¿Al presidente no le gusta su propia reforma?

Hace unos días, la noticia política de la semana tenía que ver con un nuevo intento de hacerle una gran reforma a la Constitución. La iniciativa sorprendió, pues en el Congreso la gasolina del Gobierno alcanza, pero no sobra incluso para aprobar las normas más esenciales de la implementación del proceso con las FARC (como la Jurisdicción Especial para la Paz) y porque muchos interpretaron esa salida como una cortina de humo para hacerle el quite al escándalo de Odebrecht.

Sin embargo, las propuestas que fueron incluidas en el acto legislativo dejaban ver que el Gobierno podía estar a punto de jugársela por un último intento para lograr esquivos cambios estructurales como la eliminación de la Vicepresidencia y la extensión del período presidencial a cinco años. 

Pero un artículo del diario El Tiempo del domingo creó una sorpresa mucho mayor. Según el diario, "este debate ya tiene su tropiezo, pues el presidente Juan Manuel Santos no apoya la posibilidad del voto a partir de los 16 años, ni del voto obligatorio, ni el de la llamada iniciativa de ley vía digital". Sin embargo, el presidente no se opondría al debate aun cuando tiene reparos sobre las propuestas. La posición de Santos deja la reforma de su ministro del Interior en un escenario complejo y bastante exótico. 

Cuando Cristo anunció el acto legislativo la semana pasada, era muy díficil pensar que las propuestas de ese paquete no contaban con la aprobación de su jefe. El ministro había lanzado esa idea con mucho entusiasmo. Aseguró que había llegado el momento y que esta era la vía para hacer una revolución pacífica de la política colombiana. Y dijo después que el Gobierno estaba dispuesto a darse "la pela" por lograr pasar la reforma en el Congreso. 

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Lanzarse a una reforma de tal envergadura tiene lógica, pero en la práctica es bastante arriesgado. Por un lado, porque muchas de las apuestas que están incluidas han fracasado en intentos anteriores. Esto sucede por ejemplo con lo que podría ser el eje de la reforma: ampliar el período presidencial de cuatro a cinco años. Casi que existe un consenso alrededor de que esa es una buena idea. Experiencias de otros países demuestran que cuatro años son muy poco, pero que ocho son demasiado. Cinco podrían ser suficientes para redondear una tarea de gobierno con la necesaria continuidad administrativa, sin caer en la concentración excesiva de poder que tiende a producir la posibilidad de una reelección. 

Sin embargo, esta fue una de las propuestas de la Reforma de Equilibrio de Poderes que Cristo también lideró en el Congreso. Y en ese momento, hace apenas dos años, no logró convencer a los congresistas. Algo similar sucede con la idea de eliminar la Vicepresidencia de la República, también propuesta en la reforma al equilibrio de poderes, pero que nunca generó consenso. Y que en ese momento generaría un terremoto político, pues se sabe que la Vicepresidencia es la herramienta más útil para generar alianzas electorales, y suprimirla ahora puede alterar el tablero de ajedrez de los candidatos que buscan coaliciones con otros partidos. 

La conveniencia de tramitar la reforma en este momento se vinculó en un inicio al proceso de paz. Antes de que el ministro saliera a explicar con detalle la propuesta, se dijo que la verdadera razón de proponer esto ahora era aprovechar el "Fast Track" para poder sacar adelante un proyecto de esta envergadura en menos tiempo y con menos debate. Sin embargo, como era de esperarse, esa posibilidad generó tanto rechazo, que el Gobierno tuvo que salir a aclarar que no tomaría ese camino. 

Si la reforma sigue su curso, habría otro punto que generaría un cambio total en las costumbres políticas: la eliminación del voto preferente. Eso significaría que en las próximas elecciones, los colombianos no votarían por candidatos individuales sino por un partido político. Algo similar a lo que sucede con la lista cerrada de Uribe pero para todos los partidos. 

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Desde hace años esta idea ha hecho carrera, pero es casi imposible que se apruebe porque iría en desmedro precisamente de quienes tendrían que votarla, los congresistas. Las listas cerradas fortalecen los partidos y generan mayor resposabilidad en sus directivos, pero no permiten que cada quien se ponga la camiseta para pelear voto a voto su curul, sino que le apuesta a un trabajo colectivo. La formula no es muy atractiva para los ciudadanos que prefieren votar por personas y podría aumentar la abstención.

Todas esas propuestas ameritan un gran debate, y es poco probable que el Congreso se le mida a darlo ahora. Se sabe que hay 60 proyectos de ley necesarios para implementar los acuerdos de paz con las Farc, una agenda que mucho más inminente, compleja y extensa. Y si el propio presidente Santos no apoya ciertos puntos de la reforma, es poco probable que su tránsito sea sencillo.