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| 2/21/2015 10:00:00 PM

Referendos que terminan en nada

Proliferan propuestas de referendos y consultas para que los ciudadanos decidan, pero los mecanismos demostraron su ineficacia.

Los referendos y las consultas populares están de moda. El expresidente César Gaviria, dentro de su propuesta de justicia transicional para todo el mundo, planteó un referendo. Y el gobernador de Bolívar, Juan Carlos Gossaín, convocó una consulta popular en Cartagena y otros 13 municipios, ante las denuncias de maltrato a toros y caballos en las corralejas, para consultar si esas festividades deben llevarse a cabo o no.

En vísperas del fallo de la Corte Constitucional sobre la adopción de menores por parejas homosexuales, la senadora liberal Viviane Morales inscribió con 236.000 firmas un comité promotor de un referendo para limitar la adopción a las parejas heterosexuales. Frente a la decisión de ese mismo tribunal que regresaría las corridas de toros a Bogotá, activistas de la defensa de los animales anunciaron una consulta ‘antitaurina’ que estaría en manos del alcalde Gustavo Petro o de su sucesor en 2016. Por distintas razones, gobernantes, congresistas y organizaciones sociales están acudiendo a la participación ciudadana para las definiciones de los más variados temas polémicos.

No obstante, hay un largo trecho entre el dicho y el hecho a la hora de consultar la voz del pueblo. El balance de los instrumentos de ‘democracia directa’ –innovación de la Constitución de 1991– es muy pobre. Tras 20 años de expedición, la Ley 134 de 1994, encargada de definir las normas para la participación ciudadana, ha sido calificada por expertos como un fracaso. En 2012, tras una revisión sistemática de los siete mecanismos que la legislación contempla, la Misión de Observación Electoral (MOE) concluyó que “Colombia está en mora de estrenar su democracia participativa”.

Los colombianos cuentan con un amplio menú de opciones para participar en la toma de decisiones. El referendo, la consulta popular, el plebiscito, el cabildo abierto, la revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa y normativa; se pueden aplicar para distintas temáticas, en lo local y lo nacional para rechazar medidas, proponer leyes, tumbar gobernantes y definir políticas. A pesar de semejante abanico de alternativas, errores en el diseño, requisitos elevados y engorrosos, subordinación de las iniciativas al Congreso y falta de claridad en los alcances han condenado estos instrumentos a la inutilidad e inoperancia.

Que la participación ciudadana sea casi imposible de ejercer no significa que los políticos, los gobernantes y la sociedad no lo hayan intentado. Entre 1991 y 2012 en 18 ocasiones se han impulsado referendos para reformar la Constitución: dos han sido promovidos por el gobierno, 16 por ciudadanos y uno derogatorio. Solo uno llegó a las urnas en 2003, el del entonces presidente Álvaro Uribe “contra la corrupción y la politiquería” y únicamente una pregunta pasó el umbral. Los nombres de algunos referendos que el Congreso hundió son conocidos: el de la senadora Gilma Jiménez de prisión perpetua para agresores de niños en 2008 o el del agua. Otros los tumbó la Corte Constitucional, y el más famoso de estos es el de la segunda reelección de Uribe en 2010.

En cuanto a consultas populares, se han convocado a nivel departamental y local desde 1998 unas 40 y han sido aprobadas 18, la mayoría sobre asuntos territoriales y creación de municipios y áreas metropolitanas. Uno de los ejercicios más famosos fue en Bogotá: en 2000 los capitalinos votaron la creación del día sin carro y negaron un pico y placa permanente. En años recientes el debate sobre este mecanismo ha girado en torno a la minería. En 2013 los habitantes de los municipios de Piedras, Tolima, y Tauramena, Casanare, le dijeron no a las actividades mineras en su jurisdicción. Una tercera consulta sobre minería, en el municipio casanareño de Monterrey, fue suspendida por el Consejo de Estado al fallar una tutela interpuesta por Ecopetrol. Un decreto del Ministerio de Minas de finales del año pasado restringió aún más la capacidad de las autoridades locales para pronunciarse sobre la explotación minera.

El balance de la revocatoria del mandato es aún peor. Desde 1996 más de 130 iniciativas para terminar los periodos de alcaldes y gobernadores se han radicado en la Registraduría. Unas 46 lograron llegar a las urnas y ninguna ha prosperado. El caso más sonoro es el del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, cuya revocatoria fue respaldada por más de 350.000  firmas válidas, pero los capitalinos nunca pudieron votarla a pesar de cumplir con los elevados requisitos. Otro mecanismo de participación que nunca ha sido estrenado en dos décadas de la Ley 134 es el plebiscito.
Por último, las iniciativas populares legislativas y normativas, que son proyectos de ley impulsados por ciudadanos para discutirse en el Congreso, tampoco registran muchos éxitos. De las tres iniciativas para reformar la Constitución que se han impulsado, solo una, sobre servicios públicos domiciliarios, llegó al Congreso y la hundieron. Seis propuestas de ley que cubrían asuntos como el porte de armas de fuego también fracasaron, al igual que otras tres iniciativas de ordenanza departamental y cuatro de acuerdo municipal. Un ejercicio popular en la localidad santandereana de Cerrito que buscaba proteger el páramo de Almorzadero fue aprobada en 2010 por el Concejo de ese pueblo.

En 20 años, cientos de miles de colombianos, incluidos dos presidentes de la República y al menos dos alcaldes de Bogotá, han intentado mediante comités promotores y firmas modificar leyes, impulsar reformas y tumbar mandatarios sin mayor éxito. Los asuntos que han cubierto estos intentos fallidos son de toda índole: servicios públicos, manejo de basuras, movilidad sostenible, revocatoria de los congresistas, exclusión minera, reelección presidencial, reforma política, régimen de transferencias, extradición y un largo etcétera. A pesar de centenares de intentos aún existen mecanismos de participación que no han prosperado ni una sola vez en dos décadas como el plebiscito, la revocatoria del mandato y la iniciativa popular legislativa.

La democracia participativa no es ajena a muchas democracias en la actualidad. El año pasado la mayoría de los escoceses le dijo no a la independencia del Reino Unido, mientras los catalanes buscan una consulta similar sobre su estatus dentro de España. En 1998 los irlandeses votaron por los acuerdos de paz del Viernes Santo, mientras que en 1999 los guatemaltecos negaron los resultados de los diálogos de paz con la guerrilla. En 2014 en Estados Unidos, que tiene un sistema federal, 158 consultas y referendos fueron llevados a las urnas en 42 estados con temas desde marihuana, derechos de los gais y explotación petrolera.

La experiencia de la participación ciudadana en los últimos 20 años  indica que las iniciativas de la senadora Morales, de los antitaurinos e incluso de los eventuales acuerdos de paz de La Habana enfrentarían duros escollos por superar. Lo más seguro es que se queden en la fase inicial, y de llegar a las urnas, bajo los actuales estatutos, sucumban. Por más que los gobernantes, congresistas o activistas esgriman las banderas del voto popular, no es fácil aplicar en Colombia el dicho de que la voz del pueblo es la voz de Dios.
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