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| 9/23/2017 10:15:00 PM

Referendo para reformar la justicia: Nació muerto

El referendo para reformar la Justicia es políticamente inoportuno y jurídicamente enredado. Estas son las piedras que hacen tan difícil ese camino.

La crisis de la Justicia no toca fondo. Cada noticia que aparece conduce a un punto más bajo. La imagen del expresidente de la Corte Suprema Francisco Ricaurte, capturado y frente a un juez en Paloquemao, va más lejos de lo que cualquiera hubiera podido anticipar. Ver a quienes tuvieron los más altos cargos de la Rama Judicial en el banquillo de los acusados genera una desesperanza colectiva de consecuencias impredecibles. La sal se corrompió. Y si se suma la sinsalida en la que se encuentra una reforma a la Justicia –intentos fallidos en el Congreso bajo varios gobiernos o vetada por la Corte Constitucional–, la desazón aumenta. ¿Qué hacer? La pregunta es tan perturbadora y la crisis tan grave que ninguna fórmula resulta convincente.

El procurador Fernando Carrillo, quien desde su posesión ha asumido que su responsabilidad como jefe del Ministerio Público lo obliga a liderar la búsqueda de recetas contra la corrupción, lideró la última. El funcionario lanzó un planteamiento recogido por el gobierno: un referendo. La idea sería someter al electorado en el día de las elecciones de Congreso –marzo próximo– una propuesta de modificaciones constitucionales, para sacar adelante los temas que ninguna reforma a la Justicia ha podido pasar. Sería el tercer intento del gobierno de Juan Manuel Santos por hacer ese revolcón.

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Nadie cuestiona la necesidad de la reforma. De hecho, hay un consenso nacional sobre la necesidad de limitar el poder de la cúpula de la Justicia, quitarles a los magistrados las funciones electorales y establecer un tribunal que los juzgue con mayor eficacia que la Comisión de Acusación de la Cámara. Pero resulta controversial si el referendo de marzo es una salida conveniente y oportuna. Su puesta en marcha sería un camino lleno de rocas.

Las primeras son políticas. Para hacer un referendo el gobierno debe tramitar una ley en el Congreso. Y eso no sería fácil. El Ejecutivo, en su último año, ya no tiene las mayorías que lo acompañaron en sus inicios. Ni siquiera ha logrado aprobar normas esenciales del proceso de paz, como la ley estatutaria de la JEP (ver artículo).

El segundo tropiezo sería jurídico. Para que la ley del referendo pueda convocar al pueblo se necesita que la Corte Constitucional la apruebe. Y hay varios antecedentes para creer que esto no sucedería. El alto tribunal tumbó el referendo para la segunda reelección de Álvaro Uribe con la teoría de la sustitución de la Constitución. Hasta antes de esa sentencia, la corte solo podía analizar en este tipo de leyes vicios de forma. Sin embargo, en esa oportunidad consideró que su análisis podía extenderse al fondo, cuando el Congreso en sus reformas excedía su ‘competencia’ y modificaba pilares esenciales de la Carta Política.

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Ese argumento, aplaudido en ese entonces, les abrió a los magistrados una puerta. Y las últimas veces que la han utilizado han sido bastante criticados. Con la misma teoría, la Corte Constitucional tumbó una parte esencial de la reforma de equilibrio de poderes: la comisión de aforados. Precisamente el expresidente de la corte Leonidas Bustos y el exfiscal Eduardo Montealegre fueron los principales opositores de ese nuevo tribunal. Ahora también sería poco probable que la corte autorice un referendo que los afectaría directamente.

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El último problema es más práctico. Un referendo implica una convocatoria popular gigantesca. Para que pueda ser realidad, se necesita que el 25 por ciento del censo electoral salga a la calle a votarlo, y que de ese total, la mitad más uno lo apruebe. Eso significa 9 millones de votos, una cifra muy alta para un país polarizado y en medio de una campaña pugnaz que no facilita para nada la construcción de consensos. Con una complejidad adicional: que esta fecha, por norma constitucional, no puede coincidir con otra votación, lo que hace más difícil alcanzar el umbral.

Si Álvaro Uribe, el presidente más popular de la historia, apenas logró pasar el umbral en una pregunta de su referendo –también con la bandera anticorrupción–, se ve poco probable que Santos y Carrillo, con una grave pero poco atractiva causa, muy técnica para el ciudadano común, logren esa hazaña.

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