Propuesta de nuevo censo electoral abre debate en el Senado

Hacer un nuevo censo electoral, desde cero, sobre todo para erradicar uno de los principales pecados de la democracia electoral colombiana, el trasteo de votos, como lo planteó el registrador nacional del Estado civil, Juan Carlos Galindo, fue la propuesta más sorprendente y polémica con que culminó un álgido debate contra la organización electoral, a propósito de las irregularidades detectadas en las elecciones regionales celebradas hace siete meses.  

Aunque en el debate, citado por el senador Armando Benedetti, parecía poner contra el banquillo al registrador y al Consejo Nacional Electora (CNE)l, Galindo sorteó la situación al plantear su polémica propuesta. Afirmó que un conteo de los ciudadanos aptos para votar solucionaría gran parte de los problemas que tiene el país en materia electoral.

“Tenemos en estudio una propuesta para solucionar la trashumancia electoral y es realizar un nuevo censo electoral, un censo cero, volver a abrir un periíodo de inscripciones para que los ciudadanos se vuelvan a inscribir en las Registradurías para acreditar que viven allí y que allí se inscriben”, señaló.

Galindo explicó que “se trataría de un censo permanente con la obligación para los ciudadanos de que tengan que inscribirse nuevamente o variar su inscripción una vez cambien de residencia electoral”.

El magistrado Carlos Camargo Assís, vocero del CNE en el debate, respaldó la propuesta. “En buena hora es esta la oportunidad para que todos los actores seamos conscientes de la importancia que tiene realizar un censo cero para el país”. Felipe García, también magistrado, explicó que un nuevo censo electoral se podría demorar dos años y que la mejor fórmula sería adelantarlo en los años donde no se realicen las elecciones.

La propuesta, de momento, sorprendió a los partidos políticos, que dividieron sus opiniones. En principio fue vista como una solución para depurar los colombianos en condición de votar, pero que no sería suficiente para purificar el sistema electoral, que, según el senador Alexánder López Maya (Polo), “es vulnerable al fraude”. José Obdulio Gaviria, del centro Democrático, dijo que un nuevo censo electoral es necesario, pero no acabará con la compra de votos en el país.    

Más allá de la propuesta, durante el debate llovieron denuncias y fórmulas para mejorar el sistema electoral colombiano.

El citante, Armando Benedetti, propuso acabar con el CNE al considerarlo un organismo inútil a la hora de resolver los problemas que se presentan cada cuatro años en las elecciones. Dijo que los magistrados de ese organismo “terminan siendo unos eunucos administrativos” sin facultades para manejar su propio presupuesto y sin poderes judiciales para sancionar a quienes cometan irregularidades.

“Se podría hablar de un nuevo poder o junta electoral en la que exista una sala para los temas de contratación, otra donde esté el registrador sin tanto poder como tiene ahora y otra en donde esté la parte judicial, en la que tenga asiendo el Consejo de Estado para que se tomen decisiones”, fue su propuesta.

Benedetti también formuló otras iniciativas parta mejorar el sistema electoral colombiano. Voto obligatorio, voto electrónico, elecciones en día hábil en jornada de 7:00 a. m. a 7:00 p .m., transporte público gratuito, financiación estatal de las campañas y prohibición de dineros particulares, y respaldó la modificación del censo electoral, aunque propuso hacerlo con base a un nuevo censo demográfico que deberá ser realizado por el DANE.

En el debate, la senadora Claudia López acusó a la Registraduría y al CNE de haber incurrido en prevaricato por no implementar en Colombia el voto electrónico, que según la reforma política del 2011, se debía ejecutar en el 2014, pero no se hizo. En criterio de la senadora de la Alianza Verde, esto fue para seguir favoreciendo, a través de contratos, a las empresas que implementan el voto físico o con tarjetón. 

Para López, existe un carrusel de contratación en la Registraduría para favorecer a los proponentes con buena evaluación y sin estándares equivalentes. “Un carrusel que cuesta casi un billón de pesos y que se contrata a dedo con proponentes únicos, con los mismos que se ganan siempre los contratos, desde el pliego hasta el cierre de la convocatoria, que en realidad es una contratación directa sin que medie una licitación, pasa menos de un mes”.  

La senadora María del Rosario Guerra afirmó que “hay unos carteles que compran los votos en las Registradurías con la anuencia de muchos funcionarios. La Fiscalía es quien tiene que responder”.

Ante las denuncias, el magistrado Felipe García negó la existencia de un carrusel de contratación en los organismos electorales. “Por supuesto que no existe, y en el caso del CNE no lo puede haber porque no contrata y en el caso de la Registraduría tampoco puede existir porque este nuevo registrador no ha hecho ninguna de las contrataciones a las que hacía referencia la senadora Claudia López”, manifestó.