Domingo, 11 de diciembre de 2016

| 1983/03/28 00:00

RECIBIENDO GARROTE

Ola de críticas al Procurador por revelar lista de nombres de vinculados al MAS.

RECIBIENDO GARROTE

"Tú eres la persona para ocupar la Procuraduría", le había dicho el Presidente Betancur seis meses atrás, al reencontrárselo casualmente tras años de no verlo. Hoy día, el abogado Carlos Jiménez, Procurador General de la Nación, es sin duda el más controvertido de los funcionarios del gobierno, hasta el punto de que entre la andanada de críticas contra él hechas públicas por diversos sectores, no faltaron aquellas que plantearon su renuncia. En efecto, el Procurador había resultado un hueso difícil de roer, y ya fuera por exceso de celo en el desempeño de sus funciones o por deseo de figuración, como dijeron algunos, le había ocasionado al gobierno una seria crisis con las Fuerzas Armadas y una situación de consternación generalizada en la opinión pública, al revelar los nombres de 163 personas, entre ellas 59 militares en servicio activo, acusándolas de pertenecer al MAS.
Fue entonces, cuando se desató la tormenta. El primero que puso en tela de juicio la decisión del Procurador de revelar los nombres fue el propio Presidente, quien cuidándose de criticar el contenido de la acusación, censuraba en términos enérgicos el giro que la cuestión había tomado, al decir: "Como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas asumo que se trata de inculpaciones derivadas de las investigaciones preliminares y que todavía a tales personas no se les ha óído dentro de los respectivos procesos penales... " Con la acusación pública el Procurador parecía haber roto una especie de acuerdo previo, no totalmente explícito pero sí reiteradamente insinuado tanto en las palabras del Presidente como en ciertas declaraciones de algunos altos mandos del Ejército, que consistiría en dejar que las Fuerzas Armadas solucionaran internamente el problema, utilizando sus propios mecanismos de sanción y depuración, sin convertir el asunto en materia de escarnio público.
Entre las criticas que siguieron, las más serenas destacaban la incongruencia legal de la forma de proceder del Procurador, cuya función no sería fallar, sino señalar ante la justicia al supuesto delincuente y presentar pruebas contra él, pero sin violar la reserva del sumario. Ni siquiera a la luz de las propias declaraciones del Procurador podía entenderse a ciencia cierta su decisión de proceder como lo hizo.
Justamente una semana antes del día en que reveló los nombres, Carlos Jiménez, en una entrevista para El Tiempo, había dicho: "La reserva del sumario legalmente me inhibe para revelar nombres", y añadía: "Esta investigación se puede considerar preliminar respecto de lo que será una investigación completa y profunda".
Muchos consideraron que el Procurador, en su deseo de establecer una sanción moral, había relegado a un segundo plano los formalismos legales, y que en este sentido su récord era ya de por sí vulnerable. Hacia pocas semanas había revelado una lista de más de cien nombres de funcionarios acusados de irregularidades económicas y administrativas, y el resultado había sido desafortunado.
Además de la forma espectacular en que habían sido hechas las acusaciones, se le criticaba la ausencia de jerarquía con que las había presentado, y el hecho de que todas se habían formulado sin oír descargos. Para rematar, algunas de las acusaciones resultaron inexactas. Con el documento sobre el MAS, ante los ojos de sus críticos, el Procurador incurría por segunda vez en errores de corte similar.
Aparte de las objeciones legales y de procedimiento, hubo otras que dejaban traslucir un planteamiento político más de fondo. En los pronunciamientos de casi todos los gremios, así como en los editoriales de El Tiempo, había un claro llamado a cerrar filas en torno al Presidente y a las Fuerzas Armadas, dado en contexto general de "emergencia social", o de grave desequilibrio del orden público: "Los colombianos sabemos crear grandes movimientos de unidad en los momentos de extrema dificultad. Y parece que este es uno de ellos". (El Tiempo, febrero 25) El Procurador, al confrontar públicamente a las Fuerzas Armadas, las estaría debilitando en el momento en que éstas aparecían como el último dique de contención contra la guerrilla y la delincuencia. Le censuraban al Procurador que en un momento en que la prioridad era rodear las instituciones, él parecía dispuesto a torpedearlas.
LA CARTA PERDIDA
Dentro del ping-pong epistolar entre funcionarios que últimamente parece tener a la opinión pública de sobresalto en sobresalto, en esta ocasión hubo una pieza que la opinión pública no conoció: una carta del general Landazábal al Procurador, que según anunciaron todos los diarios --algunos llegaron a citar algún aparte-- contendría una dura censura y catalogaría la acción del Procurador como parte de una campaña de desprestigio contra las Fuerzas Armadas. SEMANA tuvo acceso al texto de la carta, que no fue publicada, y constató que se trataba en realidad de un mensaje en tono sobrio, donde se anunciaba la voluntad del Ejército de acatar la autoridad legítimamente ejercida por la Procuraduría, y de cooperar con el esclarecimiento de los hechos materia de investigación. Según el general Landazábal, los acusados, dada la situación de orden público, deberían ser juzgados no por civiles, sino por la justicia penal militar.
Contrastaba el tono de esta carta con los pronunciamientos iracundos del general (r) Navas Pardo, y de la Acore, --Asociación de militares retirados--, y con un pronunciamiento oficial, según el cual el conjunto de las Fuerzas Armadas habría ofrecido un día de salario para la defensa de los acusados, que sería además asumida por generales y almirantes. Este gesto, fue visto con alarma por varios columnistas, como Enrique Santos, quien lo interpretó como "signo de una cerrada solidaridad de cuerpo que podría contradecir lo que ya aparecía claro ante la opinión pública: vale decir, que la participación aislada de miembros de las FF.AA. en el MAS no compromete a la institución como tal".
En otros países se habían dado ejemplos recientes de enjuiciamiento a elementos del Ejército, que no habían implicado un enfrentamiento entre la institución armada como tal y el poder civil. Era el caso de España, donde dos militares de alto rango, Tejero y Milans del Bosch, fueron juzgados y sentenciados, junto con otros,por una intentona golpista, sin que por esto el Ejército --a pesar de sus fuertes rezagos franquistas-- se sintiera aludido en su conjunto. Hace pocas semanas, en Israel, el general Ariel Sharon, ministro de Defensa, fue juzgado por un tribunal civil y encontrado indirectamente culpable de la matanza de palestinos en Sabra y Shatila, y fue por ello destituido de su cargo, decisión que respetó el resto del Ejército. El caso contrario sucedió en Bolivia, en 1980, durante el gobierno de Lidya Geiler, cuando el dirigente socialista Horacio Quiroga Santa Cruz abrió el debate en el parlamento sobre los militares implicados en tortura y tráfico de drogas durante la dictadura anterior. El ejército boliviano reaccionó como cuerpo y se opuso oficialmente a los juicios, desencadenando así un proceso que terminó en el asesinato de Quiroga Santa Cruz en una calle de La Paz, y en un nuevo golpe militar.
La carta del general Landazábal hacía pensar que en Colombia el Ejército optaría por un comportamiento sereno, atenido a los marcos constitucionales.
VIENTO A FAVOR
A medida que fue transcurriendo la semana, empezaron a aparecer pronunciamientos a favor del Procurador. Los más decididos en esta línea fueron el diario El Mundo de Medellín, El Heraldo de Barranquilla, y el Espectador, que sostuvo una posición de apoyo a través de su editorialista, y de varios de sus columnistas y caricaturistas. Aunque en algunos de estos pronunciamientos se hacían salvedades sobre el procedimiento, existía el consenso de que la denuncia que se hacía revestía una inmensa gravedad: el MAS --con sus asesinatos, y sus "ajusticiamientos"- era una realidad de carne y hueso.
No obstante, era evidente que el grueso de la opinión pública no veía en el MAS una amenaza grave ni inmediata. Veladamente, e inclusive abiertamente, se oían expresiones de simpatía, por parte de personas que lo veían simplemente como un mecanismo de autodefensa. Las tremendas implicaciones sociales y políticas que tenía el fenómeno, parecían abstractas ante el hecho inmediato del recrudecimiento de la delincuencia y de la necesidad de defenderse de ella.
La experiencia de otros países demuestra, sin embargo, que movimientos como el MAS tienen una dinámica propia que rebasa por mucho el concepto de autodefensa.
Organizaciones paramilitares como el Diente por Diente de Guatemala, el Escuadrón de la Muerte en el Brasil y la Triple A argentina tuvieron caldos de cultivo similares al del MAS colombiano y llegaron a convertirse en aparatos de asesinato indiscriminado y masivo y en uno de los principales factores de desestabilización de sus respectivos países. El Procurador de la nación Carlos Jiménez Gómez, tiene la convicción de que en Colombia ya se han desatado las fuerzas que pueden conducir a un proceso similar. Considera que la última posibilidad de detenerlo está en que la opinión pública adquiera conciencia de este hecho y exija que se tomen las medidas necesarias para erradicarlo. Sus denuncias son el primer paso en este sentido.-

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