Reforma de la salud, lo bueno y lo malo

El Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, defiende una reforma al sistema de salud que, en medio de debates y críticas por parte de opositores, entre ellos los senadores Jorge Robledo (Polo Democrático) y Luis Carlos Avellaneda (Progresistas), dejan a los colombianos sin ver una luz al final del túnel en la materia.

Lo bueno de la reforma

Con Salud Mía, el Estado recupera el control de los fondos de la salud. Esta figura afiliará, recaudará, administrará, pagará y la transferirá todos los recursos del sector. Además, se busca que vigile, controle y regule el sistema.

Se acaba el Plan Obligatorio de Salud (POS) para ser remplazado por un plan único de beneficios más amplio basado en exclusiones específicas, como lo cosmético, suntuario, experimental y no probado.

Se busca que el Estado vigile, controle y regule el sistema, así como eliminar la intermediación financiera al eliminar las Empresas Sociales del Estado (EPS) y se crean los gestores de salud, responsables de la atención de los pacientes.

Los recobros disminuyen a medida que el Estado reasume el control, con el Plan Único de Beneficios y con lo que se pretende disminuya el número de tutelas.

Con la creación de redes integradas de servicios, se planea ofrecer atención integral a las personas. La vigilancia se fortalece junto a las funciones de la Supersalud, cualidades que podrán descentralizarse.

El presidente de la República podría definir las condiciones laborales de los trabajadores del sector. El país se divide en unidades regionales para compensar asimetrías en salud.

La ley estatutaria unifica la información y el registro en salud.

Se busca que la tutela sea un mecanismo excepcional y se castigará a quienes abusen de ella por ejercicio, como a las entidades que no presten los servicios.

Lo malo

Es un ajuste financiero del papel del Estado como garante de la salud de los colombianos, mas no una reforma de fondo.

El Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), que será reemplazado por Saldud Mía, está acosado por los recobros desmesurados de algunas EPS, lo cual conllevará a su liquidación.

Para el senador Jorge Robledo, la intermediación financiera persistirá, ya que las futuras gestoras cobrarán por administrar los recursos y, además, generarán ganancias por ello.

En entrevista con W Radio, para el senador Avellaneda, las EPS sólo cambiarán de nombre y esta reforma las deja con “grandes beneficios... ya que, además de aseguradores, vía que les permite no prestar servicios y quedarse con una plata de la salud…, van a quedar con recursos de administración, incentivos, una cuota per cápita por riesgo y de redistribución del riesgo, copagos, cuotas moderadoras y los rendimientos financieros…. Mientras menos servicios se presten, más tasa de rentabilidad les queda”, y añade que este modelo responde a una “mercantilización de la salud”.

Según el senador, el financiamiento del sistema a través de copagos y cuotas moderadoras atenta contra el carácter de derecho fundamental de la salud al limitar el acceso de las personas.

El nombramiento y la remoción de gerentes o directores de las Empresas Sociales del Estado (ESE, hospitales públicos) quedaría en manos de los entes departamentales, lo que, según algunos analistas, expone los cargos a la politiquería.

Las dudas

En un período de transición de dos años, Salud Mía debe gestionar la cartera; afiliar, recibir, autorizar y efectuar pagos del régimen contributivo. Si aún hay cuentas “perdidas” del Fosyga, que está encargado del 25% del capital, ¿podrá el Estado manejar la información de la totalidad de los recursos?

El proyecto deja abierta la posibilidad de que haya integración vertical en el primer nivel de atención, entre gestores y prestadores. No queda claro si los gestores de salud manejarán dineros del sistema en los primeros niveles de atención. Para algunos, esto equivaldría a seguir con el modelo de EPS.

Los dineros de la salud son públicos hasta cuando se transfieren a los agentes del sistema. Incluso la Contraloría General de la República ha manifestado inquietudes al respecto. El proyecto asegura que la ley “redefine” en lugar de reformar estructuralmente el sistema.

No hay incentivos claros para que inversionistas privados del sistema, incluidas las EPS actuales -que tienen la información de los pacientes-, se conviertan en gestoras o para que se creen nuevas.