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| 11/10/2014 12:00:00 AM

La academia pasa a examen la reforma de equilibrio de poderes

La rama judicial necesita con urgencia una reingeniería, pero por fuera de cualquier reforma política.

El proyecto de reforma constitucional que presentó el Gobierno y que busca restablecer el principio de pesos y contrapesos propone cambios deseables para cualquier democracia: elimina las reelecciones presidencial, del vicepresidente, de magistrados de las altas cortes, del fiscal y del procurador; le resta poder al Ministerio Público, y, entre otras cosas, establece la silla vacía por corrupción. 

Sin embargo, un foro realizado en la Universidad Externado en el que 11 universidades de todas las regiones y el centro de pensamiento DeJusticia discutieron sobre el tema concluyó que es preferible hundir apartes del proyecto de dicha reforma a la justicia, ya que tiene más visos de ser una reforma política. Además, discutir un cambio para la justicia en el marco de una reforma de equilibrio de poderes podría llegar a disminuir el debate amplio que se requiere para cambiar el aparato judicial.

Desde cuando fue radicado, el pasado 15 de septiembre, el acto legislativo ha causado un amplio y acalorado debate sobre la pertinencia y la claridad acerca de algunos de los puntos que se plantean en el documento.

Mediante esta iniciativa, la Administración pretende reformar elementos fundamentales del sistema electoral, de la estructura del poder judicial, de la elección y el desempeño de los órganos de control y de algunas competencias que han sido encomendadas al Legislativo. 

Un debate de control político en la Comisión primera del Senado, antes de su radicación, fue el preámbulo de una reforma que desde el primer momento planteó cambiar temas tan polémicos como la elección del procurador, el establecimiento de un tribunal que se encargue del juzgamiento de los magistrados de las altas cortes y el fiscal general, y la eliminación de la reelección presidencial.

Mientras la reforma se alista para su tercer debate, que se efectuará entre esta y la próxima semana. El texto de la ponencia, que fue entregado el pasado 5 de noviembre para la consideración de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, ha sufrido bastantes modificaciones ya que se han eliminado alrededor de 12 artículos y cuenta con otros cambios como que la lista cerrada electoral comience a regir a partir del 2018 y no del 2022, y elimina el artículo que habilitaba curules en el Congreso a los candidatos presidencial y vicepresidencial que obtuvieran la segunda votación en las elecciones.

A pesar de los cambios que ha sufrido el documento, el tema del tribunal de aforados que reemplazaría la Comisión de Acusaciones y que tendrá como función investigar al procurador, al contralor, al defensor, al fiscal y a los magistrados de las altas Cortes, al presidente y al vicepresidente, sigue siendo uno de los más polémicos y seguramente revivirá viejas pugnas entre el fiscal y el Legislativo, algo que ya ocurrió en el primer debate en la plenaria del Senado cuando el jefe del ente investigador se atrevió a comparar el tribunal con un segundo holocausto al Palacio de Justicia. (Ver: La pelea por la reforma al equilibrio de poderes)

Ante esto, la academia no se ha quedado quieta y en el foro en la Universidad Externado se pidió al Gobierno hacer una mejor reforma ya que el documento actual “sólo representa cambios superficiales, y por tanto deficientes, de cara al objetivo que ha inspirado el proyecto”. 

Y es que la premura podría ser uno de los tantos factores que están dejando pasar de “agáchese” temas clave que según los catedráticos necesitan mayor atención. Como prueba de la rapidez con la que está pasando la reforma está la idea del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, de que el tercer debate en la Comisión Primera de la cámara termine antes de que se acabe el mes de noviembre, para que la iniciativa sea discutida en plenaria de Cámara antes del 16 de diciembre.

Los académicos, que representan a las universidades de Antioquia, de los Andes, Javeriana, Sergio Arboleda, de la Amazonia, del Norte, Autónoma de Bucaramanga, de la Costa, Libre de Pereira, Tecnológica de Chocó y del Externado, no ven del todo mal la propuesta y manifiestan “su aprobación frente a la intención general que persigue el proyecto”. Gracias a que este busca acabar con la concentración de poder en cabeza de algunas autoridades, algo que "pone en riesgo el adecuado funcionamiento del aparato público hacia la realización del Estado social de derecho”.


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