Reforma a la justicia aprobada en primera vuelta

Aunque no cuenta con el respaldo de las Altas Cortes y algunos sectores políticos, la reforma a la justicia avanzó en el Congreso con la aprobación en cuarto debate, la mitad de los que requiere una reforma de rango constitucional.
 
Entre los temas más relevantes estuvieron el retiro de la facultad de la rama judicial de postular aspirantes a la Procuraduría y la Contraloría, el respaldo a mantener el fuero militar dentro de la reforma, la creación de una ‘súper corte’ para juzgar a aquellos que tienen fuero constitucional y que la Corte Constitucional será el órgano de cierre en cuanto a tutelas se refiere.
 
En primera instancia, la Cámara decidió otorgar funciones jurisdiccionales a abogados y notarios. El ministro de Justicia y de Derecho, Juan Carlos Esguerra, sostuvo que es una respuesta audaz ante el represamiento de causas judiciales sin resolución en los despachos.

"Se trata de abogados sumamente conocedores de la ciencia jurídica y experimentados que pueden prestar su concurso a la causa de la justicia, y en el caso de los funcionarios administrativos de los juzgados, la verdad es que la idea es tan sencilla como que ellos puedan prestar su concurso para que ciertas diligencias y ciertos trámites que hoy únicamente puede cumplir el juez", dijo Esguerra.
 
Esa decisión había sido duramente cuestionada por las magistrados de los máximos tribunales al considerar que se trata de una privatización de la justicia.
 
La votación en la Cámara de Representantes confirmó también el retiro de las funciones nominadoras que actualmente tienen las Altas Cortes en cargos de control como la Procuraduría y la Contraloría, que pasarían al Ejecutivo y al Legislativo.
 
También se buscaba quitarle la posibilidad de nombrar aspirantes en el caso del Registrador Nacional de Estado Civil, pero en el texto aprobado continuará esa nominación en poder de la rama judicial, mediado por un concurso de méritos.
 
Entretanto, pese a la abierta preocupación por parte de la ONU y varias organizaciones de derechos humanos y la advertencia de que esto podría abrir las puertas del país a la Corte Penal Internacional, fue ampliamente respaldada en la plenaria de Cámara la extensión del fuero penal militar y policial.
 
Pese a que ello significará que cualquier incidente ocasionado por miembros de la fuerza pública será considerado como acto de servicio, en varias oportunidades el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, ha defendido que la iniciativa no conducirá a la impunidad y menos en casos de crímenes de lesa humanidad.
 
Por otra parte, también se aprobó la constitución de una especie de ‘súper corte’ que conocerá en primera instancia de los crímenes cometidos por personas con fuero constitucional, como los congresistas.
 
Ese nuevo tribunal estaría conformado por seis magistrados, de los cuales dos serán nombrados por el presidente, otros dos por la Sala de Gobierno del Consejo Superior de la Judicatura y los dos últimos por el mismo Congreso.
 
Pese a que la Corte Suprema de Justicia es la que actualmente lleva esas investigaciones y que gracias a su función de primera y única instancia fue posible juzgar y condenar a los responsables de la parapolítica, si se aprueba la iniciativa solo podrá conocer de los delitos de altos dignatarios en segunda instancia, opción de apelación reclamada desde tiempo atrás por los parlamentarios.
 
Finalmente, el texto de la reforma busca poner fin a los denominados ‘choques de trenes’ entre las Altas Cortes en el tema de constitucionalidad y se definió que el órgano de cierre de esa acciones legales como la acción de tutela será la Corte Constitucional.
 
Así las cosas, será ese tribunal el encargado de defender los derechos fundamentales de los colombianos.