¿Reestructuración sin fin?

El primer mes del segundo gobierno de Álvaro Uribe dejó claro que la reestructuración del Estado es una obsesión del Presidente.

Investido con las facultades extraordinarias que el Congreso le dio en 2002, ha fusionado ocho ministerios, liquidado 35 entidades y reestructurado 120. No se sabe si el diagnóstico inicial sobre las entidades se quedó corto, o si lo que falló fue la estrategia, pero Uribe tiene nuevos planes de reestructuración, que ya empezaron a anunciarse.

El Presidente acaba de notificar que va a liquidar el Instituto de Seguros Sociales y a capitalizar a Ecopetrol, o, en palabras de sus críticos, a "privatizarla". El gobierno les había hecho el quite a estas papas calientes, pero Uribe decidió ahora enfrentar estas entidades, afectadas por falta de competitividad, casos de corrupción e inviabilidad financiera.

El Presidente le está pidiendo al Congreso más poderes ¿Hasta dónde llegará su fiebre de reforma?

Por ahora, el gobierno tiene en mente hacer otras cuatro intervenciones quirúrgicas. Ya está liquidando Adpostal, que le estaba trayendo pérdidas de casi 34.367 millones de pesos, y va a centralizar al Icetex para ahorrar costos. La ministra de Comunicaciones, María del Rosario Guerra, está lista para reorganizar la Comisión Nacional de Televisión, criticada por ser un fortín de los políticos; y se viene el proceso de democratización de Isagen.

"Vamos a evaluar lo que ya hicimos, para definir en qué casos es necesario corregir el rumbo; esa tarea la realizará Fedesarrollo", afirmó Mauricio Castro, director del Programa de Renovación de la Administración Pública (Prap). Y seguro van a encontrar varios casos donde es necesario corregir el rumbo. (Ver recuadro).

Estos cambios son indispensables para tapar el hueco fiscal. Gracias a las reducciones que el gobierno ha hecho de 30.000 cargos, se han ahorrado 182.307 millones de pesos, que según el mismo Presidente "serán trasladados a inversión física y social". Sólo por la liquidación de Telecom y algunas electrificadoras se han dejado de perder siete billones; recursos que serán invertidos en cubrir el déficit fiscal. "Por la supresión definitiva de ese número elevado de cargos, a futuro vamos a dejar de pagar hasta 800.000 millones de pesos", afirmó Carolina Rentería, directora de Planeación Nacional.

Otros argumentan que el afán de ahorrar no conduce a perfeccionar la eficacia de las entidades. Este reproche se extiende a las fusiones de los ministerios. "Por intentar meter todo en un mismo saco, hubo mucha improvisación y varias tareas importantes que estas entidades cumplían quedaron relegadas", dijo la senadora liberal Cecilia López al referirse a la unión entre el Ministerio del Medio Ambiente y Vivienda. "Cómo es posible que ahora los constructores y los defensores de las reservas forestales compartan edificio. ¿Así cómo vamos a defender un desarrollo sostenible?", critican los ambientalistas, y los constructores afirman que la política de vivienda quedó relegada.

"El que mucho abarca poco aprieta", dicen los críticos de la fusión entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior. La justicia ya no tiene doliente en el Ejecutivo, pues el ministro de 'la política' se gasta los días y las noches en el Congreso. Mientras tanto, las cifras de impunidad y la crisis carcelaria siguen siendo muy altas. Además, el tema de la descentralización fue pateado al último rincón, según Juan Camilo Restrepo. "Lo único que nos ahorramos con esta fusión fue el sueldo de un ministro", afirma el abogado y columnista Ramiro Bejarano.

Sobre las 35 liquidaciones, la Contraloría General criticó el tiempo que se ha tomado hacerlas.Una liquidación implica la eliminación de una entidad que no es viable financieramente y la entrega de sus funciones a otra más pequeña y competitiva. Si el gobierno se demora años eliminando las viejas entidades, termina pagando por el funcionamiento de la entidad en liquidación y de su versión renovada."Sí, nosotros hemos tenido que prorrogar algunos plazos. Pero hemos sido mil veces más eficientes que nuestros antecesores, que se podían gastar liquidando una empresa hasta 10 años", explica Castro, director del Prap. El gobierno asegura que en 2007 todos estos procesos estarán terminados.

De todos estos cuestionamientos, el gobierno se defiende argumentando que las reformas no han sido perfectas pero son necesarias para lograr un Estado más pequeño y menos costoso, y que es preciso adelantarse a un escenario que con el tiempo va a ser insostenible. Se agrega el propósito de mejorar la rentabilidad de las empresas para que sean competitivas en el mundo globalizado. "Es mejor tener la plata en unas pocas buenas empresas, que desagregada en múltiples canastas que no están dando ganancia", agrega la directora de Planeación Nacional.

La pregunta de fondo es si la reestructuración es la cura para todos los males. Para la oposición, por lo menos no está resolviendo la llamada politiquería: "Muchas de las entidades fueron saneadas, y después vuelven a caer en manos de la politiquería", afirmó la senadora López. Según algunas cifras de la Contraloría este argumento no se puede generalizar, pero sí es cierto que en algunas entidades los empleos suprimidos han sido reemplazados a través de contratos de prestación de servicio o la llamada 'nómina paralela'. La Superintendencia de Notariado y Registro, tan nombrada últimamente por graves denuncias de corrupción, según las cuales el 'súper' les habría cobrado dinero a los notarios a cambio de beneficios, a pesar de haber reducido su planta 10 por ciento en 2002, de 2.398 cargos a 2.282, esto no se ha reflejado en un solo peso de ahorro. ¿Dónde está la plata?

Hasta que el programa de meritocracia de este gobierno no se consolide, cualquier intento de limpiar la casa quedará incompleto. Pues de nada sirve desarmar y volver a armar estas entidades si no se blindan contra el clientelismo y las influencias de los políticos.