerdo que se tiene es haber entregado a Panamá. 

Por eso en este caso, contrario a la tradición de Colombia de país de leyes, ha tenido más peso lo político que lo jurídico. La fórmula de ‘se acata pero no se aplica’ es en el fondo un recurso para dejar el asunto en el aire. Hay quienes creen que se puede tratar de una necesidad de la coyuntura electoral, pero que una vez reelegido, Santos le dará un giro a su posición. Pero eso no va a pasar.

El actual presidente no se va a dar esa pela y eso significa que, si gana, en los próximos cinco años el fallo de La Haya no será acatado. Y es probable que de ahí en adelante tampoco. Pues las consideraciones que tiene Santos las tendrán probablemente sus sucesores, por lo cual este asunto podría quedar en un limbo indefinido. 

Eso, en teoría, no es extraño en la Corte de La Haya. Todos los países se demoran en digerir ese trago amargo. Gran Bretaña se tomó 43 años para acatar un fallo que favorecía a Albania, y Nigeria se demoró diez para darle la razón a Chad.

Como disculpa para esta inaplicabilidad, Colombia invoca la necesidad de recurrir en forma exhaustiva hasta el último recurso posible. Esto ha llevado a la contratación de abogados nacionales e internacionales que han explorado diferentes alternativas y dado varias recomendaciones. 

La fórmula a la que se ha llegado es dejar la decisión en manos de la Corte Constitucional sin cuya aprobación ninguna cesión de soberanía nacional es posible. Igualmente se ha argumentado que mientras el Congreso no ratifique un tratado reconociendo las nuevas fronteras, el gobierno tampoco tendrá la facultad de acatar el fallo.

Todos esos argumentos, sin embargo, tienen validez solo ante la opinión pública colombiana, pero son poco presentables ante la comunidad internacional. ¿Si el gobierno está amarrado por una camisa de fuerza institucional para acatar cualquier fallo por qué aceptó someterse a una jurisdicción internacional? ¿O es que la camisa de fuerza solo se puede desabrochar cuando se gana?

Esas posiciones contradictorias aguantan un tiempo pero no toda la vida. Una cosa es que por cuestiones políticas no se pueda aplicar y otra muy distinta que se exacerbe un nacionalismo que termine siendo inmanejable.

La situación en la que el país se encuentra ahora es peligrosa. Sobre todo considerando lo caldeado que puede llegar a estar el ambiente en la región. Nicaragua seguramente pretenderá ejercer soberanía sobre las aguas que la corte le adjudicó y Colombia no querrá dejarse sacar de ellas con el argumento que su ordenamiento interno no le permite ceder ese pedazo de mar. Eso es como dejar un arrume de leña seca esperando a una chispa que la haga prender. Es una combinación explosiva que puede desembocar en cualquier cosa.
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