El revolcón de la Fiscalía

El viernes de la semana pasada en la Fiscalía General se vivía un ambiente de expectativa. Hasta esa tarde, la profunda reforma que promueve Néstor Humberto Martínez estaba apenas en el papel de uno de los decretos que firmó el presidente con las facultades extraordinarias que le otorgó el proceso de paz. El Fiscal General había explicado que se trataba de una verdadera “liposucción” de la entidad pues su objetivo era “quitar la grasa” y “dejar el músculo”.  Aunque la reforma es necesaria de cara al posconflicto, existía un enorme temor pues en esta se preveía eliminar cerca de 4.500 cargos.

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Martínez había hecho claridad en que eso no significaba el despido masivo de 4.500 funcionarios.  Y, aunque fue enfático en señalar que se trataba en su mayoría de cargos no provistos, en el organismo había un sentimiento de zozobra. Finalmente, el viernes en la tarde, se hizo pública la resolución que aterrizaba ese temor. En un documento de 1.200 páginas en el que detallaba uno a uno cada funcionario, quedó claro quiénes continuaban a cargo de sus labores y quiénes no.

La reforma que transformará al búnker obedece al nuevo momento que vive el país. La función de la Fiscalía General de la Nación dentro del posconflicto fue uno de los temas más debatidos dentro de las negociaciones de la Habana. Pese a que en un comienzo se pensó que hiciera parte de la estructura de la Jurisdicción Especial para la Paz, posteriormente se prefirió que existiera un organismo especial que realizara la investigación y la acusación dentro del nuevo sistema.

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Sin embargo, la Fiscalía sigue teniendo funciones esenciales en el funcionamiento del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, pues deberá elaborar informes sobre los delitos que estén relacionados con el conflicto armado. Asimismo, dentro del Acuerdo Final se exige la creación de una unidad especial al interior de la Fiscalía General de la Nación dedicada a investigar los crímenes contra los defensores de derechos humanos.

Para cumplir con ambas finalidades de cara al posconflicto, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 898 de 2017. Este martes comienzan a regir los principales cambios que trae esa norma. En términos generales la reestructuración designa 500 fiscales en municipios en los que antes no existía presencia de ese organismo. Se trata de lugares golpeados por el conflicto armado, 43 municipios en 31 departamentos a los que llegan estos funcionarios por primera vez. En otros 108 pueblos se reforzarán los equipos. La apuesta fue crear más cargos judiciales y disminuir los directivos. La entidad explicó que pasaron de 225 altos funcionarios a 96.  

SEMANA explica los puntos fundamentales de la reestructuración. 

1. Creación de una Unidad Especial para investigar los crímenes contra los defensores de derechos humanos

Para cumplir con uno de los compromisos del Acuerdo de Paz, se crea la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo.

Este es uno de los puntos más importantes del decreto y que generó más polémica, pues en ls conversaciones se había propuesto que el director de esta unidad fuera nombrado por el comité especial designado para la elección de los magistrados del Tribunal Especial para la Paz. Sin embargo, luego de amplios debates, en el decreto se señala que es el Fiscal quien nombrará al director de esta unidad de terna enviada por el mecanismo de selección y nombramiento de magistrados y otros funcionarios judiciales de la Jurisdicción Especial para la Paz.

2. Reducción de la planta de personal y cambios para mejorar su eficiencia

Hace 3 años, el ex Fiscal Eduardo Montealegre impulsó una reforma que amplió considerablemente la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación a través del Decreto 16 de 2014. Esta norma no estuvo ausente de debate, pues incluso el entonces Ministro de Justicia Alfonso Gómez Méndez se negó a firmarlo y tuvo que hacerlo el entonces Viceministro Miguel Samper Strouss.

La reforma de Montealegre creo numerosos organismos en el sector central como la Dirección Nacional de Políticas Públicas y Planeación, la Dirección Nacional de Estrategia en Asuntos Constitucionales, la Dirección Nacional de Análisis y Contextos, la Dirección de Articulación de Fiscalías Nacionales Especializadas, la Dirección Nacional del Sistema Penal Acusatorio y de la Articulación Interinstitucional en Materia Penal, la Direccion Nacional de Seccionales y de Seguridad Ciudadana y la Dirección de Apoyo a la Gestión. A nivel regional también se amplió la nómina considerablemente, pues en cada Seccional se crearon Subdirecciones Seccionales de Fiscalías y de Seguridad Ciudadana, de Policía Judicial CTI, de Apoyo a la Gestión y de Atención a Víctimas y Usuarios. Estas ampliaciones fueron criticadas por muchos funcionarios que llevaban décadas trabajando en la entidad, pues creían que más que cargos de asesores en el sector central lo que se necesitaba era más recursos para apoyar las investigaciones.

Al contrario del decreto de Montealegre, la reforma impulsada por el Fiscal Martínez implica una considerable reducción de la planta de personal de la Fiscalía, pues se suprimen más de 4.500 cargos. Algunos de éstos son reasignados a otras funciones dentro de la nueva estructura y otros no estaban provistos. En total fueron despedidos 254 funcionarios. Dentro de los organismos eliminados se encuentra la la Dirección Nacional de Estrategia en Asuntos Constitucionales, a través de la cual la anterior Fiscalía presentaba demandas e intervenía en numerosos procesos ante la Corte Constitucional.

3. Simplificación de las Direcciones Seccionales

La reforma simplifica considerablemente la estructura de la Fiscalía en las regiones, pues elimina las subdirecciones creadas por Montealegre de Policía Judicial CTI, de Apoyo a la Gestión y de Atención a Víctimas y Usuarios y las reemplaza por asesores expertos para aquellas seccionales que lo requieran. El objetivo es reducir la gran cantidad de funcionarios directivos creados en la anterior reforma y reemplazarlos por solo algunos profesionales de apoyo que faciliten la gestión.

Desde hoy comienzan a aplicarse las resoluciones expedidas para desarrollar esta reforma propuesta por el Fiscal General de la Nación para mejorar su eficiencia de cara al posconflicto. Sin embargo, todavía no se encuentra en firme, pues en este momento está siendo estudiada por la Corte Constitucional, la cual deberá decidir en los próximos días si es constitucional.