Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2008/09/06 00:00

Referendo en deuda

Los promotores del referendo entregaron, como les exige la ley, sus cuentas. Se gastaron 2.046 millones en la campaña, pero no explican de dónde salieron 1.903 millones de pesos.

La campaña del referendo por la reelección fue liderada por Luis Guillermo Giraldo, que aquí aparece el día de la entrega de las firmas. Esta semana se sabrá cuántas de los cinco millones de rúbricas entregadas son válidas, y si la campaña violó los topes de gastos impuestos por la ley

A las 4:26 de la tarde del pasado 2 de septiembre llegó al despacho del Registrador Nacional el balance contable de la campaña del referendo por la reelección presidencial. De esta forma, minutos antes de terminar la jornada, el comité de promotores de dicha iniciativa atendía la ley según la cual 15 días después de terminar de recoger las firmas, debían entregar a dicha entidad la relación de sus contribuciones. "Cumplimos", dijo satisfecho Luis Guillermo Giraldo, el vocero de esta campaña. En estricto sentido lo dicho por Giraldo es cierto, pero en la información entregada hay un gran vacío sobre el origen de la financiación de la campaña. Tanto, que el balance deja la sensación de que se está dando un trámite puramente formal a un requisito de la mayor importancia, sobre todo por tratarse de una iniciativa que podría cambiar fundamentalmente la manera de hacer política en el país.

Que los ciudadanos sepan de dónde sale el dinero para la actividad política es un asunto crucial. No sólo se trata de apoyar una iniciativa, sino de saber quiénes son los que la están soportando económicamente, qué intereses representan, y si esto en algún momento puede significar algún tipo de conflicto. Pero hasta ahora esto no pasa con la llamada iniciativa popular de Giraldo. Es tan esencial este aspecto de transparencia, que la ley que obliga a la presentación de un balance dice: "Desde el inicio del proceso de recolección de firmas, cualquier persona podrá solicitar que se haga público el nombre de quienes hayan financiado la iniciativa, en dinero o especie".

En el reporte entregado figura un total de 2.046 millones de pesos de gastos de la campaña. De estos hay contribuciones por 143 millones de pesos, soportadas por una relación de tres páginas con sus nombres. El saldo restante, es decir 1.903 millones de pesos, está clasificado como 'otros créditos'.

Entre los 99 donantes (ver lista en semana.com), ocho son empresas, y ninguno supera los topes. Sólo tres personas, entre las que está Giraldo, aportaron el monto máximo permitido que es 3.300.000 pesos. Las dudas surgen con el rubro de créditos, que es el que más pesa en las cuentas.

¿De dónde salieron los 1.903 millones de pesos que allí aparecen? ¿Por qué no se entregó a las autoridades un informe de quién los prestó? ¿Quién va a pagar este dinero? "La ley habla de contribuciones, y fue lo que entregamos", dijo Giraldo a SEMANA. Asegura que contrajeron las deudas con proveedores y con la Asociación Colombia Primero, que sirve de plataforma para la campaña. Por su parte, el gerente de la campaña Carlos Jaramillo, dice que no dan los nombres por "el riesgo de terrorismo", que deben ser responsables y que la información está abierta si la requiere una auditoría oficial.

Ambos dirigentes coinciden en decir que van a empezar una campaña nacional en busca de apoyo para cubrir el rojo que hoy tienen sus cuentas, que van a hacer cocteles por todo el país y a vender 400 cuadros que les donaron. Este aporte curiosamente no aparece en el balance y no se sabe si viola los topes de aporte individual, una restricción que dificulta la posibilidad de cubrir una deuda tan elevada.

Esta semana la campaña del referendo estará atenta de dos noticias decisivas. Por un lado se conocerá cuántas de las cinco millones de firmas entregadas son válidas, y si sirven para que se inicie el trámite de la propuesta en el Congreso. Por otro, se sabrá la respuesta del Consejo Nacional Electoral a una consulta que el Registrador le hizo acerca de si las cuentas presentadas demuestran que no se violaron los topes legales. La razón es que hay una polémica jurídica al respecto, como lo confirmó a SEMANA Juan Pablo Cepero, presidente del Consejo. Consiste en que algunos interpretan que el tope máximo en una campaña de este tipo es de 334 millones de pesos, mientras otros, como los promotores, dicen que no hay límites. De esta respuesta dependerá que la propuesta que en muchos ha despertado entusiasmo, no quede enredada en el manejo de quienes han estado promoviendo esta iniciativa.
 

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