Reconciliación para vivir juntos

En tres paneles a lo largo del miércoles 12, funcionarios de los gobiernos locales, grandes y pequeños empresarios y miembros de organizaciones de la sociedad civil contaron qué están haciendo en sus territorios en materia de reconciliación, y una gran mesa redonda discutió cómo poner esas experiencias en común y qué lecciones extraer para reforzarlas y replicarlas.

Los tres –gobierno local, empresa privada y sociedad civil– son los pilares del proyecto Reconciliación Colombia, promovido por los principales medios de comunicación del país, una larga lista de empresas, varios  organismos internacionales y representantes de la sociedad civil. La idea es que en las regiones de Colombia ya existen toda clase de iniciativas que muestran caminos para que la sociedad viva en paz. Una investigación de varios meses encontró cerca de 400 de ellas que, de una u otra forma, son fórmulas exitosas de reconciliación entre individuos o comunidades, de la gente con el Estado, entre víctimas y victimarios y muchas otras.

Ahora, el proyecto busca poner en común esas iniciativas, promoviendo cuatro encuentros entre las grandes regiones del país y uno, nacional, en Bogotá. El primero fue el de Medellín.

Allí se habló de experiencias individuales, como la de César Montealegre, empresario y finquero de Caquetá –cuya emotiva intervención cerró el evento–, que desde hace ocho años tiene como empleado de confianza a un integrante del frente tercero de las Farc, que lo tuvo secuestrado durante ocho meses en 1999; y la de Manuel Palacios, desplazado de Carepa, Urabá, quien mediante el deporte y la cultura promueve la convivencia en la Comuna 8 de Medellín. Se expusieron procesos colectivos como el que ha llevado a 60 familias de Putumayo a reemplazar exitosamente el cultivo de coca por el de pimienta, y a eliminar la cadena de intermediarios para vender directamente su producto a empresas como la cadena de restaurantes Wok; el exitoso proceso de retorno y desminado en San Carlos, Antioquia, que devolvió a sus vidas a más de 13.000 personas; el ejemplo de ToliPaz, uno de los 22 programas de desarrollo y paz que viene trabajando hace años con las comunidades del sur de Tolima; o las diversas iniciativas en las que están involucradas las diócesis locales.

Se presentaron proyectos de gobierno como Preparémonos para la Paz de la Gobernación de Antioquia, que busca alistar al departamento para el fin del conflicto armado, y planes de la empresa privada como los de reconciliación que promueve Nestlé en Caquetá y otros lugares. Se habló de proyectos como Caguán Vive, que tiene una agenda de paz hacia el posconflicto y el objetivo de participar activamente en la política local en San Vicente del Caguán.

Representantes de grandes empresas –estaban, entre otros, David Bojanini, del Grupo Sura; Manuel Andrés, de Nestlé; Sergio Vélez, del Grupo Diana; Luis Fernando Rico, de Isagen– conversaron con las organizaciones. Rico, de Isagen, dijo: “Tenemos que ser conscientes de que hoy en día en Colombia los empresarios deben redefinir su rol, o tener el rol que siempre debieron tener: que la creación de riqueza se haga bajo principios y éticamente y se aporte al desarrollo social y la conservación del planeta”. Lucía González, del Museo Casa de la Memoria de Medellín, les dijo: “Creo que no hay que pedirles caridad. Solo que cumplan con dar trabajo digno. Y que eliminen las barreras de ingreso: son muy poquitas las empresas que dan trabajo a afros, indígenas, poblaciones LGTBI”.

Hubo no poco debate sobre qué es reconciliación. Un concepto que, como dijo María Victoria Llorente, de la Fundación Ideas para la Paz, al hacer las conclusiones del evento, “tiene multiplicidad de interpretaciones y no es una sola”.

Para muchos, en especial las víctimas, implica verdad, sin la cual es muy difícil reconciliarse. Para otros, perdón. Representantes de comunidades afro o indígenas dijeron que es imperioso reconocer a sus autoridades étnicas y sus derechos, no formalmente sino de verdad. Otros plantearon la responsabilidad del Estado: “El primer paso que el Estado debe cumplir para generar confianza de reconciliación es cumplir su deber de garantizar los derechos de la gente. Debe haber un compromiso inmediato, radical de que no puede haber más víctimas generadas por agentes del Estado”, dijo Óscar Prieto, coordinador de Caguán Vive.

Entre las conclusiones de este inédito intercambio entre regiones, se destacaron cinco. Uno: la paz se construye en los territorios y es allí donde debe ponerse el énfasis. Dos: la reconciliación no puede ser impuesta y debe partir de la gente. Tres: no se trata solo de reconciliación entre víctimas y victimarios, sino de un proceso de toda la sociedad. Como dijo Evelio García, exsecretario de Gobierno de Chaparral, “la reconciliación no debe ser solo un tratado romántico de no agresión; debe ser un cambio de comportamiento”. Cuatro: para sacarla adelante es esencial la alianza entre los gobiernos locales, las organizaciones sociales y las empresas.

Cinco: muchos coincidieron en que la reconciliación implica también ocuparse de los problemas históricos que arrastra la sociedad. Como lo planteó Deicy Elena Bermúdez, de FedeAfro, una organización de Chocó: “Asumimos que el conflicto, en su noción más amplia que la de conflicto armado, es completamente natural. La reconciliación debe atacar lo que facilita que el conflicto sea natural y permanente; hay que atacar las causas primarias del conflicto”.

La discusión apenas comienza. El próximo encuentro, que congregará a Nariño, Cauca, Valle, Boyacá y Bogotá, será el 26 de febrero, en Cali.