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| 4/29/2017 10:00:00 PM

Listas cerradas: el corazón de la reforma electoral

Acabar con el voto preferente reduciría el costo de las campañas, fortalecería los partidos y acabaría con parte de los males que volvieron la política un negocio y desbocaron la corrupción. ¿Se atreverá el Congreso a hacerlo?

Entre los temas que propuso la misión de reforma electoral creada por el acuerdo de paz hay uno que académicos, expertos en transparencia y analistas electorales consideran estratégico: volver a las listas cerradas para Congreso, Concejos y Asambleas.

La lista cerrada dejó de ser obligatoria en 2003. En ese año, el Partido Conservador apoyó al entonces ministro del Interior, Fernando Londoño, en su proyecto de aumentar el umbral electoral a cambio de permitir la elaboración de listas con voto preferente. A diferencia de las cerradas, en las que los candidatos se presentan en un orden establecido por el partido, en las de voto preferente el número de votos de cada aspirante determina su lugar en la lista. Eso implica que las posibilidades de obtener una curul no tienen que ver con el lugar que ocupe en el tarjetón.

Los conservadores y la mayoría de los parlamentarios argumentaban a favor del voto preferente que las listas cerradas iban en contravía de la democracia partidista, puesto que los directivos determinaban con el mecanismo del ‘bolígrafo’ quién debía encabezarlas. Sin embargo, 15 años después, es claro que el voto preferente no mejoró la democracia interna de las colectividades. Según Juan Carlos Rodríguez Raga, miembro de la misión electoral, la lógica resultó al revés y “quedó en evidencia que la lista cerrada es la que obliga a la democracia interna al generar discusiones sobre cómo organizar listas”. Adicionalmente, dice Raga, las listas cerradas promueven liderazgos, pues para que un candidato gane el privilegio de estar en los primeros puestos además de votos debe tener buena imagen, lo cual logra por medio de un buen desempeño político.

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El principal defecto de las listas de voto preferente es que contradicen la existencia de partidos sólidos. Mientras en las cerradas importa sobre todo lo que representa el logo y la propuesta de cada partido, en las de voto preferente los candidatos compiten internamente por lograr una curul. En plata blanca, eso significa que más que defender posiciones partidistas, los candidatos tienen que diferenciarse de sus propios compañeros de lista para ganar. De hecho, los escasos ejemplos recientes de bancadas con posiciones unánimes en el Congreso –las del Centro Democrático y el Mira– se deben a que sus parlamentarios vienen de listas cerradas.

Por si fuera poco, que los candidatos deban competir con los de los otros partidos, y con los del suyo propio, aumenta los costos de las campañas. “Si hace 15 años lanzarse al Senado costaba 100 millones de pesos, hoy cuesta 1.000”, asegura un parlamentario que lleva cuatro periodos en el Congreso. Además de quitarles posibilidades a quienes no tienen plata, el mayor costo de las campañas les abre las puertas a más casos de corrupción, pues muchos aspirantes buscan financiar sus candidaturas con aportes de contratistas o de privados con intereses específicos en el Estado.

Finalmente, el voto preferente va en contravía del voto programático. Para un ciudadano es más fácil identificar el planteamiento ideológico de un candidato que de decenas (o cientos, en el caso del Congreso) que compiten por una misma curul. Así, en 2014 hubo 733 candidatos para ocupar 102 curules en el Senado.

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Durante años pareció imposible volver al esquema de lista cerrada. Excepto por los costos de las campañas, los congresistas han estado cómodos con la opción del voto preferente. No en vano ha permitido a muchos con votos, pero sin reconocimiento para encabezar listas, entrar a la Cámara y el Senado. Sin embargo, esta vez el propio desprestigio de la política los ha obligado a repensar el tema. Varios ya mencionan que es preferible apostarle ahora a un cambio profundo en la manera de ser elegidos, a seguir perdiendo credibilidad. Además, los tranquiliza la propuesta de que las listas cerradas comiencen a ser obligatorias en las elecciones locales y regionales de 2019 y no en las parlamentarias de 2018.

El último intento por impulsar las listas cerradas tuvo lugar en 2015, cuando el Congreso comenzó a tramitar la reforma de equilibrio de poderes. En ese entonces, quienes más se opusieron a la imposición de las listas cerradas, a pesar de venir de una de ellas, fueron los miembros del Centro Democrático. A ellos se sumaron los conservadores, a quienes el esquema de listas cerradas no les conviene porque –desde hace años– su presencia en el Senado se debe a los feudos políticos regionales. Por la falta de consenso, en el sexto debate de la reforma, el Senado tumbó la obligatoriedad de las planchas cerradas.

En esta oportunidad el Centro Democrático también ha planteado críticas a la propuesta de volver a las listas cerradas. Pero su oposición tiene que ver más con que esa iniciativa surgió de la Misión Electoral planteada en los acuerdos con las Farc. En cuanto al posible cambio en las reglas de juego, sorprende que sectores progresistas, entre los cuales se encuentran el Polo Democrático y la Alianza Verde, manifestaron su desacuerdo con las listas cerradas. Entre los verdes, se considera que el voto preferente es favorable a que existan candidatos de opinión, individuales, con posibilidades de ser elegidos. Y los senadores del Polo tienen tres argumentos: primero, que su partido representa la convergencia de diferentes tendencias de izquierda sin desigualdades jerárquicas que justifiquen que alguna de ellas encabece sus listas; segundo, que su potencial electoral está más ligado a figuras como Iván Cepeda o Jorge Enrique Robledo, que al logo del partido; y tercero, que las listas cerradas no necesariamente sirven para combatir la corrupción.

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No obstante, los anteriores argumentos son controvertibles. Además de que hay evidencia histórica de que con las listas cerradas se modera el riesgo de financiacion ilegal de las campañas, es evidente que su propósito es reivindicar los partidos por encima de las figuras. Detrás de las críticas de los verdes y el Polo está su preocupación por no pasar el umbral del 3 por ciento en próximas elecciones y su creencia de que la sumatoria de liderazgos individuales, en donde cada candidato de la lista pelea por ser el primero, los ayuda a sumar votos para lograr ese umbral.

El descontento de los minoritarios también se debe a que las cerradas les haría más difícil presentar listas de coalición para llegar al Congreso. Desde hace meses, Polo, verdes y progresistas vienen trabajando en esa posibilidad para 2018, para lo cual, además de una ley, necesitarían hacer acuerdos para asignar las curules a cada movimiento. Y hacer esos arreglos sería más fácil con voto preferente que en una lista cerrada.

En el Congreso existe una discusión sobre si la reforma electoral debe correr por la vía expedita del fast track. Pero además de que dicha reforma hace parte de los acuerdos de La Habana, es claro que en un trámite legislativo regular podría embolatarse de nuevo. La historia demuestra que, en un tema tan sensible para los políticos, cambios de ese tipo se hacen rápido, o no se hacen nunca. 

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