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| Foto: Andrés Camilo Gómez

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La reforma que disminuye el poder del fiscal

El fiscal general era uno de los funcionarios que tenían la gabela del juicio político. El actual proyecto lo deja más expuesto a la acción de la justicia ordinaria.

10 de mayo de 2015

No es la primera vez que el fiscal general, Eduardo Montealegre, amenaza al Congreso por cuenta de la reforma al equilibrio de poderes. El año pasado, en el mes de octubre, llamó a toda la rama judicial a movilizarse en contra del Congreso. Ahora anunció en una entrevista que demandará el proyecto si es que el legislativo decide aprobarlo.

Montealegre asegura que la reforma es inconstitucional, que es una revancha del Congreso contra las altas cortes y la Fiscalía, y que le está entregando más poderes al Ejecutivo.

Puede que al fiscal le asista razón. De hecho, es generalizada la impresión que con el pretexto de eliminar la reelección presidencial, el proyecto se ha convertido en una colcha de retazos a la cual se la ha ido colgando una reforma política y judicial.

Pero lo que puede estar detrás de las calificaciones del fiscal es que el proyecto tiene nuevas disposiciones que le minan el poder que la Constitución del 91 le otorgó al fiscal.

Hoy el jefe del organismo investigador, al igual que los magistrados de las altas cortes y el presidente de la República, es investigado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes mediante un procedimiento que históricamente ha impedido que genere resultados.

Luego de la instrucción de un proceso y encontrar méritos, deberá acusar ante la plenaria de la Cámara de Representantes. Si esta aprueba, remitirá la acusación ante el Senado. Allí se adelantará un juicio de dignidad política, y solo si es declarado indigno, pasará a ser juzgado penalmente por la Corte Suprema de Justicia. En pocas palabras, hoy el fiscal general debe ser sometido a un juicio político antes que entrar a uno penal.

Esta disposición no deja de ser una gabela de este funcionario frente a otros servidores públicos. Y el actual proyecto la elimina, al acabar la Comisión de Acusaciones de la Cámara y crear, en su lugar, la Comisión de Aforados, integrada por cinco magistrados, que a partir de entrar en vigencia la reforma, investigará al fiscal y a los demás magistrados de las cortes. Ahí ya no será necesario adelantar un juicio político en el Congreso para que estos funcionarios puedan ser investigados penalmente.

Ese es la principal modificación que afecta la investidura del fiscal general. En octubre, el fiscal Montealegre consiguió que esa nueva Comisión de Aforados sólo investigara y que acusara ante el Congreso. Pero como el Senado modificó esa disposición, coinciden ahora la nueva andanada del fiscal contra el proyecto.

Más aún cuando el debate de esta iniciativa ha coincidido con un hecho que ha llamado la atención de muchos parlamentarios. La suerte de la demanda de la excontralora Sandra Morelli contra Montealegre por el caso Saludcoop. Una demanda que no ha tenido evolución en la Comisión de Acusaciones, cuyo secretario trabajó como enlace del fiscal general en el Congreso. Las suspicacias están a la orden del día.

Esta semana la reforma al equilibrio de poderes entra en discusión en la Cámara de Representantes, donde se adelantarán los dos debates que le restan al proyecto. Y será allí donde se tiene que dar el debate entre los magistrados de las altas cortes, el propio fiscal, el Gobierno y el Congreso para concertar definitivamente el proyecto. Sin embargo, las palabras del fiscal contra los parlamentarios calentarán estos debates.