Néstor Humberto Martínez derrota a Montealegre en reforma a la Fiscalía

La Corte Constitucional dio el veredicto final sobre la gran reestructuración que se impondrá en la Fiscalía General de la Nación en sus 25 años de historia. El diseño y destino del ente de investigación –que cuenta con más de 25.000 empleados– oscilaba entre la reforma llevada a cabo por el entonces fiscal Eduardo Montealegre en 2014 y la contrarreforma que acometió el actual fiscal Néstor Humberto Martínez, a pocos meses de su llegada.

La corte, acogiendo una ponencia del magistrado Alberto Rojas, decidió darle luz verde a la Fiscalía de Martínez y con ello sepultó en definitiva la visión del fiscal antecesor. Luego de meses de discusión los magistrados del alto tribunal decidieron jugársela por la “racionalidad” que soporta los ajustes formulados por Martínez. 

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Montealegre creó una Universidad dentro de la entidad con miras a que allí se capacitaran investigadores y fiscales en sus respectivas experticias, así mismo había creado una serie de oficinas delegatarias en varias capitales del mundo, conocidas como las “embajadas” de la Fiscalía. Su reforma también contemplaba 5.000 cargos de los cuales 3.700 no habían podido ser asignados por falta de presupuesto y otros 250 aun más polémicos por la asignación salarial de 25 millones de pesos sin mayor claridad respecto a las funciones que tendrían esos empleados.  

La contrarreforma de Martínez eliminó todo eso de un plumazo y, aun más, hizo ajustes en sentido inverso. Por ejemplo, a cambio de las embajadas creó 516 Fiscalías en remotos municipios a donde nunca se había visto un fiscal.

Así mismo, hizo otras modificaciones para fortalecer la entidad de cara al el posconflicto. En ese sentido puso en marcha la Unidad Especial de Investigación contra las bandas criminales. Esta unidad se concibió dentro del acuerdo de paz negociado en La Habana y su misión es  enfrentar las redes criminales para evitar que con los exmilitantes de las Farc ocurra lo que pasó con los militantes de la UP, cuyo exterminio se dio ante la pasividad del Estado.

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Pero aunque la fórmula de Martínez parece a todas luces más conveniente que la de Montealegre, no todos le auguraban éxito dado que el actual fiscal acometió sorpresivamente su revolcón amparado en un decreto ley tramitado mayo pasado en el Congreso a través de la llamada vía rápida o fast track.

Como se recuerda, esa fórmula le permitió al Gobierno tramitar ágilmente varias reformas para viabilizar la paz pactada con las Farc. Muchos se preguntaban, incluyendo los sindicatos de la Fiscalía, ¿qué tenía que ver la supresión de centenare de cargosde la entidad con la paz? Y el argumento de Martínez fue que se requerían serios ajustes para lograr hacer llegar la entidad a las zonas donde antes solo imperaba la ley del fusil. 

En el fondo es ese el argumento al que hoy la corte le da el espaldarazo definitivo al declarar la constitucionalidad del decreto ley 898 del 25 de mayo de 2017. La ponencia del magistrado Rojas fue respaldada por sus colegas salvo la magistrada Gloria Ortiz quien se apartó de la discusión porque antes de llegar a la Corte había conceptuado sobre la reforma de Montealegre.