Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

×

| 6/30/2012 12:00:00 AM

Reforma a la Justicia: cayó el orangután

El país logró atajar la reforma a la Justicia. Pero las consecuencias para el gobierno, el Congreso y las cortes apenas comienzan a verse.

A todo el mundo le tocó tragarse un sapo: gobierno, Congreso, cortes, constitucionalistas y hasta la opinión pública. Pero era lo que se necesitaba para salir de una crisis que parecía no tener salida. Después de que en la primera etapa casi todo el mundo había quedado mal, se podría decir que al final del día todos se portaron bien y, aunque haya sido a regañadientes, pusieron su granito de arena.

Esto no quiere decir que hayan salido ilesos. Aunque algunos tienen más moretones que otros, todos en alguna medida quedaron lesionados. El presidente tuvo que enfrentarse al orangután en un gesto que inicialmente tenía más de audacia que de cálculo político y cuyo desenlace era imposible anticipar. No era fácil ni muy presentable cambiar su papel de padrino a verdugo de la reforma. Pero los últimos micos de la conciliación lo exigían. Se podía haber lavado las manos con el argumento de que el Ejecutivo no podía objetar una decisión autónoma del Congreso en materia constitucional, dejándole así la papa caliente a la Corte. Pero esa opción dejaba abierto el riesgo de que la reforma entrara en vigor. Por eso decidió actuar.

Al Congreso le tocó aún más duro. Independientemente de los micos, pensaba que estaba complaciendo al Ejecutivo. Los parlamentarios colombianos, en su mayoría, son ante todo gobiernistas. Y el sapo que les tocó tragarse con el reversazo presionado por la Casa de Nariño fue gigante. Aunque el vergonzoso episodio de la reforma a la Justicia tenía muchos responsables, casi toda el agua sucia les cayó a ellos. No solo la que se merecían, sino la de los que pretendían lavarse las manos a costa de ellos. El país entró en una histeria anti-Congreso que no hizo distinción entre justos y pecadores.

Las mejor libradas fueron las cortes. La opinión pública por lo general no registró la complicidad que tuvieron los magistrados durante la gestación de la criatura. Ellos, que siempre habían sido los más críticos de la reforma, decidieron pasar agachados cuando les extendieron el periodo cuatro años. Al igual que el gobierno, una vez explotó el escándalo, simplemente cambiaron de discurso.

Ante la indignación de la opinión pública, ninguna de esas tres ramas del poder público se atrevió a defender la reforma. Después de dos años de reuniones semanales y de debates infinitos, todos los protagonistas se hicieron los de las gafas. Esa hipocresía facilitaba la situación, pues no había oposición efectiva. El Polo y algunos sectores antigobiernistas querían que la reforma fuera promulgada para poder tumbarla a través de un referendo. Pero en lo que todos estaban de acuerdo era que había que matar al orangután.

El problema, entonces, era armar el muñeco jurídico que permitiera darlo de baja. Y eso no era fácil. No había antecedentes de que el presidente objetara una reforma constitucional. Por otra parte, la normatividad vigente establece que los actos legislativos solo se pueden tramitar y aprobar en sesiones ordinarias. Como todo tema tiene en derecho más de una interpretación, se comenzó a buscar cómo solucionar el problema. Las sugerencias originales habían venido de Fernando Carrillo. Este sentó las bases para la intervención del presidente en televisión en la cual objetó la reforma por inconveniente e inconstitucional. Esos conceptos fueron desarrollados en mayor detalle en un documento de 68 páginas, coordinado por la secretaria jurídica Cristina Pardo y con el aporte de Juan Carlos Esguerra, Fernando Carrillo y Manuel José Cepeda, tres grandes juristas.

Ante la dimensión del reto y el poco tiempo de que disponían, el documento es bastante bueno. Los dos grandes interrogantes eran: 1) ¿Puede el presidente objetar un acto legislativo? y 2) ¿Puede hacerlo en sesiones extraordinarias? Frente a estos el equipo jurídico de la Casa de Nariño interpretó que más que prohibiciones al respecto, lo que había era un vacío jurídico. Con esta premisa procedieron a crear una 'jurisprudencia' basada no tanto en la letra de la ley, sino en el sentido común, en analogías y en el argumento -bastante cuestionable, pero legítimo- de que todo lo que no está prohibido está permitido. La teoría central era que el presidente de la república no puede quedarse quieto ante una amenaza que pone en peligro la estructura del Estado. Y el ejemplo efectista al cual se recurre para sustentar esa línea de pensamiento es qué pasaría si el Congreso de la república aprueba una reforma constitucional para volver a implantar la esclavitud en Colombia.

Como era de esperarse, el mundo jurídico se polarizó alrededor de esta interpretación. En términos generales se podría decir que los abogados gobiernistas la respaldaron y los antigobiernistas, así como los santanderistas, expresaron sus reservas. Para estos últimos, se estaban reviviendo conceptos como la razón de Estado y el Estado de opinión que abren la puerta a la arbitrariedad presidencial. Una opinión que tuvo bastante peso a favor del gobierno fue la de Rodrigo Uprimny, un constitucionalista muy respetado y reconocido como independiente, quien coincidió con el documento oficial. También sirvió para inclinar la balanza el concepto del exmagistrado y excandidato presidencial del Polo Democrático Carlos Gaviria, que sin meterse en la controvertida minucia jurídica manifestó que la prioridad era hundir la reforma.

La verdad es que lo que pensaba Carlos Gaviria lo pensaba la mayoría de los colombianos: había que matar al orangután. Y si eso requería que todas las partes tuvieran que tragarse algún sapo, era un mal menor. En otras palabras, había que anteponer la dignidad y la salud de la patria a cualquier otra consideración. Y si tocaba torcerle un poquito el pescuezo a una que otra tradición jurídica, era más que justificable.

Muerto el orangután, su caída provocó no pocos destrozos. En esta fase los tres grandes poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) están atravesando su peor momento en imagen. Más grave aún, las relaciones entre la Rama Ejecutiva y el Congreso están resquebrajadas. Los parlamentarios, siempre obsecuentemente aliados del gobierno, están sentidos. Para que el presidente quedara bien se necesitaba que el Congreso quedara mal, y ese libreto no les ha gustado. Caída la reforma, el presidente y el ministro del Interior, Federico Renjifo, han tratado de sanar las heridas con gestos de reconocimiento al Legislativo. Pero esa curación requiere más que palabras. Al ministro ni siquiera lo dejaron hablar en el recinto cuando iba a hacerle un homenaje al Congreso por su contribución en la solución del problema.

Esto no quiere decir que hay una fractura irreparable entre la Casa de Nariño y el Capitolio. Colombia es un país presidencialista y los parlamentarios para su gestión y subsistencia dependen del oxígeno que les da el Ejecutivo. Juan Manuel Santos tiene don de mando y la sartén por el mango. Si pudo arreglar sus relaciones con Chávez y Correa en un abrir y cerrar de ojos, no se va a varar con los partidos de su propia coalición de gobierno. Pero no le va a salir del todo gratis. Hasta la crisis de la semana pasada, la mesa de Unidad Nacional funcionaba en gran parte por cuenta del prestigio presidencial, sin mayores contraprestaciones o posibilidades de chantaje. La mayoría era tal que el que se salía de la foto no hacía falta. Ahora para mantenerlos unidos tendrá que haber un poco más de reciprocidad. Particularmente por las reformas importantes que se avecinan (tributaria, pensional, etcétera) así como la reelección.

La gravedad de lo sucedido quedó en evidencia con las encuestas publicadas después de la crisis. Tanto Datexco como Gallup coinciden en que los tres poderes públicos quedaron fuertemente golpeados por el tsunami de indignación de la opinión pública de la semana pasada. El Congreso llegó a niveles bajos históricos cercanos al 80 por ciento de rechazo. Y curiosamente el sistema judicial está al mismo nivel del Congreso. En esto último también pagaron justos por pecadores, pues la Corte Constitucional, que no tuvo velas en ese entierro, también perdió muchos puntos.

Al presidente de la república tampoco le fue bien en esas encuestas. A pesar de que el papel que él desempeñó fue determinante en la solución del problema, la opinión pública lo castigó. En Datexco, su imagen cayó de 65 a 55 puntos. En Invamer-Gallup, de 64 a 48. Esas cifras son relativamente buenas comparadas con las de otros presidentes. Ernesto Samper pasó la mayor parte de su gobierno entre 30 y 40 puntos, y Andrés Pastrana por debajo de 30. César Gaviria, durante el apagón y la fuga de Pablo Escobar, también llegó a 30 puntos. Santos, con sus 50 puntos, está todavía lejos de esas cifras, pero lo cierto es que los últimos datos lo bajan del Olimpo al mundo de los mortales.

El problema que enfrenta el presidente es que estas cifras coinciden con una desaceleración de la economía y una percepción generalizada de que la seguridad se deteriora. Estos dos factores -bolsillo y miedo- tendrán más incidencia hacia adelante en la imagen de su gobierno que el recuerdo de sus aciertos o sus errores en el episodio de la reforma a la Justicia. La crisis de la semana pasada seguramente no es la única causa del bajonazo presidencial, pero será registrada como un punto de quiebre. Al llegar a la mitad de su gobierno, Santos tiene que comunicar mejor su gestión, hacer menos anuncios y meter el acelerador a la ejecución.

Ha llegado el momento de un timonazo. Santos siempre ha sabido darlos en los momentos críticos de su carrera. Los ajustes son urgentes y se parecen a una situación que enfrentó en su campaña. Durante esta, cuando Mockus amenazaba con ganarle, logró un milagro electoral dándole un viraje radical a su estrategia. Algo parecido se requiere ahora. De eso dependerá no solo su reelección, sino el veredicto que haga de él la historia.
¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 1839

PORTADA

Odebrecht: ¡Crecen los tentáculos!

Las nuevas revelaciones del escándalo sacuden al Congreso y al director de la ANI. Con la nueva situación cambia el ajedrez político al comenzar la campaña electoral.