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REFORMA
Enfermos con cáncer temen por su futuro
Expertos y asociaciones de pacientes con enfermedades de alto costo aseguran que la reforma de la salud limita el ingreso al país de nuevos tratamientos.
5 de febrero de 2014
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La posible aprobación de la reforma a la salud propuesta por el Gobierno aún es motivo de preocupación para los diferentes actores del sistema. Esta vez, voceros de los pacientes con cáncer afirman que la normativa restringiría la llegada de nuevas tecnologías al país con el fin de afrontar la crisis económica que atraviesa el sector.
Por su parte, especialistas del grupo de Oncología Clínica de la Fundación Santa Fe de Bogotá han manifiestado que el Ministerio, en esta iniciativa para reducir gastos, obligará a los especialistas a “formular tratamientos obsoletos”.
“Ustedes toman esas decisiones porque no les ha dado cáncer a sus mamás”, dijo Andrés Cardona, oncólogo de la Fundación Santa Fe, al ex viceministro de Salud en septiembre de 2013 durante un foro sobre la normativa propuesta por el Gobierno.
Asimismo, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, ha admitido no ser capaz de quedarse callado ante las confrontaciones de sus detractores, incluso en las redes sociales, y confiesa que algunas de sus frases le han “salido caras”.
Por ejemplo, en una columna de julio del 2013 para El Tiempo, el ministro afirmó que “necesitamos lidiar con la llegada de nuevas tecnologías, que cuestan cinco o diez veces más y no son necesariamente mejores”.
En respuesta a quienes argumentan que con dicha aseveración se busca limitar la llegada de nuevas tecnologías al país, Gaviria afirma que no todas las tecnologías de nueva generación o en fase de experimentación necesariamente superan a las actuales.
“Esta era una afirmación general sobre los medicamentos biotecnológicos. Los laboratorios hacen que se aprueben rápido en EE. UU. y los traen con toda (velocidad) a Colombia. Pero la evidencia muestra que no necesariamente son los mejores. La frase fuera de contexto preocupa, pero es una pregunta que se hacen todos los sistemas en el mundo. La industria farmacéutica es la más interesada en que entren estos productos”, dijo a Semana.com.
El ministro asegura que la ley no busca restringir los tratamientos de alto costo, sino aquellos que no tienen evidencia. “La ley estatutaria tiene que ver con las últimas tecnologías que no funcionan, pero jamás se plantea restringir lo costoso, sino con lo que no funciona o no cumple los requisitos de evidencia”.
Para que el Ministerio de Salud apruebe un medicamento o tecnología, este debe contar con la evidencia científica que soporte su seguridad y su eficacia, tener el registro de la autoridad competente –Invima-, no estar en fase de experimentación, no tener un propósito cosmético que no se relacione con el mantenimiento de la capacidad vital o funcional; o que se deba prestar en el extranjero. Si la prestación no cumple cualquiera de estos requisitos, no sería cubierta por los recursos públicos del Estado.
Sin embargo, para la psiquiatra Carolina Corcho, directora de la Asociación Nacional de Internos y Residentes (ANIR) y vocera de la Mesa Nacional por el Derecho a la Salud, “esa es una discusión de fondo que se puede prestar para muchos malos entendidos”.
“Es muy común que haya estudios contradictorios sobre un mismo medicamento y las gestoras se pueden pegar de eso. Además, en Colombia no hay una política gubernamental para que los hospitales universitarios hagan investigación”, agrega.
Asimismo, la psiquiatra afirma que la evidencia científica, motivo por el cual el Gobierno excluiría ciertos tratamientos, "es sólo un paradigma de la ciencia médica. Por ejemplo, en el caso de la dermatología, el 80 % de procedimientos no cuentan con esta evidencia, pero sí funcionan. Entonces según la ley estatutaria, todos esos tratamientos quedarían excluidos, lo que se traduce en una negación superior a la que teníamos antes de la ley".
Pero los pacientes dermatológicos no serían los únicos afectados por este criterio de inclusión. Según Corcho, en el caso de la psiquiatría, el 60 % de los tratamientos cumplen estos requisitos y en el caso de la oncología, la cifra varía entre el 30 y el 40 %.
“Fuera de contexto”
Otra de las afirmaciones que han causado malestar entre médicos y voceros de las asociaciones de pacientes fue la que hizo Gaviria durante una entrevista a UN Periódico en noviembre del año pasado, en la cual señaló: “No se puede pagar la última tecnología, por eso planteamos exclusiones en la ley estatutaria, básicamente para lo que no funciona o está en etapa experimental”.
Frente a la inconformidad que genera esto entre asociaciones de pacientes y médicos, el ministro asegura que su afirmación fue tomada fuera de contexto y que el plan de beneficios favorece a los pacientes oncológicos.
“Dije eso en torno al debate, pero durante la decisión que se tomó en diciembre, el tema del cáncer sale beneficiado en cuanto a los medicamentos que se incluyen en el plan. Quienes hacen estas aseveraciones deberían atenerse a los hechos”, dice Gaviria.
Pero Corcho afirma que no todos los tratamientos empleados por los médicos están respaldados por la evidencia científica que exige el Ministerio.
“El ministro compara dos conceptos que no son equiparables. Dice que si algo no tiene evidencia científica, no funciona, y eso no es cierto… En todas las áreas de la medicina hay muchos tratamientos que no tienen ‘evidencia’ y sí funcionan”, explica la directora de ANIR.
Así mismo, comenta que Colombia no cuenta con los estudios suficientes para respaldar el uso de ciertos medicamentos o dispositivos, en especial cuando se trata de enfermedades de alto costo.
“La evidencia se refiere a cuántos estudios multicéntricos y con metodología avalan (un tratamiento). El problema es que en Colombia no hay suficientes hospitales universitarios para hacer estudios, pero por experiencia sabemos que (esos tratamientos) funcionan”.
Lo que hacen los médicos, explica la especialista, es “extrapolar a nuestro medio los estudios de EE. UU. y Europa. Por ejemplo, el 40% de la psiquiatría que yo ejerzo tiene evidencia científica, e incluso sobre un medicamento puede haber estudios contradictorios que arrojan resultados diferentes”.
Para la psiquiatra, determinar la prestación de un servicio según el grado de evidencia que este tenga a su favor se prestará para que las entidades nieguen tratamientos a los pacientes.
“Eso se vuelve es una barrera de acceso -señala-. Las gestoras se van a pegar de que algo no tiene evidencia para negarlo. Por ejemplo, en el caso de los niños autistas y la terapia conductivo comportamental, (el Gobierno) dice que no hay evidencia, pero tampoco ofrece otras alternativas. El hecho de que no haya estudios en Colombia no quiere decir que no sirva”.
País pobre
El Ministerio reconoce que la ley busca poner un freno a las prestaciones que no tienen una justificación dentro de los parámetros planteados en aras de reducir los costos.
A través de los comités técnico científicos (CTC), a los pacientes les son aprobados o negados los diferentes requerimientos que no están en el POS, sin embargo, “a través de tutela, prácticamente se accede a todo porque el juez determina que la persona debe ser amparada con una tecnología de última generación. La ley estatutaria determina lo que está dentro del núcleo esencial del derecho a la salud y hará una extensión progresiva” en el curso de los dos años de transición que transcurran entre la aprobación de la norma y su implementación completa.
Dicha extensión progresiva de las prestaciones dentro del plan de beneficios tendrá “un límite, ya que no pueden ser infinitas. En ningún país del mundo es infinito… Somos un país pobre y, como Estado, no tenemos como la plata que tiene, por ejemplo, el Reino Unido para invertir por cada habitante. Nosotros, que tenemos menos dinero, no podemos dar tantas coberturas como pueden dar otros países”, afirmó una fuente del Ministerio de Salud.
“Si el Gobierno permitiera tratamientos en fase experimental, los críticos dirían que se usan colombianos como conejillos de Indias para experimentar con tratamientos de otros países”, señala.
Gaviria, por su parte, dice que su Ministerio está “haciendo seguimiento a los más de 500 niños con cáncer detectados por el sistema para ver cómo los están atendiendo. Hemos visto que el diagnóstico y el inicio del tratamiento se demoran por los tiempos que hay entre una atención y otra. También hay problemas con el desplazamiento de las familias porque, aun cuando hay una buena atención, la falta de transporte los hace interrumpir” el proceso.
“El sistema no tiene cómo pagar el albergue permanente y la subsistencia de estas personas. En la reforma estatutaria se plantea que los pague el Estado, pero financiados por otra fuente que está pendiente por definir”, dice Gaviria.
De ser aprobada la reforma a la salud, habría una fase de transición desde el sistema actual, tiempo durante el cual el Ministerio debe resolver cómo vigilará que los tratamientos formulados cumplan con los requisitos que propone.
Por ahora, está pendiente que la Corte Constitucional se pronuncie en cuanto a la ley estatutaria, mientras la ley ordinaria de la reforma estará de nuevo bajo la lupa cuando se reanuden los debates en la Comisión Séptima de la Cámara el próximo mes de marzo.
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