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| 12/17/1990 12:00:00 AM

¿REGIMEN PRESIDENCIAL O PARLAMENTARIO?

POR DIEGO PARDO KOPEL
Frente a la alternativa propuesta: régimen presidencial vs régimen parlamentario, existe la posibilidad del justo medio, del sano equilibrio que bien podría ser el Régimen semipresidencial, al estilo francés.
Pero antes de concretar una posición es del caso analizar cuál es la razón para esta confrontación a pocos días de la decisión popular para señalar a quienes han de integrar la Asamblea Nacional Constituyente que debe decidir sobre la nueva Carta Fundamental para Colombia.
¿De dónde ha surgido la inquietud, cada vez más fortalecida, sobre la necesidad de "hacer algo" que concrete un cambio institucional?
En orden de prioridades según la manifiesta decisión popular expresada de diversas formas y en varias oportunidades, se hace indispensable reformar el Congreso de la República, clasificado por la opinión como obsoleto, irresponsable, politiquero, clientelista y hasta deshonesto.
Todo género de epítetos y denuestos han servido para calificar al Parlamento colombiano, otrora escenario de históricos debates en los cuales brillaron personalidades de esas que, según la opinión de la gente, "no volveremos a ver nunca en el país".

Desprestigiado, descaecido, sin capacidad real para legislar, el Parlamento colombiano ha caído en manos de los llamados "barones electorales" señalados precisamente como los culpables del desprestigio en que hoy se debate el Congreso de la República.
¿Podría, frente al desolado panorama, pensar alguien con sentido común en la posibilidad de proponerle al país ansioso de cambios, la institucionalización de un régimen parlamentario?
Personalmente creo que no, entre otras cosas, porque la Constituyente, con toda su autonomía y omnipotencia, no querría ir en contravía de una posición popular que cada día ha ido forlaleciéndose y que señala al Congreso como su contradictor, casi su enemigo.
Propiciar un régimen parlamentario en Colombia, sería un exabrupto de extraordinarias dimensiones. Bastaría pensar de qué manera utilizaría nuestra clase política el poder que el Congreso tendría, su capacidad de desestabilización, sus artilugios negociadores, para exigir prebendas y privilegios, en fin, la corruptela que se apoderaría de la relación Gobierno-Parlamento, en un régimen de este tipo.

¿Y qué es lo que ocurre con el régimen presidencial? Simplemente que, día a día y casi que de forma insensible, por excesos y abusos abierta o solapadamente, mediante interpretaciones acomodadas o subterrugios legales, se ha convertido en un "régimen imperial" o en una "dictadura constitucional".
Para nadie es un secreto que en los últimos años se ha ido consolidando un poder del Ejecutivo de tan alto nivel de formas tan desproporcionadas, que en la práctica el Presidente de la República, según su omnímoda voluntad, se ha constituido en poder legislativo y en poder judicial o jurisdiccional, como que esos otros dos "poderes" son manipulados y maniatados unas veces, constreñidos otras, pero imponiéndose siempre la "voluntad del príncipe".
El artículo 121 de la Constitución vigente ha permitido usos y abusos, más de los últimos que de los primeros, y así hemos visto una presidencia imperial que todo lo puede y en todo se entromete, pero que nada soluciona, precisamente porque el querer demostrar posesión del don de la ubicuidad hace que esté en todas partes y en ninguna.

Frente a esta realidad considero que el actual sistema, previa garantia por norma constitucional, en el sentido de que habrá auténtica "separación de los poderes públicos", Ejecutivo, Legislativo y Jurisdiccional sin lugar a que uno solo de ellos, suplante a los demás y los deje en posición menesterosa y minusválida, es el mejor y el que mejor servicio puede prestar a los colombianos.
Que el poder ejecutivo, ejecute. Que el poder legislativo, legisle. Y que el poder jurisdiccional, cumpla su función de garantizar "pronta y cumplida" justicia y ya se habrá producido un cambio sustancial para el desarrollo del futuro de la república.
Que no se continúe por el camino del Ejecutivo que legisla y del Congreso que negocia y renuncia su soberania legislativa a cambio de gajes y prebendas.
Que no continúe un sistema jurisdiccional que acomoda sus fallos por condicionamientos políticos o para mantener las "loterías" de la cooptación y de la "eternización" de los magistrados en sus cargos.

Soy amigo de acoger el sistema de "moción de censura" por parte del poder legislativo, frente a los funcionarios públicos. Pero también de la "revocatoria del mandato" para sancionar a los congresistas que incurran en deshonestidad o incumplimiento a sus promesas electorales.
Soy, en fin, partidario de reformar y de cambiar, sin necesidad de acudir a la pretensión de ARRASAR con todo lo existente.

POR FERNANDO CARRILLO
El robustecimiento y efectividad del ejercicio de la función legislativa debe ser la principal orientación de la reforma del Congreso.
La debilidad de nuestro régimen democrático por cuenta del presidencialismo ha sido directamente proporcional a la fragilidad del órgano que hace las leyes.
El Congreso de Colombia renunció hace más de 20 años al ejercicio propio de esa función.
La crisis de legitimidad del Estado tiene su expresión más aguda en la ausencia de credibilidad del Congreso y de los congresistas.
Ello ha sido la consecuencia de varios factores: En primer término, la falta de representatividad de quienes llegan a las cámaras legíslativas va de la mano de su alejamiento, cada vez mayor, de las aspiraciones de los colombianos que dicen representar.
El vínculo elector-elegido dejó de funcionar por cuenta de la inexistencia de un régimen de responsabilidades del mandatario frente a su mandante.

Esto trae como consecuencia la reducción de la presencia de los miembros del Congreso en los grandes debates nacionales. Hoy esos debates, si acaso, se dan en agencias públicas del Ejecutivo, repletas de tecnócratas ajenos a las realidades territoriales y regionales de Colombia.
Porque la muestra más clara de la decadencia del Congreso está dada por la pobreza de su actuación en la discusión de los temas presupuestales y de la Planeación.
La recuperación para el Congreso de la iniciativa del gasto público y de la deliberación de los grandes temas económicos y sociales debe ser el norte de un órgano legislativo moderno. Mecanismos como las audiencias públicas -escenarios propicios para escuchar las diversas posiciones de los sectores económicos y sociales alrededor de la destinación de los recursos públicos deben volverse herramientas familiares al ejercicio de la función legislativa.
Un Congreso eficiente y moderno no debe detenerse únicamente en su aspecto formal porque el problema de fondo es la justificación de la existencia de dos cámaras con funciones diferentes.

El problema no es de cascarón, es de contenido. La justificación del bicameralismo no puede ser únicamente histórica. Lejos estamos de la consideración tropical de reproducir una cámara de lores y de comunes en una realidad tan distinta y convulsionada como la nuestra. Es la hora de demostrar que los sistemas políticos han logrado establecer distinciones que arrancan de los mecanismos de elección de sus miembros y llegan hasta una especialización de funciones en el ejercicio del control político sobre el ejecutivo.
A nadie debe asustar un Congreso fortalecido, con capacidad cierta para remover funcionarios del Ejecutivo por medio de instrumentos como el voto de censura y la moción de observaciones. Porque si estamos defendiendo la revocatoria del mandato como expresión de la democracia participativa, no podemos menos que reconocer la posibilidad de devolverle a verdaderos representantes del pueblo el ejercicio del control político.
Un estatuto del congresista, en el marco de un régimen estricto de inhabilidades e incompatibilidades, será el complemento insustituible.

La nación debe volverse a sentir representada en el Congreso de la República. La expresión y la soberanía popular materializada en el marco de la función legislativa debe volver a radicarse en un régimen impermeable a la concentración de poder legislativo en manos del Ejecutivo.
El futuro de la democracia, hoy más que nunca, depende del futuro de una función legislativa moderna, eficiente y auténticamente representativa de los intereses de la nación.
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