"Reforma a la Ley de Educación Superior se socializó, pero no se debatió"

Tras radicarse la reforma a la Ley de Educación Superior, las protestas estudiantiles no se han hecho esperar. En los últimos días se han registrado manifestaciones en la Universidad del Valle, la Pedagógica y Tecnológica de Colombia y la Universidad de Córdoba.
 
Mientras algunas universidades buscan entrar a paro estudiantil, otras celebran asambleas permanentes para discutir una contrapropuesta.
 
Pero ¿cuáles son los principales puntos de discusión entre el Ministerio de Educación Nacional y los representantes estudiantiles del país? Semana.com habló con Giovanni Páez, presidente de la Federación Nacional de Representantes Estudiantiles de Educación Superior (FENARES).
 
Semana.com: Como estudiante de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia fue testigo de la protesta de este miércoles. ¿Por qué motivo se manifestaban?
 
Giovanni Páez: Un grupo de estudiantes decidió participar de una acción de hecho para expresar su inconformismo con la radicación del proyecto de reforma a la Ley de Educación Superior, y también rechazando el Estatuto de Seguridad Ciudadana, los tratados de libre comercio y otras medidas tomadas por el gobierno de Santos.
 
Semana.com: ¿Apoya la comunidad universitaria las protestas registradas?
 
G.P.: No toda la comunidad está de acuerdo con el tipo de acciones adoptadas. Aunque FENARES y la mayoría del estudiantado creen en el respeto de las diferentes formas de expresión, consideramos que a través de la movilización pacífica y cívica, con crítica y argumentos, se pueden expresar los puntos de vista.
 
Semana.com: ¿Se está trabajando en una contrapropuesta a la reforma?
 
G.P.: Desde diferentes asambleas hemos venido construyendo una contrapropuesta al gobierno nacional. Algunas universidades entran a paro, otras tienen asambleas permanentes donde se genera la discusión mas no se entra en cese de actividades. Todas están trabajando para encontrar vías de salida al inconformismo. El 12 y el 13 de octubre se realizarán unas jornadas de expresión. Así estaremos hasta la primera semana de noviembre, cuando se realizará el primer debate en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes.
 
Semana.com: ¿Hay un ambiente de inconformismo generalizado en el sector educativo?
 
G.P.: Sí lo hay. Profesores, empleados, estudiantes y algunos directivos de universidades han venido mostrando su inconformismo en la forma como el gobierno ha planteado esta discusión. Presentó un proyecto sin tener en cuenta a la comunidad universitaria, da la socialización, pero no el debate. Aunque el Gobierno decidió algunos lineamientos con los rectores, la comunidad educativa no tuvo conocimiento sobre lo que iban a radicar.
 
Semana.com: ¿Por qué se oponen a la propuesta del Ministerio de Educación?
 
G.P.: Esta reforma no resuelve los problemas estructurales de las universidades, no da respuesta a sus necesidades históricas en los términos de financiamiento, autonomía universitaria, bienestar estudiantil y deserción.
 
Semana.com: ¿Cómo califica la propuesta económica de la reforma?
 
G.P.: Es insuficiente con base en el aumento de la cobertura. En mi universidad, en 1992, había 8.000 estudiantes. En el año 2011, aumentamos a 27.000. El aumento de cobertura se dio con el mismo presupuesto del año 1992 y los aumentos del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En este sentido, empiezan a aparecer los problemas de calidad, de más estudiantes en los salones y los perjuicios para la infraestructura.
 
El Gobierno plantea un discurso donde dice que no hay recursos. Si se hace un análisis del contexto nacional, se puede confirmar que sí hay recursos, pero éstos sólo se envían de forma masiva a la guerra y a la corrupción.
 
Semana.com: La reforma radicada plantea que los recursos para las universidades aumenten 3 puntos porcentuales por encima del IPC cada año, cómo lo habían propuesto los rectores, y así hasta el 2022. ¿Qué opina?
 
G.P.: El gobierno plantea que desde el año 2012 hasta el 2014 se entregará a las universidades recursos con el IPC más 3 puntos por distribución inercial e indicadores. La distribución inercial llega a las bases presupuestales. No obstante, a partir del 2015, los tres puntos serán concursables con base en indicadores, los cuales van en contra de la autonomía universitaria.
 
A través de los indicadores, el Gobierno les impone a las universidades unos condicionamientos para entregarles recursos, sabiendo que es su deber darlos porque la educación es un derecho.
 
Los rectores se opusieron a la propuesta inicial del Gobierno sobre un aumento de manera escalonada, un punto para el 2012, dos puntos para el 2013 y cuatro puntos para el 2014, y así hasta el 2019, porque ellos necesitan incentivos para el 2012 y para ellos un punto no es suficiente, pero sí lo son 3. A mi criterio, esos 3 puntos no resuelven el problema histórico en términos financieros ni cubren el déficit de las universidades. Además, el Estado tiene una deuda histórica con las universidades de más de 672.000 millones de pesos, debido a que no entregó en los años anteriores los puntos que pertenecían al IPC.
 
¿Cuál es la verdadera apuesta del Gobierno en términos presupuestales? Si quieren mejores universidades, eso les va a costar; como lo dijo la ministra de Educación: "la calidad cuesta".
 
Semana.com: ¿Cree que la discusión sobre la autonomía universitaria se concluye con la segunda instancia que propone la reforma?
 
G.P.: Aún no conozco cómo funciona la segunda instancia que presenta la reforma radicada. Desde 1991, la Constitución determinó la autonomía universitaria para las universidades y debido a que el Gobierno impuso su regla en la conformación de consejos superiores, los cuales son lo más antidemocrático que existe. Lo componen actores externos a la universidad. óolo está el estudiante, el profesor y representantes de las directivas, pero los otros seis miembros son externos y dentro de ellos hay dos del gobierno nacional.
 
Las universidades en su autonomía se deben caracterizar por un autogobierno, ejercido democráticamente por cuerpos académicos, sin imposición externa de los poderes gubernamentales, tanto en la implantación y funcionamiento de sus órganos de deliberación, como en la determinación de sus políticas de enseñanza, investigación y de extensión universitaria, y una intervención propia. Se debería pensar en una jurisprudencia especial donde se desarrolle esta autonomía universitaria.
 
Semana.com: También cuestiona la metodología de selección de los rectores...
 
G.P.: Las consultas universitarias que se hacen no tienen una validez real en la decisión. Los rectores se eligen fuera de las universidades y es el gobierno nacional el que los impone.
 
Semana.com: ¿Por qué rechaza los créditos educativos subsidiados y el fondo de manutención propuestos por la reforma?
 
G.P.: Son simplemente una opción. En su gran mayoría, los créditos educativos sólo los entregan a los estudiantes de las universidades privadas. El Gobierno busca financiar a las universidades a través de estos subsidios, en vez de proporcionar apoyos a estudiantes de bajos recursos y así atacar la deserción estudiantil. El verdadero problema es que el Gobierno busca resolver a su competencia el préstamo de plata, y niega a las universidades que estas sean las que financien el bienestar estudiantil.
 
Semana.com: En su criterio, ¿qué concepto merece la Ley 30 de 1992?
 
G.P.: La Ley a la Educación Superior de 1992 ha llevado a las universidades a la quiebra. La comunidad universitaria exige un estudio serio para construir una nueva ley.
 
Semana.com: Algunas versiones indican que en las protestas se presenta una infiltración guerrillera. ¿Qué opina?
 
G.P.: Es absolutamente falso que las protestas estén infiltradas por actores guerrilleros. En las universidades se respetan las diferentes formas de expresión. El Estado está buscando deslegitimar las movilizaciones de los estudiantes con nombres de algunos grupos que puedan ser irregulares. El movimiento estudiantil está consolidando una unidad para que el pueblo haga parte de esa lucha en la cual reivindicamos que la educación es un derecho y un deber del Estado hacia los ciudadanos.