Reginaldo Bray, a la cárcel por caso Dragacol

Reginaldo Bray, representante legal y propietario de la firma Dragacol, deberá ir a prisión para cumplir una condena de seis años y seis meses de prisión por cuenta de una conciliación irregular con el Ministerio de Transporte que le significó ingresos por 17.600 millones de pesos que, según dictaminó la Justicia, no ha debido recibir.
 
Al cuestionado empresario y excongresista la Corte Suprema de Justicia le había revivido la orden de captura en su contra el 14 de diciembre tras inadmitir una demanda de casación y confirmar el fallo condenatorio de segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá por el delito de peculado por apropiación.
 
José Barbosa, representante legal de Bray, manifestó entonces que la notificación de esa decisión fue hecha el 20 de diciembre –ya iniciada la vacancia judicial- e interpuso un derecho de tutela arguyendo los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso.
 
Un juez en Cartagena falló a favor de Bray suspendiendo así su puesta tras las rejas, pero la Corte anunció apelación y una petición a Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para investigar al juez.
 
El miércoles la Corte Constitucional informó que tumbó la tutela “dados los graves errores de postulación” de la misma, la deficiencia lógica de las argumentaciones y la “apreciación personal” que la defensa hizo de la prueba.
 
Así las cosas, no sólo quedó en firme la condena de 80 meses de prisión, sino también una multa de más de 14.600 millones de pesos y la inhabilidad de ejercer cargos públicos por espacio de seis años.
 
El caso
 
La historia arrancó el 6 de noviembre de 1998, cuando el entonces ministro de Transporte, Mauricio Cárdenas, concilió con Reginaldo Bray, representante legal de Sociedad de Dragados y Construcciones de Colombia y del Caribe S. A. (Dragacol), una serie de litigios que sumaban 26.000 millones de pesos, de los cuales el estado alcanzó a girarle a Bray 17.600 millones.
 
Bray, dueño y fundador de esta empresa que se dedicaba a dragar ríos, había hecho siete contratos con el Ministerio de Transporte para dragar en diferentes regiones del país y consideró que por atrasos en pagos y otros incumplimientos del Estado tenía derecho a un reclamo por 140.000 millones de pesos.
 
Sus exigencias pasaron de gobierno en gobierno hasta que, siendo presidente Andrés Pastrana, su ministro de Transporte, Mauricio Cárdenas, concilió con Bray un pago de 26.000 millones de pesos. Cuando se conoció esta conciliación ardió Troya, puesto que apenas hacía seis meses se había establecido oficialmente que su deuda con Dragacol era de apenas 4.000 millones.
 
El escándalo motivó aperturas de investigaciones de los funcionarios y particulares implicados en Fiscalía, Procuraduría y Contraloría. La Fiscalía acusó a Bray -que fue deportado de Miami (Estados Unidos) a Bogotá luego de buscar infructuosamente asilo político- y a ocho funcionarios del Ministerio de Transporte.
 
Precisamente, en marzo pasado, el proceso prescribió o hubo absolución para varios de los acusados, por falta de pruebas contundentes. Entre ellos, el exviceministro de Transporte Juan Alberto Páez y el ex secretario general Darío Velandia Triviño y el exsecretario jurídico Juan Carlos Chávez. Así mismo sucedió con los exfuncionarios Carlos Ramírez, Roberto Salom, Hernando Santisteban y el empresario Alfred Bray.