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| 10/6/2011 12:00:00 AM

Reforma a la Justicia supera debate, tras acuerdo tripartito

Durante la discusión, Cortes, Congreso y Gobierno llegaron a una conciliación sobre la iniciativa. "Es un paso importante que fortalece nuestra democracia", expresó el presidente Juan Manuel Santos.

Tras un debate de casi 15 horas, en el que hubo amagues de naufragio, la reforma a la Justicia superó la primera de ocho discusiones que debe surtir antes del 20 de julio del 2012. Esta vez el escenario fue la Comisión Primera del Senado, donde se alcanzaron los primeros acuerdos entre las tres ramas del poder público para el avance del proyecto.
 
Gobierno, Congresistas y Altas Cortes estuvieron presentes en el arduo debate en el que finalmente se determinó que la Comisión de Acusaciones de la Cámara sería eliminada, a diferencia del Consejo Superior de la Judicatura, que mantendría sus funciones aunque con modificaciones en su estructura.
 
El proyecto de enmienda constitucional también contempla aspectos como el acceso real a la justicia, la descongestión judicial y las funciones jurisdiccionales a los notarios, independencia y autonomía de la rama judicial, entre otros.
 
La iniciativa empezó a ver vio la luz ‘al final del túnel’ en la tarde del miércoles, luego de que el presidente Juan Manuel Santos anunció el principio de acuerdo entre los senadores de la comisión, ponentes de la Reforma a la Justicia; los ministros de Justicia y del Interior, la Corte Suprema, y los Consejos de Estado y de la Judicatura.
 
“Han llegado a un acuerdo, a un acuerdo sobre el contenido de la reforma que en este momento se está discutiendo”, dijo el mandatario.
 
“Yo celebro enormemente este paso, ustedes todos, el país entero sabe muy bien que he sido un gran defensor de la teoría de la armonía necesaria entre los poderes públicos y la necesidad de trabajar con la misma dirección y con los mismos objetivos”, añadió.
 
Según la Casa de Nariño, Santos Calderón puntualizó que “es un paso importante que fortalece nuestra democracia, que da una demostración más de que tenemos una democracia donde los poderes públicos pueden trabajar juntos, guardando nuevamente, y siempre insistiendo en su respectiva independencia”.
 
Puntos
 
Durante el debate, se estableció la posible creación de un tribunal de instrucción, que reemplazará a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y estará conformado por siete magistrados que se encargarán de investigar al primer mandatario.
 
Respecto de la acción de tutela, el proyecto no establece modificación alguna, con el fin de "avanzar en el trámite y discusión del proyecto", tal como lo aseguró el senador liberal Luis Fernando Velasco.
 
Con el fin de descongestionar la justicia, los funcionarios administrativos, como notarios y abogados, podrán evacuar procesos distintos a los de carácter penal y contencioso administrativo.
 
Sin embargo, según lo estableció una proposición del senador del Partido de La U Juan Carlos Vélez, los funcionarios no podrían recoger pruebas, ni proferir sentencias judiciales. Este punto fue particularmente dispendioso, pues Vélez dijo desconocer los acuerdos entre las tres ramas, algo que terminó por empantanar varias veces la discusión.
 
En cambio, sin inconvenientes pasó la propuesta de última hora del Gobierno para que se establezca constitucionalmente que todos los delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Militares y de Policía serán conocidos exclusivamente por cortes marciales o tribunales militares, y “en todo caso” se presumirá la relación de estos actos irregulares con el servicio.
 
Según el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, por cuenta de la controvertida norma sólo serían de conocimiento de la justicia ordinaria los delitos de lesa humanidad o genocidio, la tortura, la desaparición forzada.
 
Para el alto funcionario la propuesta no amplía el fuero de la justicia militar, sino que lo confirma, dado que hace referencia a delitos que ya están contemplados en el artículo tercero del Código Penal Militar y Policial.
 
Por su parte, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, explicó que en materia de descongestión "se va a acudir a muchas instancias para adelantar un plan de choque para que se fallen en algo más de cinco años más de 1,6 millones de procesos represados con la participación de abogados litigantes y funcionarios actuales de la rama judicial, centros de arbitrajes y conciliación".
 
Además, la rama judicial contaría con un presupuesto de un billón de pesos, que será dividido en 200.000 millones de pesos a los largo de cinco años, que se destinarán a procesos de descongestión judicial.
 
Así mismo, el proyecto ofrece facultades a inspectores de policía para atender casos de pequeñas cuantías y así descongestionar aquellos en los que se aplique la desjudicialización de los delitos menores.
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