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| Foto: León Darío Peláez

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El urgente llamado de la Contraloría a la Fiscalía en el caso Reficar

En una carta, el contralor Edgardo Maya le pide al fiscal Montealegre que le ayude a asegurar unas evidencias probatorias contenidas en correos electrónicos y equipos de cómputo.

4 de febrero de 2016

La semana pasada se conoció uno de los escándalos económicos más graves de los últimos tiempos en el país: los multimillonarios sobrecostos de la modernización de las instalaciones de la refinería de Cartagena (Reficar). Un escándalo que tiene contra las cuerdas a cerca de 12 directivos que están en la mira de las autoridades de control.

La Contraloría fue la primera en dar a conocer las irregularidades ocurridas allí. En un informe de casi 200 páginas, el ente de control llamó la atención porque los costos del proyecto llegaron a 8.016 millones de dólares, 4.023 millones más de lo presupuestado. Además de advertir sobre demoras en la construcción, que comenzaron desde el momento en que se planeó la obra y Ecopetrol comenzó la búsqueda de un socio estratégico en el 2006.

Y aunque el ente de control destapó el escándalo, después se conoció que desde hace un año, la Procuraduría tenía bajo la lupa a Reficar y abrió una investigación formal a 12 directivos y exdirectivos que podrían tener algún grado de responsabilidad en el probable detrimento patrimonial.

Ahora un nuevo ingrediente se suma al caso. En una carta que el contralor Edgardo Maya Villazón le envió este miércoles al fiscal general, Luis Eduardo Montealegre, le pide ayuda para asegurar evidencias probatorias que estarían contenidas en correos electrónicos y en servidores y equipos de cómputo.

Según Maya Villazón, las comunicaciones fueron intercambiadas por las líneas de mando y “dirección del proyecto” y agrega que, por la misma naturaleza de las posibles pruebas, hay un alto riesgo de pérdida o de sufrir alteraciones.

“En tal sentido creemos que reviste gran importancia contar a la mayor brevedad posible con la cooperación de la Fiscalía como ente rector y coordinador de las entidades que ejercen funciones de policía judicial”, dice la misiva.

Y agrega que el propósito es “proceder a la aprehensión material y digital de aquellas evidencias que, a juicio de la Contraloría, pueden esclarecer la responsabilidad de las personas y entidades involucradas en el proceso de modernización de Reficar”.

La solicitud del contralor no surge porque sí. Desde el pasado 6 de julio del 2015, la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía y la Presidencia firmaron un convenio de cooperación que está enfocado a combinar esfuerzos para investigar, perseguir y sancionar las conductas que podrían afectar al Estado.

Esta misiva es un llamado urgente para aunar esfuerzos y llegar hasta el fondo en esta investigación, por cuanto Reficar se ha convertido en el símbolo de los malos manejos en uno de los proyectos que, tan solo hace pocos meses, era mostrado como el más importante de la industria petrolera en Colombia.