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| 12/11/2013 12:00:00 AM

‘Superpoderes’ del Procurador ¿inmunes a reforma?

Así lo aseguró el ministro Alfonso Gómez Méndez, quien abrió el debate sobre los poderes del Ministerio Público.

El Gobierno parece estar jugado nuevamente para reformar el aparato de justicia. Este miércoles, el presidente Juan Manuel Santos le pidió al Congreso y a su ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, adelantar una reforma constitucional que incluso se tramitaría en la próxima legislatura, la que coincide con la campaña presidencial.

Santos, en el mismo recinto del Legislativo, hizo este anuncio ante la mirada seria del procurador, Alejandro Ordóñez, quien asistía al foro sobre la reforma a la justicia que el presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, había programado con meses de antelación pero que coincidió con una de las mayores controversias políticas generadas por el fallo que tumbó a Gustavo Petro de la Alcaldía de Bogotá.

Esa decisión puso sobre la mesa nacional el debate sobre los excesivos poderes que la Constitución del 91 le otorgó a la Procuraduría, que hoy hasta tiene la facultad de destituir a funcionarios elegidos por voto popular.

Precisamente, cuando el pasado lunes se conoció la destitución de Gustavo Petro y su inhabilidad por 15 años para aspirar a cargos públicos, el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, planteó la importancia de “revisar” la facultad que tiene el procurador de inhabilitar para ocupar cargos públicos a funcionarios de elección popular.

Una posición que defendió en calidad de “escritor público y ahora ministro”, por lo que se comprometió a revisar esta norma. Incluso dijo que no daría “marcha atrás” en su posición.


El procurador Ordóñez saludando al ministro de Justicia (foto: Guillermo Torres / SEMANA).

Sin embargo, el ministro Gómez Méndez pareció ponerle pausa a su propósito. Y en el foro en el que Santos se comprometió a presentar una reforma la justicia, el ministro de Justicia le dijo a Semana.com que el eventual proyecto no se ocuparía, por lo pronto, de modificar la figura de la Procuraduría.

En consecuencia, la próxima reforma a la justicia se ocuparía de modificar el sistema de juzgamiento de funcionarios aforados, pero no tocaría los ‘superpoderes’ que actualmente tiene la Procuraduría, que han generado indignación en miles de ciudadanos del común.

Precisamente, en las dos jornadas de movilización de los llamados indignados en la plaza de Bolívar de Bogotá, más allá de manifestar su respaldo al destituido alcalde Petro, la mayoría se ha pronunciado contra el sistema democrático vigente, que les da amplias facultades a los funcionarios aforados, concretamente los que hoy ha conseguido el procurador Alejandro Ordóñez, quien fue reelegido por el Congreso de la República.

Los indignados reclaman cambios en la justicia. Pero el único mecanismo para hacerlo es mediante el trámite de un proyecto que modifique la Constitución en el Congreso. Sin embargo, el actual parlamento no tiene la confianza de los ciudadanos para hacerlo, más aún con lo que sucedió con la fallida reforma en la que congresistas y magistrados de altas cortes aprovecharon para favorecerse mutuamente.

Pero será este Congreso, y el que se posesione para enjulio del 2014, quienes tendrán que modificar la administración de justicia y corregir las normas que quedaron mal diseñadas. Sin embargo, a la luz de las listas de candidatos a Senado y Cámara, el próximo Congreso tendría poca renovación y quedaría en manos de quienes han hecho las leyes en las últimas dos décadas.

Santos le pidió a su ministro Gómez Méndez y al presidente del Congreso diseñar un anteproyecto de reforma antes del mes de marzo, para que buscar un consenso con las altas cortes, pero si no se llegara a acuerdos, el Gobierno asumiría la responsabilidad política de la reforma, la cual parece que no va a tocar de momento los ‘superpoderes’ del procurador.

Alejandro Ordóñez, quien oyó los planteamientos del Gobierno sobre esta reforma, abandonó el recinto tan pronto el Gobierno insinuó que el proyecto no tocaría a la Procuraduría. Cuando salía del Capitolio no quiso responder preguntas: “En boca cerrada no entran moscas”, fueron sus palabras. Pero, quizás, estaba tranquilo con el anuncio de Gómez Méndez, quien dijo que por ahora el Gobierno no reformaría la institución de la Procuraduría.
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