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| 3/11/2015 5:00:00 PM

¿El cese de bombardeos viola la Constitución?

Mientras los escépticos piden garantías, otro sector de la población vaticina pasos importantes en la negociación entre el Gobierno y las FARC.

El anuncio del presidente Juan Manuel Santos de suspender, por un mes, los bombardeos aéreos a campamentos de la guerrilla de las FARC, tomó a más de uno por sorpresa. Tanto así que los negociadores del gobierno en La Habana la desconocían y en la Mesa de diálogo jamás se mencionó palabra alguna al respecto. La decisión fue unilateral y exclusiva del mandatario, y con ella el proceso de paz pareció entrar en una nueva dinámica.

El anuncio, de inmediato, generó múltiples reacciones. Los más escépticos del proceso de paz no dudaron en afirmar que con esta decisión, Santos, a la larga, había decretado un cese al fuego bilateral, el cual había sido reclamado desde el comienzo, especialmente por los sectores de izquierda. Otros, aunque sorprendidos, aplaudieron la decisión y la calificaron de “audaz”.

Para los escépticos, paralizar la ofensiva militar no solo resulta arriesgado sino que expusieron la tesis de que sería inconstitucional. El general (r) Harold Bedoya, excomandante de las Fuerzas Militares, estas tienen la obligación de proteger a los ciudadanos en todo el territorio, y acogerse a una instrucción de esa naturaleza, podrías suponer un desconocimiento a los deberes constitucionales. Bedoya, incluso, afirmó que no se le haría raro una cascada de denuncias a los generales de la cúpula.

El procurador Alejandro Ordóñez se pronunció en el mismo sentido. Para él la orden presidencial es “realmente un cese bilateral disfrazado y representa un golpe más a la moral de las Fuerzas Militares”.

"Estamos ante un cese al fuego bilateral disfrazado. La fuerza pública tiene una obligación constitucional que ni siquiera por orden del presidente de la República se puede omitir, pero, además, porque las FARC siguen delinquiendo y generando víctimas. No se puede paralizar a las Fuerzas Militares y de Policía Nacional en contra de ese grupo cuando continúan sus actividades criminales", dijo.

Pero desde el ministerio público le salió un contradictor al procurador. El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, recordó que según la Constitución Política, es potestad del jefe de eEstado adoptar este tipo de medidas, y dijo que "en lugar de un retroceso para la seguridad, como aseguran algunos, debería interpretarse como un avance hacia el fin de la guerra".

Para el funcionario, la instrucción al Ministerio de Defensa y a la Fuerza Pública "guarda correspondencia con la tregua unilateral ofrecida por las FARC y la determinación de ese grupo guerrillero para cesar el reclutamiento forzado de menores de 17 años, hechos que sumados al acuerdo general para el desminado reflejan el progreso en el proceso de paz y la voluntad de las partes para avanzar con dinamismo hacia la reconciliación".

Sin embargo, en la propia carta constitucional hay un artículo, el 22, que pudiera ser supremo:  "La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento".

A esta visión se suma el coordinador residente y humanitario de la ONU en Colombia, Fabrizio Hochschild, quien calificó la decisión como un "paso importante" hacia el fin de más medio siglo de conflicto armado y de víctimas.

Para Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), la decisión de Santos "es una jugada maestra que saca al proceso de paz de un momento crítico".

"Resuelve al problema de cómo dialogar en medio de la guerra. Y avanza en el sentido de que asegura que la violencia del conflicto no va a romper la negociación", le dijo a la agencia AFP. La medida permite a la fuerza pública centrarse en el ELN, que ha aumentado ataques y secuestros en los últimos 18 meses, indicó.

"Esto abre una última ventana de oportunidad al ELN para sumarse al tren de la paz", señaló Restrepo, en alusión a los contactos exploratorios que ese grupo insurgente sostiene desde hace un año con el Gobierno con miras a instalar formalmente una mesa de negociación paralela a la de las FARC, que aún no arrojan resultados concretos.

De acuerdo con las primeras lecturas que hacen los analistas sobre el momento por el que transita el proceso de paz, tanto Restrepo como Ariel Ávila, de la Fundación Paz y Reconciliación, la decisión del presidente Juan Manuel Santos – de redoblar las operaciones militares contra el ELN- corresponde a una medida para presionar a esa guerrilla a dialogar.

El proceso de paz tomó una nueva dinámica. Pese a las posiciones encontradas que dejaron el audaz anuncio del presidente Santos, también empezó a crecer un ambiente al interior del país de llegar a un consenso nacional que acompañe la fase definitiva del proceso, en la que se deberán llegar los acuerdos más neurálgicos del proceso: la satisfacción de los derechos de las víctimas y el desarme y reincorporación a la vida civil de los alzados en armas.

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