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ANÁLISIS
Radiografía de la reforma a la salud
Mientras que el proyecto sigue en sala de espera, continúa el inconformismo en el sector médico. ¿Qué es lo que no les gusta?
23 de noviembre de 2013
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El proyecto para refor-mar el sistema de salud que está a la espera de ser discutido en la Cámara de Representantes tuvo un duro revés el viernes pasado. Mientras que los parlamentarios estaban socializando y discutiendo el articulado en Barranquilla y Cartagena, en el marco de una serie de foros nacionales convidados por esa corporación, las parlamentarias Ángela Robledo, del Partido Verde, Alba Luz Pinilla, del Polo, y Gloria Stella Díaz, del Mira, radicaron en Bogotá una ponencia negativa por considerar que el proyecto del gobierno es regresivo y atenta contra los derechos fundamentales a la vida y a la salud de los ciudadanos.
Si bien faltan otras ponencias y el gobierno está tratando de aceitar la maquinaria para buscar la aprobación de la reforma, está claro que los cambios planteados para modificar el sistema de salud creado por la Ley 100 tienen alborotado a todo el mundo y han llevado el debate a un punto de polarización en el que hay posiciones extremas entre médicos, EPS, hospitales, farmacéuticas, pacientes y el mismo gobierno. Incluso las hay dentro del mismo gobierno. Esta radiografía así lo demuestra.
Médicos: “Abajo la reforma”
Los profesionales de la salud han encontrado en la reforma una oportunidad para reivindicar lo que la Ley 100 les quitó.
Para los médicos, la Ley 100 creó un modelo de salud que interpuso entre pacientes y doctores a las EPS, empresas que convirtieron la salud en un negocio y desfiguraron la labor social del cuerpo médico.
Las EPS empezaron a cohibir la autonomía médica, así como a negar y a restringir procedimientos, medicamentos y exámenes con el fin de aumentar sus utilidades y gastarlas en todo, menos en mejorar la atención y el servicio de salud de los enfermos. El mayor exponente de los abusos de las EPS para los profesionales del ramo es Saludcoop (ver artículo).
Lo que mantiene a los galenos en estado de alerta frente a la reforma es el modelo de contratación de los profesionales, el papel de las futuras gestoras en el manejo de los recursos de la salud y los incentivos que recibirán por hacerlo, la centralización de los dineros en Salud Mía para que los administre un Estado que tardó siete años en tomar medidas contra el desfalco de Saludcoop, Solsalud, Saludcóndor o el pésimo antecedente del Fosyga, así como el papel que tienen y tendrán los alcaldes y gobernadores en el manejo de la red hospitalaria, entre otros.
José Félix Patiño, exministro de Salud, exrector de la Universidad Nacional y uno de los grandes decanos de la Medicina, dice que desde hace 12 años estos profesionales le han pedido al gobierno que haga una reforma estructural, que no llegó en la administración pasada ni parece que va a llegar en la de Santos, pues “el proyecto actual empeora la situación de la salud y de los médicos, les aumenta el poder a las EPS y mantiene a la salud como un negocio”.
Otro de los puntos sensibles de la nueva normativa es la posibilidad de que, frente a la carencia de especialistas, los hospitales los puedan formar y graduar sin necesidad de tener una universidad de calidad para hacerlo. Las marchas blancas ya llevaron al gobierno a anunciar el retiro de esta propuesta.
Aunque parte del cuerpo médico cree que sus peticiones pueden incluirse en el proyecto actual, la mayoría quiere que se retire para crear otro que salga de un gran diálogo nacional o de un grupo de sabios, en el que los médicos vuelvan a tener un papel rector. Lo que ninguno reconoce es que muchos se dejaron seducir por el negocio de la salud y las dádivas de las farmacéuticas, que ayudaron a aumentar la crisis financiera del sistema al recetar medicamentos experimentales, de última tecnología o monopólicos, que casi llevan a la quiebra al sistema de salud.
EPS, por su salvación
Si bien las Empresas Promotoras de Salud (EPS) han sido usadas para promover las reformas, aún no está claro lo que van a hacer con ellas.
Todas las agremiaciones médicas, los pacientes y hospitales han pedido al gobierno que acabe con las EPS pero el proyecto no las acaba, sino que les da la posibilidad de convertirse en gestoras, manteniéndoles la opción de conservar una integración vertical del primer nivel (que el mismo proyecto modifica para incluir servicios hospitalarios de segundo y tercer niveles de complejidad), definir su propia red de atención y usar el 10 por ciento de los ingresos en gastos de administración.
Para Jaime Arias, exministro de Salud y actual presidente de Acemi, gremio que reúne a la mayoría de EPS del país –en la que no está Saludcoop–, la reforma tiene problemas de fondo, que van más allá de si estas empresas van a sobrevivir o no en el nuevo modelo. El primero es que se realizó sin un estudio técnico o financiero, algo así como un documento Conpes que permita saber lo que se va a hacer, cuánto va a costar y quién lo va a pagar: si los colombianos con un aumento de su aporte mensual de cotización o si se va a hacer con el presupuesto nacional.
El segundo punto, alegan, es que el gobierno no tiene claro lo que quiere de las EPS y las gestoras. Por un lado quiere acabar muchas, especialmente del régimen subsidiado, pero no sabe qué hacer con EPS como Compensar, Sánitas, Sura, Salud Total, SOS, Alianza Salud, Famisanar, Coomeva, Nueva EPS y Caprecom. Por eso les abrió la puerta para que se puedan convertir en gestoras.
Pero para que esto ocurra, deben pagar todas sus deudas, estimadas entre 2 y 3 billones de pesos, cumplir numerosos requisitos y estar decididas a responder con su patrimonio, algo que ninguna está dispuesta a hacer, más aún cuando las reglas de juego son sumamente confusas, pues el gobierno no sabe si las gestoras van a ser aseguradoras pero con limitaciones, si van a ser administradoras o se van a parecer a las EPS de hoy día. Incluso, frente a lo que se viene, las EPS le han pedido al gobierno que incluya unos artículos que les faciliten su salida, pues hoy no lo pueden hacer.
Lo cierto es que las EPS han sido el caballo de batalla de todos para sacarle provecho a la reforma y ocultar, según Arias, el importante papel que han desempeñado en el país, más allá de los titulares negativos. “Las EPS hacen al año más de 400 millones de procedimientos (consultas, cirugías…), 4,5 millones de enfermos crónicos de cáncer, hemofilia, sida, deficiencia renal, diabetes, hipertensión, son atendidos por las EPS y ya no tienen que vender la casa, el carro y la finca para ser atendidos, o dejarse morir.
Lo otro es que le han ayudado al gobierno a controlar el gasto en salud, han reducido los gastos hospitalarios en más del 30 por ciento, han modernizado la red hospitalaria nacional y hacen el papel que nadie quiere tener. Lo absurdo es que mientras que para todos somos lo peor, las encuestas muestran que más del 70 por ciento de las personas están satisfechas con el servicio que reciben de las EPS y el 80 por ciento no quiere que se cambie el modelo”, dice Arias.
El dilema del gobierno
Llegó la hora de tomar decisiones y decir lo que va a hacer con la salud.
Si la intención del gobierno al presentar la reforma a la salud era desactivar la crisis del sector como un tema electoral, el lento y tortuoso trámite por el Congreso no lo logró, por el contrario hoy es uno de los asuntos que más preocupa a los colombianos.
El gobierno y su ministro, Alejandro Gaviria, tienen pendiente aclarar cuál es el modelo de salud y de atención que debe tener el país, y si el proyecto lo logra o no. Esto pasa por definir si se mantiene el modelo de aseguramiento; si este va a ser público o compartido con EPS o gestoras; si va ha haber integración vertical; si seguirá la intermediación financiera y médica, y qué va a pasar con los hospitales públicos.
El otro punto que preocupa a muchos es Salud Mía, el fondo que empezará a manejar más de 30 billones de pesos y quedará bajo control del gobierno, con participación de gobernadores y alcaldes. “Con esa plata, y con el poder de revisar y pagarles a más de 15.000 IPS lo que hagan, el director de Salud Mía puede convertirse en el segundo cargo más importante del país”, dijo el presidente de una de las EPS.
El ministro le dijo a SEMANA que, contrario a lo que se ha dicho, hay decisiones tomadas. Se mantendrá el sistema de aseguramiento individual, pero con más controles y gestoras que actúan como aseguradoras, con tesorería centralizada, riesgo compartido, integración vertical del primer nivel, con algunas complejidades, y altos controles del Estado. Tampoco habrá un sistema público de salud, o la copia de modelos como los que funcionan en Brasil, Canadá o Ecuador, pues ya son imposibles de aplicar en Colombia.
La gran pregunta, ahora, es si el gobierno optará por ajustar la reforma para el trámite que se avecina o si, frente a la presión de los interesados y las tensiones de la campaña electoral, termina hundida. Mientras esto se resuelve, el Ministerio de Salud ya empezó a resolver algunos asuntos por decreto, lo que se ha llamado el Plan B.
Hospitales y clínicas, por su mercado
La pelea se ha centrado en buscar acabar las EPS o evitar la integración vertical, pero no en el bienestar de los pacientes.
Los hospitales públicos y las clínicas privadas quieren, al igual que los médicos, que se acaben las EPS, y si no lo logran, que por lo menos se les prohíba la integración vertical. Es decir, que las EPS no puedan tener ni un solo centro médico, hospital o clínica, para que todo sea contratado con terceros.
Esto les garantizaría, especialmente a los hospitales públicos, un mercado seguro y billonarios recursos para sobrevivir en el futuro. Las EPS, por el contrario, dicen que necesitan una integración vertical, incluso mayor a la que actualmente está permitida. Esta pelea es fundamental, pues dependiendo del que gane, definirá parte del modelo de salud.
Ahora bien, una de las grandes polémicas del proyecto es la de darles a los gobernadores y alcaldes el poder para nombrar los gerentes de los hospitales, lo que les entregaría las llaves para administrarlos. Hoy, con los hospitales tomados por los políticos y la corrupción, este remedio parece peor que la enfermedad.
Las farmacéuticas, ¿sí pero no?
Frente a su desprestigio se están apalancando en los pacientes para que pidan lo que quieren de la reforma.
Para las farmacéuticas, los artículos 20, 21 y 24 del proyecto son barreras que el gobierno quiere poner para frenar el acceso a nuevas tecnologías y abrir los monopolios que se han creado en algunos medicamentos y que han impactado negativamente el sistema de salud, tanto que casi lo quiebran en 2008. Así mismo, algunas farmacéuticas están en contra de que el gobierno regule la entrada de medicamentos biotecnológicos.
Por su parte, las organizaciones de pacientes, muchas de las cuales tienen serias dudas de si fueron creadas o son financiadas por la industria farmacéutica, quieren que la reforma se hunda porque consideran que la ley limita y le quita potencia a la tutela. Además, que se imponen barreras económicas o técnicas para acceder a medicamentos y procedimientos que hoy reciben gracias a la Justicia.
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