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| 2/25/2012 12:00:00 AM

Rectora en cuarentena

El miércoles de ceniza, tras cinco días de carnaval, Barranquilla reaccionó aterrada ante la historia de la rectora de la Universidad Autónoma. SEMANA revela hoy nuevos detalles. La fiscal general pidió un informe del caso y a Don Antonio, tras su testimonio, lo trasladaron de cárcel.

Cada cierto tiempo en Barranquilla ocurren hechos que sacuden las entrañas de la ciudad, acostumbrada, o bien al trabajo bullicioso de sus gentes, o al jolgorio desenfrenado en medio de un desdén por las cosas aparentemente trascendentales. Y generalmente los hechos que producen estridencia están relacionados con un homicidio, como ocurrió hace dos años cuando el empresario textil Samuel Viñas asesinó a su esposa Clarena Acosta; o como hace 20 años, cuando se descubrió el homicidio de una docena de indigentes en la Universidad Libre.

El miércoles, cuando la ciudad se despertó después de cinco días de alcohol y rumba del Carnaval, los comentarios no hacían alusión a los imaginativos disfraces, a la mejor comparsa, a las diez orquestas de campanilla que vinieron, sino a la escalofriante historia del asesinato del arquitecto y ganadero de Sabanalarga, Fernando Cepeda Vargas, crimen cometido por las autodefensas en 2003 y confesado, en septiembre pasado, por el exjefe paramilitar del Bloque Norte Édgar Ignacio Fierro, alias Don Antonio.

Lo grave de los hechos contados por Don Antonio, un excoronel del Gaula del Ejército, no fue la aceptación del asesinato, pues ha reconocido más de 250 crímenes y ya tiene en su contra una docena de sentencias anticipadas, sino la revelación de que la orden, según él, se habría originado por pedido de la hoy rectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Gette Ponce, quien les habría ofrecido 150 millones de pesos para asesinar tanto a Cepeda Vargas como a la esposa de este, María Paulina Ceballos. Sin embargo, los autores del hecho, o quienes tuvieron conocimiento, alias 28, Chiqui, Felipe y el Costeño -este último disparó el arma- según dijeron a la Fiscalía, no aceptaron asesinar a Ceballos porque se trataba de una madre con una niña pequeña y se les "iba a calentar la zona", y ambos eran miembros de familias prestantes de Sabanalarga y Barranquilla.

Luego de que SEMANA publicó la historia el pasado domingo, contando cómo la disputa por el control de la Universidad terminó en una decena de procesos entre Silvia Gette, la esposa del entonces rector, de un lado, y María Paulina Ceballos, la hija del mismo rector, del otro, los barranquilleros comenzaron a reaccionar medio aturdidos todavía por la resaca del Carnaval.

A partir de ese momento se empezó a destapar una especie de caja de pandora. El vicerrector de la Universidad en esa época, Antonio Vallejo, habló con La W y contó que en ese entonces él padeció "cuatro años de persecución" por parte de Silvia Gette. "Fueron cuatro años realmente horrorosos", dice refiriéndose a la orden de captura en su contra por cuenta de una denuncia de Gette y a que les tocó viajar por todo el país hasta que en Medellín el Tribunal los absolvió. Anotó además que quedaron "varios muertos sin explicación" relacionados de una u otra manera con el caso o la Universidad en esa época. Habló, por ejemplo, de Jaime Marbello, un agente de la Sijín, quien recaudó las falsas pruebas en el proceso judicial que armaron contra él así como contra María Paulina Ceballos y Fernando Cepeda. "Ese señor Marbello fue asesinado, pero nadie sabe quién lo hizo". También recordó la muerte de David Mattos, un joven abogado presidente de la Sala General de la Universidad a quien asesinaron llegando a la puerta de su casa. Mattos había sido el abogado defensor de Juan Carlos Rada, el jefe de sistemas de la universidad, quien acompañó, según Don Antonio, a Silvia Gette a la reunión en la que supuestamente se habló del pago de 150 millones de pesos para asesinar a Fernando Cepeda. Y también mencionó Vallejo un tercer homicidio, el cometido contra Felipe Martínez Smalbach, administrador de la cafetería, a quien encontraron degollado en la Universidad. "Hay muchos interrogantes de cosas que pasaron en esa época, que no tuvieron respuesta de la Fiscalía ni de nadie. No se sabe quién los asesinó o por qué los asesinaron".

Y también empezó a hablarse la semana pasada de los vínculos de la Universidad con algunos fiscales de Barranquilla. "Como la Universidad tiene facultad de Derecho, muchos fiscales terminan siendo profesores de la institución. ¿Por qué la Fiscalía no se lleva esos procesos para Bogotá?", se preguntaba el exvicerrector Vallejo, quien además fue director nacional del Icfes. El abogado Abelardo de la Espriella, defensor de María Paulina Ceballos, también pidió a la fiscal general trasladar el proceso a la Unidad de Derechos Humanos en Bogotá: "La evidencia habla por sí sola. En Barranquilla no hay garantías, pues el proceso había sido archivado un mes después de ocurridos los hechos sin que se hubiera practicado una sola prueba".

Y al respecto hay dos hechos curiosos. En primer lugar, luego de que el Tribunal de Medellín absolvió a Vallejo, Ceballos y Cepeda, los dos fiscales de Barranquilla que estuvieron relacionados con la investigación, fueron acusados de cohecho y prevaricato por presuntamente favorecer las pretensiones de la rectora. Ambos fueron separados de sus cargos durante varios meses. Sin embargo, después fueron restablecidos y uno de ellos es hoy docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma.

En segundo lugar, tres de los homicidios relacionados con el caso se encuentran radicados en el mismo despacho judicial, la Fiscalía 42 de vida, cuyo titular es desde hace más de una década el fiscal Alberto León Maldonado, y extrañamente los tres procesos han tenido el mismo tratamiento: poca o nula práctica de pruebas y pronunciamientos inhibitorios. ¿Tiene razón el abogado Abelardo de la Espriella cuando pide a la fiscal general trasladar el proceso a Bogotá?

El mismo lunes a primera hora, según pudo conocer SEMANA, la fiscal general, Viviane Morales, pidió a la seccional de Barranquilla un informe del caso.

Otro nuevo elemento que esta revista conoció fue que un mes después de que Don Antonio dio su testimonio, el Inpec tuvo que trasladarlo de Barranquilla a la cárcel La Picota de Bogotá porque, según informes de inteligencia, su vida corría peligro.

Todos estos episodios son los que la Fiscalía debe ahora investigar.

Lo cierto es que la Universidad Autónoma es uno de los centros universitarios más importantes de Barranquilla, con más de 15.000 estudiantes, 20 carreras en pregrado, decenas de especializaciones y maestrías, emisora radial en FM, una productora de televisión y una Facultad de Comunicación de la que han egresado los más importantes periodistas de la ciudad.

La primera reacción de la Universidad se conoció el miércoles, cuando a través de un comunicado emitido desde la webmaster de la Autónoma calificaron a SEMANA, El Heraldo y La W como "sicarios de la dignidad de la Autónoma". Dos días después, el comunicado fue descalificado desde la misma Universidad por un pronunciamiento en el que el centro educativo manifiesta su solidaridad con la rectora, reitera su apoyo, confianza y respeto por la Justicia colombiana, expresa su respeto a los medios de comunicación y desautoriza el contenido y términos del texto emitido desde la webmaster sin la autorización de las directivas.

La rectora Gette también expidió un lacónico comunicado en el que agradece las expresiones de solidaridad y manifiesta su confianza en la Justicia colombiana. Desde el día jueves corre en la Universidad la versión de que Silvia Gette se apartará de la rectoría durante un año y en su reemplazo quedaría encargado el arquitecto Paul García Visbal, miembro del Consejo Directivo. También se menciona a Jorge Mariano, otro de los directivos de mayor confianza de la rectora.
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