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| 5/5/2011 1:00:00 PM

"Reconocer el conflicto armado no otorga estatus político a los ilegales"

El autor y ponente de la ley de víctimas, Juan Fernando Cristo, dice que quien argumente que reconocer el conflicto es darles estatus de beligerancia a las Farc está "demostrando un gran desconocimiento del Derecho Internacional Humanitario".

Para el senador Juan Fernando Cristo, autor y ponente de la ley de víctimas, la controversia generada porque el proyecto haga un reconocimiento explícito del conflicto armado interno no significa que los grupos armados ilegales vayan a tener estatus político.
 
Por eso explicó que el acuerdo entre el Gobierno y los partidos políticos (representados en los ponentes del proyecto) se mantiene y la ponencia que será radicada para el último debate del proyecto incluye la precisión, en su artículo tercero, de que sólo se reconocerán a las víctimas ocasionadas por el conflicto armado interno en el país.
 
Cristo, en diálogo con Semana.com, fue tajante en afirmar que esta aclaración no hace ningún reconocimiento político a los grupos armados al margen de la ley. “Quien así lo afirme está demostrando un gran desconocimiento del Derecho Internacional Humanitario”.
 
El senador liberal explicó que las normas consagradas en el Protocolo de Ginebra señalan que el reconocimiento que cualquier país haga a un conflicto interno “no cambia el estatus político de los actores ilegales de ese conflicto”.
 
Por ejemplo, dijo Cristo, las FARC no adquirirán el estatus de beligerancia, una de las principales preocupaciones del expresidente Álvaro Uribe, por el solo hecho de reconocer el conflicto.
 
En su calidad de autor, Cristo también explicó que la forma como fue aprobado el proyecto en sus tres debates hace reconocimiento del conflicto, al señalar, desde el propio título de la iniciativa: atención y reparación a víctimas de violaciones a las normas del Derecho Internacional Humanitario. “Cuando se habla de violaciones al derecho internacional se está reconociendo el conflicto armado”.
 
Otro de los argumentos para respaldar el acuerdo entre ponentes y Gobierno es que en ochos años se han mantenido vigentes leyes que se refieren al conflicto armado, desde el propio código penal, la ley de desplazamiento forzado, hasta las prórrogas de la ley de orden público.
 
Para Cristo, la controversia es simplemente semántica. “Estamos legislando para las víctimas. No nos interesa para nada los secuestradores o los masacradores, o como los llamen. El Gobierno seguirá su política de seguridad y persecución a los grupos ilegales”.
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